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La intención de la ANDE y la Essap, proveedoras de servicios básicos, de aumentar las tarifas para el consumo de la ciudadanía tuvo eco desfavorable por parte del Poder Ejecutivo, que a su vez condicionó esta posibilidad a la eliminación de aquellos funcionarios que perciben salarios -y en algunos casos hasta millonarias bonificaciones- sin desempeñar actividad alguna a favor de la empresa contratante, lo que se conoce como “planilleros”.
La postura gubernamental no solo se limitó a la depuración de los recursos humanos improductivos y fue más allá: recomendó eliminar los sendos beneficios otorgados a los funcionarios contemplados en el contrato colectivo, como el subsidio al consumo de energía para el caso de la ANDE, que implica el pago solo del 50% del consumo energético por cada funcionario. El subsidio para funcionarios en el consumo de electricidad representa cerca de G. 6.000 millones al año.
Las exigencias del Ejecutivo tuvieron eco favorable en la ciudadanía, que es la que sostiene el funcionamiento de ambos servicios a través del pago mensual; sin embargo deben soportar innumerables cortes sin importar el día o las circunstancias climáticas, puesto a que el servicio puede verse afectado ya sea por el alto consumo en época actual, como a tormentas que afectan los sistemas de distribución.
En contrapartida, el sector sindical, el receptor directo de la crítica del Poder Ejecutivo,, salió al paso reafirmando que los privilegios son fruto de una larga lucha sindical para que sean incluidos en el contrato colectivo. Esto a su vez -argumentaron- está amparado por la Constitución Nacional y convernios internacionales.
A criterio de José Orué, titular del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, el presidente Cartes y su equipo plantean una suerte de animadversión mediática contra los funcionarios, con las solicitudes mencionadas en lugar de buscar mejores alternativas para mejorar la gestión tanto de la ANDE y la Essap.
A pesar de que el titular del gremio rechaza el planillerismo, a su vez defiende el privilegio de pagar menos por el consumo de energía, entre otros beneficios y refirió además que los mismos son inferiores a los números manejados por empresas del sector eléctrico a nivel regional y también a los beneficios que se reciben en otras instituciones del Estado.
“Si hablamos solo del caso de la ANDE, decimos que más del 99% de los funcionarios está haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener el sistema eléctrico, la sobreexigencia a la que son sometidos, los expone a accidentes laborales, incluso con desenlace fatal. El presidente no puede desconocer derechos consagrados en la Constitución y convenios internacionales, instalando en la opinión público la animadversión de que el funcionario es un gran privilegiado, es una empresa técnica, que realizan tareas complejas y peligrosas”, respondió.
Orué manifestó además que el Ejecutivo olvidó el hecho de que los trabajadores de la ANDE están rezagados en cuanto a beneficios, y a la vez deben soportar la presión mediática cuando el servicio sufre alguna interrupción, “pero subsidia a empresas de transporte para la renovación de sus flotas a pesar que algunas recibieron préstamos del BNF y no los han devuelto, y también reactivó una azucarera en quiebra”.
El dirigente agregó que existen otras opciones para evitar un reajuste hacia arriba de la tarifa, a través del uso de royaltíes, que las instituciones se pongan al día con sus deudas y mejorar los controles internos y la fiscalización en lo que respecta a las obras y los recursos humanos, para depurar a los planilleros.
Desde el punto de vista legal, la eliminación de las condiciones establecidas en un contracto colectivo está sujeto a un litigio judicial de larga duración y con resultado incierto “dependiendo de la manera en que los argumentos sean reconocidos por un juez, y es muy difícil que prospere si se trata de una acción promovida por el Estado a través de la Procuraduría o de la asesoría jurídica de la institución, explicó a ABC Color el abogado laboralista Roberto Inglés.
El profesional señaló que todo contracto colectivo ya sea en el sector público o privado apunta a mejorar las condiciones de cada trabajador y ni siquiera cambiando la Constitución Nacional se podría modificar un contrato, puesto a que los derechos laborales están configurados dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Es por eso que el abogado sugirió que una alternativa a la judicialización de la cuestión sería una revisión entre las partes sobre los beneficios que el gobierno considera como discriminatorios, ofreciendo algún tipo de compensación en caso de que los empleados accedan a la reducción de los beneficios contemplados en un contrato colectivo, toda vez que las cláusulas estén próximas a su vencimiento.