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En mayo de este año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería autorizó la siembra comercial de seis nuevas semillas genéticamente modificadas (GM), con las que se completaron 20 eventos transgénicos: 14 en maíz, tres en soja y tres en algodón. Según sostienen expertos, las semillas son modificadas en su ADN para resistir a fuertes cantidades de agrotóxicos que combaten las plagas que atacan los cultivos, permitiendo de esta forma que no se vea afectada la productividad.
Nuestro país aún mantiene en gran medida las semillas naturales de los productos frutihortícolas, lo que garantiza que llegan a nuestras mesas vegetales libres de estas alteraciones en la composición genética de sus organismos, pero ¿qué pasa con los productos de alimentos industrializados, importados o de producción local?
Por ello, la plataforma “Ñamoseke Monsanto”, una articulación de varias organizaciones civiles, lleva adelante una campaña de recolección de firmas para propulsar un proyecto de ley de etiquetado de alimentos, con la consigna “Queremos saber qué comemos”. Al respecto, Inés Franceschelli, explica que en Paraguay no comemos frutihortícolas transgénicos, pero el problema se centra en el consumo de todos los productos industriales como aceites vegetales, jarabe de maíz u otros aditivos de maíz, que dan textura a enlatados y precocidos.
“Esos alimentos industriales con transgénicos o con ingredientes derivados de organismos genéticamente modificados, en algunos países tienen la obligación de llevar etiquetas” sostiene, ya que existen estudios fiables que vinculan a este tipo de alimentos con la generación de tumores, por la gran cantidad de agrotóxicos a los que son expuestos”. Con esta legislación, lo que se plantea es que las personas puedan saber con exactitud lo que están por consumir.
“Cada quien decide con esas etiquetas, pero aquí no hay esa obligación de etiquetar, por eso postulamos la legislación, amparados en la Ley de Defensa al Consumidor”, explicó. A su criterio, una ley de etiquetado de esta naturaleza es bastante viable, aunque reconoce que no siempre se cumplen las leyes, “pero de hecho nuestra ley de consumidor es clara en que los productos deben tener su composición precisamente especificada. Con esta ley, el Estado reconoce una vulnerabilidad de consumidores ante abuso de proveedores, por lo que se convierte en una forma de protección”, asegura.
La campaña de “Ñamoseke Monsanto” por juntar firmas para propulsar el proyecto de ley se inició en mayo de este año y ya ha logrado obtener más de 5.000; mientras, a la par, se trabaja en el contenido de la legislación. Sin embargo, Franceschelli sostiene que, más allá de la popularidad que pueda o no tener esta iniciativa, desde la agrupación han descubierto que la población tiene mucha sensibilidad sobre su alimentación hoy en día, por lo que resulta atractivo de igual manera que se genere un debate en torno a este asunto.
La campaña de recolección de firmas concluirá el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial por el No Uso de Agrotóxicos, y también se presentará ante el Poder Legislativo la propuesta de ley.