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“¡Urgente! Asesinaron a una trans en Ciudad del Este. Una víctima más del odio y la discriminación que genera exclusión. Una más”, fue lo que escribió Irén Rotela en su muro en la red social Facebook, el viernes de noche al enterarse de la trágica noticia. La denuncia de la muerte de Marilina (nombre de la víctima) ya está hecha. Esperan que no sea una más del montón, que queda en el olvido y como crimen sin resolver.
Rotela es activista por los derechos de las personas trans, y presidenta de “Panambí”, una ONG que se dedica a este sector. “Hoy a la compañera Marilina le arrebataron la vida a tiros. Exigimos justicia a todas las autoridades. Exigimos intervención inmediata y basta de impunidad y criminalización. Nos asesinan por odio”, lamentó. Probablemente discriminada hasta por sus propios familiares, la joven de 20 años fue hallada muerta de seis tiros, sin documentos.
Según datos de “Panambí”, desde 1989 hasta el 2013, se contabilizaron en total 80 asesinatos, de los cuales 54 casos pudieron ser documentados y, de ese total, en solo dos el autor fue condenado. El resto quedó impune.
¿Por qué no se investiga, si son crímenes contra ciudadanas, igual que el resto? Es la pregunta que se hacen todos los días. El problema es que por pertenecer a un sector históricamente discriminado, se les resta importancia, o bien, están involucrados los mismos “agentes del orden”, explicó la directora del Centro de Denuncias, Judith Cardozo.
Esta organización, por su parte, se dedica a recepcionar denuncias que tienen que ver con discriminación por diferentes motivos. Entre el 2012 y el 2015, se recibieron más de mil reportes, de los cuales, el 30% afecta a la población transgénero y a las trabajadoras sexuales, comentó Cardozo.
“La mayoría (de las denuncias) son de abuso de autoridad de los policías. Entonces, no tienen a quién denunciar. Es el mayor problema, el orden y la seguridad”, comentó la abogada. Varios policías son permanentes “vigilantes” de las zonas donde frecuentan las trabajadoras sexuales, y en lugar de brindar seguridad, cometen agresiones, extorsiones y hostigamiento, denunció la activista.
La relación que mantienen las trabajadoras y los policías en las calles, según relató Cardozo, evidencia la discriminación y la complicidad de los agentes. “Lo que pasa es que los efectivos policiales, cuando las ven paradas en las calles, se les acercan y les piden plata para que permanezcan allí. Les cierran el paso con patrulleras, las extorsionan, sacan fotos”, relató.
Cardozo dijo que en varias ocasiones esto ya fue denunciado ante el Ministerio del Interior, y el ministro Francisco De Vargas es plenamente consciente de la situación. “El Ministerio del Interior debe tomar cartas en el asunto, en la parte de Asuntos Internos se tienen que ocupar e intervenir. El ministro conoce lo que pasa”, dijo.
“Panambí” también denunció por su parte el problema con los policías a la mencionada cartera estatal. “(La organización) denunció sobre esta situación al Ministerio del Interior y solicitó la revisión por parte de las autoridades”, recordó Rotela al denunciar la muerte de la mujer trans ocurrida en Ciudad del Este.
Pero el caso de Marilina no es aislado. Irén también denunció en los últimos días que en San Lorenzo una mujer trans fue atacada por cinco hombres, quienes la golpearon en todo el cuerpo, con piedras y barrotes de hierro.
Afortunadamente, Alejandra Villalba (28) se encuentra estable en estos momentos y fuera de peligro, pese a los golpes y un corte en la cabeza que tuvo que ser cerrado con doce puntos. “En todo momento le decían te odio, te voy a matar”, contó Rotela.