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Esta historia se inició el 16 de marzo de 2006, cuando Osvaldo Britos, un practicante en el juzgado de Roberto Martínez, fue a cobrar US$ 1.500 de parte de un procesado, para llegar a un “arreglo” del caso que se tramitaba en el despacho del magistrado.
La entrega del dinero fue un montaje que se realizó y que estuvo encabezado por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio. Tras el pago del dinero se detuvo al practicante, quien alegó haber ido a cobrar el dinero por orden del juez Martínez.
Hasta ahí la historia pasaba a ser una más de pedido de coima. Sin embargo, el primer hecho llamativo que se dio fue que el juez Martínez, quien fue suspendido en sus funciones para ser investigado, pero con goce de sueldo.
Tal vez ahí pesó que el afectado por este hecho no era un simple juez, sino que es ahijado de bautismo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez.
Un expediente que debía ser resuelto en cuestión de meses, como en casi todos los hechos similares, tuvo un deambular por juzgados, fiscalías, cámaras de apelaciones y hasta por la Corte.
El 30 de agosto de 2007, Roberto Martínez, había afrontado una audiencia preliminar y el juez Rubén Ayala Brun, sobreseyó definitivamente a su colega, luego de valorar las pruebas presentadas por el fiscal Giuzzio.
Este fallo fue apelado por la Fiscalía que solicitó un recurso extraordinario de casación contra la resolución del juez Ayala Brun, ya que se tomó atribuciones de un Tribunal de Sentencia al valorar pruebas de la Fiscalía.
En diciembre del año pasado el ministro Luis María Benítez Riera y el camarista Arnulfo Arias votaron a favor de la casación planteada por el Ministerio Público y en consecuencia, anularon las resoluciones N° 10 de fecha 30 de agosto de 2007 del juez Ayala Brun, y la N° 344 de fecha 29 de diciembre de 2010, donde la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, confirmó el sobreseimiento definitivo.
A poco más de tres semanas de cumplirse ocho años del hecho Roberto Martínez, juez suspendido en sus funciones, pero con goce de sueldo, deberá enfrentar una nueva audiencia preliminar.
El juez Roberto Martínez, por disposición de la Corte, percibe mensualmente el salario básico de G. 7.503.750, sin asistir a su despacho y sin trabajar.
En abril de 2008, la Corte ordenó el pago retroactivo al juez, por unos 18 meses, casi G. 100 millones.
Ahora se tiene que designar a un nuevo juez para que realice la audiencia preliminar. Si el magistrado es absuelto de culpa y pena, volverá a ocupar su puesto en el juzgado Penal de Garantías, pero si es encontrado culpable debe devolver todo el dinero que cobró durante estos ocho años.