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Paraguay vuelve a ser centro de atención a nivel internacional en lo que a derechos de pueblos indígenas se refiere. El pasado 24 de setiembre venció la prórroga que el Estado paraguayo había solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cumplir una sentencia que data del 2010.
Cansados de las condiciones infrahumanas en las que vivían, en 1989 los miembros de la comunidad Xákmok Kásek dieron inicio a una larga lucha. Durante décadas, habían visto como pasaron de ser dueños de las tierras del Bajo Chaco a invasores en estancias de colonos extranjeros. En muchos casos, al igual que los de otras comunidades, se vieron obligados a trabajar como peones en condiciones similares a la esclavitud.
El de esta comunidad es el caso más antiguo de lucha por la restitución de tierras ancestrales que se tiene en nuestro país. Durante la segunda mitad de la década de los '90 llegaron al Parlamento con un proyecto de expropiación que fue rechazado debido a la falta de interés de los legisladores, tal como había ocurrido con los Sawhoyamaxa y los Yakye Axa.
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Ante la falta de interés a nivel local, decidieron llevar el caso a los estrados internacionales. La CIDH emitió una sentencia contra el Estado paraguayo por violaciones a los derechos a la vida, a la propiedad privada y a la protección judicial. “Paraguay es el único país del sistema Interamericano que cuenta con tres sentencias por violaciones de derechos indígenas”, manifestó Ireneo Tellez, de la organización Tierra Viva y uno de los abogados que acompaña la situación de la comunidad, en conversación con ABC Color.
Nuestro país contaba con un plazo de tres años para cumplir con la sentencia y restituir las 10.701 hectáreas de tierras ubicada en el distrito de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes; distante a unos 340 kilómetros de la capital, Asunción. Sin embargo, la falta de interés ha continuado en este tiempo y cuando las autoridades vieron que se acercaba el fin de ese tiempo decidieron solicitar una prórroga que expiró hace ya varios días.
Tellez relata que durante el tiempo que duró la lucha por el reconocimiento de sus derechos, los miembros de la comunidad sufrieron constantes hostigamientos que se encuentran documentados. Algunos sufrieron desmembramientos y se llegó a temer por la supervivencia de los Xákmok Kásek, fue por ello que en 2008 una comunidad vecina, los Angaité, decidieron cederles unas 1.500 hectáreas para que pudieran habitar allí mientras esperaban una respuesta que sigue haciéndose esperar.
Viendo la falta de cumplimiento en los casos de las comunidades Sawhoyamaxa y Yakye Axa, la CIDH decidió establecer una multa de 10.000 dólares por cada mes de atraso del Estado Paraguayo en favor de los Xákmok Kásek; multa que ya corre desde ahora. “Más allá del monto o la multa, hay que resaltar que Paraguay deja una muy mala imagen por el incumplimiento de otra sentencia de este tipo”, señaló el abogado.
En todo ese tiempo no existió siquiera intención de crear espacios de negociación con las empresas que figuran como propietarias de las tierras; una de ellas -propietaria de cerca del 70%- presentó una oferta al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi); la otra, Chortitzer Komitée, en cambio; no está dispuesta a vender su parte. Si las autoridades no establecen los espacios de diálogo, se debería recurrir a una ley de expropiación como había ocurrido con las 14.400 hectáreas restituidas a los Sawhoyamaxa.
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La sentencia estableció además otros puntos de reparación, tales como atención médica, en los que se han registrado algunos avances. Al igual que los casos anteriores, se debe crear un fondo de desarrollo comunitario para que el mismo pueda ser utilizado una vez que las tierras sean restituidas. “Creemos necesario que el Estado vaya previendo eso ya en el Presupuesto General para el próximo ejercicio fiscal y garantizar esos fondos”, sentenció Tellez.
Mientras las autoridades siguen sumidas en el desinterés, unas 80 familias de la comunidad Xákmok Kásek esperan que el Estado paraguayo decida cumplir con la sentencia y de alguna manera exista justicia para los largos años de vejaciones a sus derechos.