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En pocos días más se realizará la audiencia de extradición para Marcelo Barone y María Elizabel Vázquez, considerados cerebros del esquema por el cual desaparecieron fondos de los jubilados de la Itaipú Binacional entre 2005 y 2008 con anuencia de exdirectivos hoy condenados. Si bien a las firmas de fachada creadas por Barone se enviaron cerca de US$ 34.000.000, el perjuicio total contra la Cajubi asciende a US$ 174.000.000, si se tiene en cuenta el periodo en tiempo en que se remesó el dinero, más los intereses.
De esta manera, un simple empleado venezolano se convirtió en un próspero empresario que adquirió vehículos de último modelo y fastuosas propiedades nada menos que en una de las zonas más exclusivas de Londres, según constató ABC Color en 2012. Todo era color de rosa para los venezolanos hasta que finalmente fueron detenidos el 23 de agosto de 2015 -en el caso de Barone- y el 3 de setiembre -en el caso de María Elizabel Vázquez Galiño-.
Según el abogado querellante, Rafael Fernández, la repentina prosperidad económica del matrimonio venezolano fue a costa del esfuerzo de los trabajadores que aportaron a la caja, aguardando la retribución correspondiente una vez concluidas las funciones al servicio de la hidroeléctrica con el Brasil. Tal es así que de la noche a la mañana se esfumaron unos 30 ó 40 años de aporte por cada jubilado, refirió el profesional a ABC Color. “Barone pasó de ser un simple empleado que vivía en una lagunita a un próspero empresario mediante la complicidad de los directivos de la binacional. También se demostró que nunca existieron dictámenes legales que validen las operaciones”, cuestionó el representante de los jubilados.
Con la fluidez verbal como aliada, Barone convenció a los entonces directivos de la Cajubi de invertir en una empresa de su propiedad afincada en Panamá denominada Euroinvest, que nació recién después de que se autorice la operación. La naturaleza de la firma de fachada era la captación de inversiones inmobiliarias de los Estados Unidos, o al menos así figuraba en papeles. A partir de ahí, todo el dinero fue a parar a cuentas particulares en Suiza y luego a Inglaterra, previa escala en una pequeña isla británica de nombre Mann. “A través de la justicia de Panamá se informó que esta empresa era de fachada, insolvente y sin autorización para operar. Además, las cláusulas dolosas para la Cajubi fueron firmadas por los hoy condenados, pero ninguna por Barone, quien fue el que recibió todo el dinero que lo tenemos rastreado y constituye claramente un lavado de activos”, agregó.
Para el 8 de febrero está prevista la audiencia de extradición para los venezolanos. Mientras, en el país se procedió al cumplimiento de varias diligencias como el envío de documentación sobre el pedido de extradición, como así también la verificación de los posibles lugares de reclusión por parte de un representante judicial inglés. En ese sentido, el abogado querellante señaló que, si bien las exigencias para la reclusión son algo estrictas a su criterio, nuestro país está en condiciones de cumplirlas, pero sobre todo enfatizó que rige el estado de derecho y se respetarán las garantías del debido proceso. “Estamos cumpliendo todos los requisitos para que la extradición se cumpla el 17 de febrero”, refirió.
Casi ocho años después de ocurrida la estafa se inició el juicio oral que concluyó con la condena a 14 años de prisión a los expresidentes de la Cajubi Víctor Daniel Bogado Núñez y Mariano Damián Escurra Vicésar. Los exmiembros del directorio penados a 12 años de cárcel son: Félix Juan Villamayor Gabaglio, Walter Elías Delgado Añazco y César Amílcar Bejarano Filippi. También fue condenado a 10 años Ricardo Antonio Pereira Poletti y a 8 años, José Salvador Alonso, José Szwako Demiañuk y Pabla Mieres de Scavenius. Por su parte, Édgar Rolando Mengual Herken fue condenado a 3 años.