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Antes del año 2004, Paraguay era uno de los países con mayor deforestación en la región. Ese año se propuso un proyecto, un órgano regulatorio para combatir esta problemática: la “Ley de Deforestación Cero”, que fue aprobada por el Congreso Nacional ese mismo año. La propuesta fue elaborada por WWF Paraguay en conjunto con otras organizaciones ambientales y del Estado.
Este órgano regulador, la Ley N° 2.524/14 “De prohibición en la región Oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques”, ayudó de forma considerable a disminuir la deforestación de la cobertura boscosa aproximadamente en un 85%, pasando así nuestro país a ser el de menor depredación de bosques.
“En la región Oriental, algunos hablan de 900.000 hectáreas y otros hablan de 800.000 hectáreas de remanentes de cobertura boscosa que existe actualmente”, manifestó Claudio Velázquez, director de Gestión Ambiental de la Secretaría del Ambiente (Seam). La gran mayoría de estas zonas están dentro de los parques nacionales. En cuanto a la región Occidental, señaló que “no hay deforestación cero, sino cambio de uso del suelo lícito”, un permiso que es otorgado por la cartera de Estado y por el Infona.
Dentro de eso “se exige que se cumpla el 25% de cobertura forestal con las cortinas rompevientos” equivalente a una franja de al menos 100 metros. “Los potreros son de 100 hectáreas y estos tienen otra vez una franja de 100 metros”. Al tratarse de la biodiversidad forestal “se busca que se tenga un 50% de reserva boscosa, es decir, va más allá del 25%”. Lamentó que las cifras “nos muestran de 700 a 1.000 hectáreas mensualmente de deforestación en la región Occidental”, un alto grado de deforestación. Este alto nivel de deforestación se debería al desarrollo que está teniendo el área.
“Los monitoreos se hacen vía imágenes satelitales, para eso la secretaría cuenta con una dirección de Geomática”, esto por un lado, y por el otro, mediante el proceso de evaluación de impacto ambiental. “Muchos proyectos agrícola-ganaderos tienen su licencia ambiental con un plan de cuidado que deben cumplir, que son monitoreados periódicamente”.
El procedimiento que se sigue es, primeramente, “se le expide su licencia ambiental, se le otorga el plan de cobertura ambiental, la superficie que debe montar en la región Occidental”, para la región Oriental, se encomienda el cuidado de cauces hídricos y la reserva forestal el 25%, puntos que son monitoreados. Velázquez advirtió con relación a los procesos que se siguen que “si salta algún incumplimiento, los propietarios son intervenidos y sumariados” debidamente por su falta.
Recordó además que “hace poco hubo un operativo denominado ‘Taguató ruvichá’ encabezado por la Secretaría del Ambiente, donde a través de un relevamiento de datos, mediante un trabajo de teledetección se veía aquellas propiedades donde había una gran cantidad de deforestación”, por lo que se procedía a la fiscalización in situ con helicópteros.
El mencionado operativo nacional se llevó a cabo a raíz de que el índice de deforestación en el país ya alcazaba cifras alarmantes. En uno de los procedimientos realizados en Curuguaty y Villa Ygatimí se encontraron 280 hectáreas donde se realizaron desmontes y quemas intencionales de zonas boscosas. Velázquez indicó que los mayores focos de deforestación se encuentran en la zona norte del país, donde existe mayor cobertura boscosa, entre los departamentos de Concepción, Canindeyú y Amambay.
Actualmente, los hechos más graves que se encuentran relacionados a la deforestación son aquellos en los que los propietarios de extensiones de tierras, que cuentan con licencia ambiental con compromiso de cumplimiento de conservación de superficie boscosa, no cumplen tales puntos.
Señala Velázquez: “Aquel propietario que se le dio la licencia, en donde él se comprometía a conservar un cierto porcentaje de remanente boscoso y no cumplía y vemos que está deforestando, esos son los casos más graves, son los ‘incumplimientos de medidas de investigación’”.
Pero no solo está el compromiso del cuidado y conservación de los remanentes, sino también “están las franjas de protección de los cauces hídricos”. En estos casos, los fiscalizadores de la Seam se constituyen en la propiedad y la intervienen. Luego, “se abre un sumario administrativo en la secretaría donde hay sanciones de hasta 10.000 jornales y aparte se abre un proceso paralelo en el Ministerio Público donde se habla de pena privativa de libertad de hasta cinco años”.
Desde la Seam se está impulsando actualmente una ley sobre “servicios ambientales”, con la que se busca incentivar a los propietarios de terrenos a que conserven sus remanentes boscosos “y a cambio se les otorga una certificación, que es perfectamente negociable en el mercado nacional como internacional”, con la finalidad de que “no sea un lucro incesante la conservación de bosques sino que perciba una cierta renta pecuniaria por conservar su bosque a través de este certificado”.