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Lejos de la cordialidad que mostró el consulado paraguayo cuando le envió la nota a principios de 2011 para que vuelva al país, las acciones de la Aduana contra Gayol Ibarra se muestran totalmente opuestas, según las denuncias presentadas por el empresario paraguayo en la redacción de ABC Color.
Gayol cuenta que después de darse a conocer el decreto N° 7.355 de 2011, que reglamentó la ley de Repatriados de 2009, le hicieron llegar una invitación desde el Consulado paraguayo a él y varios otros paraguayos que estaban trabajando en Miami para que vuelvan al país. Gayol cuenta en dicha ciudad estadounidense tenía una empresa encargada en el desarme de máquinas pesadas para poder introducirlos a contenedores.
Según Gayol, en Miami trabajó durante años en este rubro, creando vínculos con varias empresas paraguayas a las que les ofrecía el servicio. “Las máquinas muy grandes si se traen enteras, deben venir en barcazas abiertas, y eso cuesta mucho más caro. Nosotros lo que hacíamos era desarmar estas maquinarias para que puedan entrar en los contenedores, abrir los techos de los contenedores, meter las maquinarias de manera que puedan ir dentro de los contenedores, es un servicio de hace años para que tenga menos costo el importador” señala Gayol.
Menciona que en los Estados Unidos, su empresa figura como exportadora y en nuestro país está habilitado como importadora, ya que una vez que realiza cambios en las maquinarias (con el desarme), debe hacer las documentaciones de envío de los equipos. Según Gayol, venía trabajando sin inconvenientes hasta que en 2011, justo el año que previó regresar al país, empezó su calvario con la Aduana del país que lo invitó a retornar, la paraguaya.
Antes de emprender su regreso al país, Gayol hizo otro envío de contenedor desde Miami. Según los documentos expuestos, en agosto de 2010, Gayol envió una maquinaria y como quedaba espacio dentro del contenedor, habló con otro despachante (Roberto Kannonikoff) para comprar un vehículo y enviarlo al país, para aprovechar todo el contenedor. El automóvil adquirido fue un Chevrolet Flex Fuel, modelo Suburban, año 2009, usado. El despachante que hizo las operaciones para Gayol en nuestro país fue Guillermo Román Barrios y la compra fue refrendada por la General Motors Canadá.
Según Gayol, a partir de la entrada del vehículo, empezó su odisea. El automóvil ingresó al país el 31 de diciembre de ese año y se despachó el 26 de enero de 2011 por la Aduana de Puertos y Estibajes, con la exoneración de arancel de derecho aduanero, pero sobre el cual se depositó una póliza de fianza de G. 25 millones a través de la firma Seguro General SA. Meses después del arribo a nuestro país del rodado, Gayol solicitó, en junio de 2011, la cancelación de la póliza y la devolución del dinero, teniendo en cuenta que adjuntó el certificado original proveído por la General Motors Canadá (GM), única empresa autorizada para entregar este tipo de documentos. Sin embargo, en la Aduana rechazaron el certificado, alegando que era falso, negaron la cancelación de la póliza y además le cambiaron la partida arancelaria al vehículo, que pasó a tener un 20% sobre el valor imponible, ya que según Aduanas, no existió ningún papel que acredite que el automóvil sea flex.
Gayol cuenta que efectivamente el documento que aparece en el sumario aduanero es falso, pero que no fue el que él había presentado en el momento de los despachos. En ese sentido, asegura que se enteró del sumario en este caso casi dos años después, en 2013. Supuestamente, Aduana envió la notificación a otra dirección en donde el empresario ya no vivía.
Para demostrar que su vehículo es flex y que la actuación de la Aduana es arbitraria, Gayol recurrió de nuevo a la GM Canadá y obtuvo de vuelta la documentación que garantiza que la Chevrolet importada tiene efectivamente las características de ser un automóvil flex, por lo tanto, amerita la exoneración de tributos según el Código Aduanero. El documento fue presentado a Américo Pereira, director de procedimientos aduaneros el 5 de noviembre de 2014, solicitando de vuelta en este caso la cancelación de la póliza del automóvil que ingresó al país en diciembre de 2010. En la nota, Gayol y su despachante Osvaldo Kropff, reiteran que cuentan con la documentación original emitida por la firma GM Canadá.
Pereira respondió el 16 de setiembre de 2014 que existe un error en el sistema de mesa, asociado al sistema de garantías, que imposibilita registrar la solicitud porque la garantía mencionada se encuentra en trámite judicial. Ante esta situación, Pereira sugirió de vuelta que el caso sea informado a las instancias correspondientes de la Aduana para autorizar el desbloqueo del sistema de mesa, para finalmente cancelar la póliza y proceder a la devolución de la garantía en cuestión. Sin embargo, hasta ahora, tal procedimiento no se llevó a cabo.
Desde Aduanas afirman que el sumario continúa y que por lo tanto, no se puede tener una versión sobre el caso, ya que se trata de un caso muy complejo y de muchas aristas.
Incluso Gayol afirma que cuando accedió a las documentaciones de la investigación aduanera, se sorprendió al observar que existe una firma falsa suya. La rúbrica aparece en el documento de “hoja de autorización del código aduanero” que sirvió para que se pueda proceder al sumario. Según Gayol, esta autorización, además de tener una firma falsa suya, carece de su sello de importador, un requisito que debe tener cualquier documento aduanero para garantizar un proceso dentro de la institución.
Ante esta situación, Gayol presentó en junio de este año ante la fiscalía una denuncia por supuesto hecho de producción de documento no auténtico, a fin de que el Ministerio Público investigue el caso. Sin embargo, hasta ahora, desde la fiscalía tampoco el denunciante tuvo respuesta alguna. En la denuncia presentada ante la fiscalía de Mariano Roque Alonso, se lee que Gayol además exige que se haga una pericia caligráfica para confirmar que la firma, supuestamente suya que aparece en el sumario, es falsa. Además, pide la participación fiscal para determinar cómo puede aparecer un documento falso –que acredite la situación mecánica de un vehículo- en una investigación aduanera.
“Todo, absolutamente todo es raro en este sumario. Ya demostré con documentos originales de la MG que el automóvil es flex. Además, no sólo se trata de la devolución de la póliza sino de todo el perjuicio económico que esto me está causando, porque ahora con cualquier carga que haga, tengo que pagar unos G. 3.000.000 para habilitar mis despachos por día” se lamenta Gayol.
El empresario paraguayo dice que existe una total animadversión en su contra en la Aduana. En ese sentido, relata que a la par del despacho del polémico vehículo Chevrolet, a mediados de 2011 había traído sus pertenencias en dos contenedores desde Miami y que hasta la fecha, no le dieron la nacionalización de sus pertenencias. En los documentos que muestra, Gayol tuvo su certificado de repatriación N° 27.408 el 11 de agosto de 2011. En el primer contenedor que trajo al país y que ingresó por Puerto Fénix traía alfombras, sofá, ropas, muebles de madera y de hierro, entre otras cosas. En el otro contenedor trajo un vehículo usado, dos maquinarias –que utilizaba en su empresa de Miami- y otras mercaderías suyas y de su familia.
Gayol cuenta que una vez que llegaron los contenedores, la Aduana le creó varios problemas para despachar sus mercaderías, desconociendo incluso la ley de repatriados. Según el empresario, tuvo que pagar unos G. 15 millones de multa a la Naviera –dueña de los contenedores- porque la Aduana retuvo tres meses las cargas que trajo. Además, señala que pagó finalmente en impuestos y otras tasas, unos G. 64 millones, pero a pesar de eso, no le dieron hasta hoy la nacionalización del vehículo ni de las maquinarias que trajo con la intención de abrir su empresa, que iba a estar enfocado en el manejo de suelo y trabajo de carga de máquinas pesadas.
“Mis tres máquinas están paradas y el auto que traje tuve que vender a través de una persona que consiguió nacionalizarla gracias a las medidas judiciales que daba la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La ley de repatriado habla de 3.000 jornales libre de impuesto para maquinarias y de 1.000 jornales para vehículos usados que son utilitarios, pero en la Aduana no quisieron saber nada sobre el tema” asegura Gayol.
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