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Sufrimos hasta hoy día lo que hizo este hombre. En el último tramo del stronismo, en el año en 1986, todos escucharon el nombre de Gustavo Gramont Berres, argentino, quien realmente se llamaba Benjamín Levy Avzarradel. El dictador le dio status diplomático, y de esa manera carta blanca para hacer en nombre de Paraguay varias “gestiones”.
Ese año su nombre resonó con fuerza debido a que el hombre obtuvo un millonario crédito del Overland Trust Banque, pero en nombre del “Gobierno”. Sin embargo, usó todo los créditos obtenidos para financiar dos proyectos agroforestales bajo las firmas Rosi S.A. y Lapachos San Isidro S.A. La primera supuestamente iba a instalar una planta procesadora de cítricos en La Colmena (Paraguarí); mientras que la otra empresa se dedicaría al rubro de los productos farmacéuticos. Ninguna llegó a operar. Para concretar este fraude, se valió de su “título” de cónsul paraguayo en Ginebra, y más tarde como “embajador itinerante”, nombrado por Stroessner en ambos casos. Gramont Berres había presentado una documentación apócrifa para involucrar al Estado paraguayo como garante.
Paraguay fue condenado al pago de esa deuda por el Tribunal Federal de la Confederación Helvética. El principal argumento por el que se consideran ilegales los préstamos, es que no se tuvo aprobación del Parlamento, un requisito ineludible. Además, toda la documentación de los préstamos y de las garantías firmadas en nombre Paraguay lleva sellos de “Embajada del Paraguay en Suiza”, siendo que en esa época no existía una representación diplomática en ese país.
Lo cierto es que la deuda de Paraguay actualmente superaría los US$ 160 millones, entre capital e intereses. La indefinición del caso, además de incrementar los intereses, impide que nuestro país pueda colocar libremente sus reservas internacionales netas en los mercados financieros más rentables.
El Gobierno paraguayo conoció la existencia de los documentos firmados por Gustavo Gramont Berres con la Overland Trust, en el año 1995, en el momento de la notificación de la demanda entablada en contra el Estado paraguayo por los bancos acreedores. Esta demanda contra fue hecha en Ginebra por los supuestos acreedores, es decir diez bancos. Todos ellos expresaron que lo hacían en ese foro debido a que el contrato de garantía firmado en nombre de la República del Paraguay. En el juicio en Suiza, Gramont confesó que cobró por la gestión de los préstamos US$ 4 millones.
El hombre fue detenido en los años 90 en Estados Unidos y llegó extraditado al país. El “diplomático” del dictador solo cumplió en Paraguay, entre 1991 y 1998, una pena de siete años en la cárcel de Tacumbú, por “adulteración de instrumento público y otros”. Luego fue extraditado nuevamente, pero a Suiza. Tras cumplir su condena, quedó libre y fijó residencia en España supuestamente, pero no se sabe exactamente dónde. Mientras tanto en Paraguay, han pasado ocho presidentes desde la caída de Stroessner, y este problema aún sigue sin resolverse, y por ende, sigue perjudicando al país.
El procurador Roberto Moreno habló pocas veces del tema desde que asumió. Dijo que este Gobierno conformó un equipo interdisciplinario para analizar las opciones, con el fin de resolver el caso sin que se perjudique aún más al país, teniendo que pagar una deuda considerada ilegal.
La intención es analizar el caso desde dos vías, la diplomática y la jurídica. Con respecto a lo que tiene que ver con el aspecto diplomático, se tiene la información que el pool de bancos que el crédito entregado a Gramont por unos US$ 85 millones fue asegurado por una compañía, propiedad del Gobierno italiano. Esta compañía ya pagó a los bancos involucrados entre US$ 60 y 80 millones, por ello se cree que hay poca posibilidad de que este grupo reclame el dinero a Paraguay. Como la aseguradora es estatal, se busca una conexión mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con respecto a la vía jurídica, explicó que se quiere tener a mano las opciones legales que tiene Paraguay en el caso de que se llegue a la Corte de la Haya.