Cargando...
Un total de G. 552.733.626.258 (aproximadamente US$ 100 millones) gastaron las instituciones públicas paraguayas entre 2010 y 2015 para la adquisición de servicios de seguridad y vigilancia. Mientras tanto, efectivos de la Policía y las Fuerzas Militares hacen las veces de guardaespaldas particulares de funcionarios públicos bien acomodados.
Este total es producto de 398 adjudicaciones realizadas desde enero de 2010 hasta principios de noviembre de este año. Las licitaciones fueron convocadas por 55 instituciones públicas y han beneficiado a 46 empresas, varias de las cuales tienen vínculos con políticos o altos jefes de la Policía.
Uno de esos casos de buenas conexiones es el de la empresa SST Security Service Tecnology S.A., firma que hasta el 13 de agosto de 2013 operaba bajo la denominación Doram SACI y forma parte del grupo empresarial CHL, vinculado a la familia del exdiputado colorado José Chamorro, señalado en varios casos de corrupción y supuestos sobornos.
Entre 2010 y 2015, esta firma fue adjudicada con más de G. 276.000 millones (US$ 55 millones) en compras de servicios de seguridad. Es decir, se quedó con el 50% de todo el dinero que destinó el Estado paraguayo en ese concepto en los últimos cinco años y es la empresa que más dinero ha recibido por parte de las instituciones públicas entre las 46 beneficiadas con los contratos.
Los beneficios para esta empresa comenzaron ya en los años en los que Chamorro ocupaba aún un escaño en el Congreso. Y también los cuestionamientos…La firma fue investigada por supuesta sobrefacturación en una licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) y sus empleados denunciaron varias veces abusos cometidos en su contra. Hace apenas un par de meses, en mayo pasado, gremios de sindicalistas denunciaron que SST (ex Doram SACI) explotaba laboralmente a una buena parte de sus más de 2.500 funcionarios.
Precisamente, la mayor parte del dinero público que recibió SST provino del IPS, su mayor “cliente”. La previsional le ha adjudicado en reiteradas oportunidades a la empresa en los últimos años, alcanzando un total de G. 176.000 millones.
En segundo lugar entre las empresas de seguridad que más dinero han recibido por parte del Estado aparece la firma Tapiti S.R.L., que pertenece a los hermanos Viviano y Vidal Machado, quienes hasta hace un par de años eran altos jefes dentro de la Policía Nacional.
Viviano Machado llegó a ser Comandante de la Policía, máximo cargo dentro de la fuerza del orden, durante el gobierno de Fernando Lugo. Asumió luego de que su antecesor en el cargo, Federico Acuña, fuera removido antes de los primeros 100 días de gobierno debido a una larga lista de irregularidades. Machado duró poco más de un año en el cargo y terminó siendo removido luego de varios escándalos.
Su hermano Vidal, llegó a ser jefe del Departamento de Delitos Económicos. Sin embargo, fue expulsado de las filas policiales tras un frustrado robo al ABN Amro Bank, como consecuencia de su actuación displicente, ya en 2006.
Un año después de que Vidal fuera expulsado de la Policía se fundó Tapiti S.R.L. En poco tiempo la firma consiguió autorización de la Policía para comenzar a operar. Llamativamente, el permiso se consiguió mientras Viviano aún ocupaba altos cargos en filas de la fuerza del orden.
Entre 2010 y 2015, la empresa de los hermanos Machado fue adjudicada con más de G. 70.000 millones (US$ 14 millones) para proveer servicios de seguridad a varias instituciones públicas. La cuestión es que estos beneficios le llegaron de una manera que podría ser calificada al menos de llamativa.
Por ejemplo, en octubre de 2013, Copaco SA (la empresa estatal encargada de la administración de las líneas bajas y también de telefonía celular) adjudicó por US$ 2 millones a Tapiti S.R.L. El entonces titular de la empresa estatal, Rogelio Benítez, explicó que la firma adjudicada fue la que presentó la oferta más baja. Sin embargo, obviaron disposiciones que establece el pliego de bases y condiciones.
Por ejemplo, en un artículo se señala que la firma debe contar con un campo de tiro y/o adiestramiento para el personal de seguridad, lo cual se debe demostrar con la presentación de los documentos que acrediten que la empresa cuenta con un campo propio y/o con un contrato de alquiler del mismo, hecho que no fue demostrado por Taipiti SRL.
La empresa vinculada al excomandante de la Policía Nacional Viviano Machado solo presentó un certificado emitido por la FOPE, en el que consta que los guardias privados de la empresa realizan su entrenamiento en las instalaciones de esa dependencia policial.
El comisario Abilio Lezcano, entonces jefe de la FOPE (fuerza de operaciones especiales de la Policía) consultado sobre el certificado emitido confirmó que desde abril de 2011, los guardias de Tapiti utilizaban el polígono de tiro de su unidad para sus prácticas, y que no pagan ningún tipo de alquiler por el uso.
Tan bien le ha ido a la empresa de los Machado que de haber empezado operando en una pequeña oficina en la zona del centro de Asunción, pasó a contar con un ostentoso predio propio en la ciudad de Luque, donde Vidal también construyó una imponente casa.
Llamativamente, dos instituciones que cuentan con una larga lista de problemas que necesitan atención urgente han sido las que más han gastado en adquirir servicios de seguridad, ellas son el IPS y Copaco.
A pesar de los incontables reclamos de sus asegurados por la falta de infraestructura, insumos y las largas esperas para conseguir turnos con los médicos, IPS ocupa el primer lugar en cuanto a gastos en servicios de seguridad en los últimos cinco años con un total de G. 176.000 millones (US$ 35 millones).
El segundo lugar es para Copaco, empresa estatal que se encuentra prácticamente en la quiebra pero que ha gastado unos G. 80.000 millones (US$ 16 millones) para comprar servicios de seguridad.
Después llega la ANDE, otra institución sobre la que pesan numerosos cuestionamientos debido a los constantes problemas con la distribución de la energía eléctrica y que ha gastado en los últimos cinco años unos G. 73.000 millones (US$ 14,5 millones) en este concepto. El cuarto lugar es del Ministerio de Justicia, con G. 43.000 millones (US$ 8,6 millones) y en quinto lugar, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con unos G. 30.000 millones (US$ 6 millones)
El Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Banco Central del Paraguay (BCP) se ubican sexto y séptimo, respectivamente con unos G. 24.000 millones cada uno (US$ 4,8 millones).
El 2013, año de las últimas elecciones generales fue también el año en el que se registró el mayor gasto para compras de servicios de seguridad, con unos G. 113.000 millones (US$ 23 millones). No deja de ser llamativo el aumento, teniendo en cuenta los vínculos políticos que existen detrás de varias de estas empresas.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano