El asedio del rey de la soja

Documentos falsificados y testimonios de implicados dan cuenta de cómo directivos del Grupo Favero cobraban grandes sumas de dinero que luego cargaban a pequeños productores, a los que ahora asfixian. Nuevas vetas en un caso por demás complicado.

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De un día al otro, las deudas que habían adquirido para la producción se multiplicaron varias veces y se toparon con el riesgo de perder las tierras que durante tanto tiempo les habían servido para llevar el sustento a sus familias. Con esta realidad deben convivir productores de la Colonia Tirol, en Carlos Antonio López, distrito del departamento de Itapúa.

Las cosas comenzaron a complicarse a mediados del año pasado, cuando cuatro productores de esta colonia recibieron visitas de representantes del Agrosilo Santa Catalina que les reclamaban el pago de deudas que superaban ampliamente los montos que ellos habían recibido por parte de la empresa.

Como tantos otros, estos productores habían decidido hacer negocios con el Agrosilo Santa Catalina S.A., una empresa que forma parte del conglomerado denominado Grupo Favero y que tiene como uno de sus principales accionistas al brasileño Tranquilo Favero, el mayor productor de soja del Paraguay; y que tenía hasta el año pasado como presidente al yerno de éste, René Leonidas Zittel.

La cuestión era casi rutinaria. Al inicio de cada zafra, los productores acudían al silo para solicitar los insumos correspondientes e iba pagando conforme llegaban las épocas de cosecha. Nada demasiado fuera de la común, incluso a pesar de las millonarias sumas que se manejan dentro de este negocio. Las ganancias llegaban luego de cumplir con los compromisos.

Sin embargo, las cosas se volvieron un tanto más turbias desde mediados del año pasado. Varios de los colonos de Tirol comenzaron a recibir la visita de representantes del Grupo Favero que llegaban para reclamar deudas que los productores tenían con ellos. Claro que ellos eran conscientes de que había compromisos pendientes, pero lo que aquellos hombres le estaban reclamando era varias veces mayor a lo que ellos realmente debían.

En reiteradas ocasiones, solicitaron a los representantes del Grupo Favero que les permitieran ver los extractos de sus respectivas cuentas a fin de poder entender qué era lo que había ocurrido y como se había llegado a estos siderales montos. Son cuatro los productores que se animan a denunciar: Fernando Weyh, Marino Raitter, Antonio Marques Mombach y Afonso Jaco Heineck; sin embargo, versiones señalan que son cerca un centenar los que atraviesan por una situación parecida en esa zona.

Debido a la falta de información, los cuatro productores decidieron iniciar, cada uno por su cuenta, denuncias por la supuesta falsificación de documentos que tenían sus firmas y que ellos desconocían. Desde cheques cuyos montos nunca recibieron hasta certificados de reconocimiento de deudas, la lista es extensa.

Según Weyh, existirían varios cheques supuestamente endosados por él, pero que en realidad tendrían firmas falsas y cuyos montos nunca recibió. Además, asegura que existen documentos que ahora son utilizados para reclamar una abultada deuda que él nunca firmó.

Él recuerda y reconoce haber firmado varios documentos que le fueron llevados por Vanilso Griebeler, un funcionario de Santa Catalina que hacía las veces de nexo entre el silo, y por una escribana. La firma de los documentos se dio en varias oportunidades bajo presión y siempre los papeles eran completados por el representante de la empresa del Grupo Favero.

En el caso de Marino Raitter y su esposa, ellos recibieron la visita de representantes del Grupo Favero que le exhibieron un reconocimiento de deuda por valor de US$ 28 millones que ninguno de ellos había firmado.

Luego de que se presentaran las primeras denuncias ante la Fiscalía de Santa Rita, el representante del Ministerio Público que quedó encargado del caso, Eduardo Cazenave, ordenó el allanamiento de la sede central de Santa Catalina en Los Cedrales, departamento de Alto Paraná.

Durante ese procedimiento se incautó el reconocimiento de deuda que le habían mostrado a Marino y fue sometida a una pericia caligráfica. Los resultados fueron tajantes: las firmas habían sido falsificadas. En ese documento él y su esposa reconocían una deuda de más de US$ 12 millones.

En una nueva serie de procedimientos, se incautaron además alrededor de una decena de pagarés que fueron sometidos a una nueva serie de pericias por parte de la Fiscalía. Solo uno de ellos presentaba las verdaderas firmas del matrimonio Raiter, los demás habían sido adulterados. ¿El valor total de los documentos falsificados? US$ 23 millones.

A los documentos que ya habían sido incautados y sometidos a pericias, ahora se suman dos más, que también fueron adulterados, de acuerdo a las pericias caligráficas realizadas por el Laboratorio Forense del Ministerio Público.

Se trata de un cheque de US$ 500.000, que supuestamente había sido firmado por Antonio Marques Mombach; y otro de US$ 10.000 que habría sido endosado por Fernando Weyh. Las pericias demostraron que las firmas atribuidas a ambos productores para la efectivización de estos cheques fueron adulteradas.

Los cheques forman parte de los documentos que son utilizados por el Agrosilo para reclamar las supuestas deudas que tienen los productores con la empresa.

Ahora, una declaración de Vanilson Griebeler Marschall, el funcionario que hacías las veces de nexo entre el agrosilo y los productores, echa más luz sobre un caso cuyo entramado parece cada vez más una maraña gigantesca.

Griebeler confesó haber sido él quien cobró el cheque de US$ 500.000 que tiene la firma adulterada de Marques Mombach. Así consta en la declaración de este hombre ante el Ministerio Público y a cuya copia tuvo acceso ABC Color.

Según este documento, Griebeler indicó que en febrero de 2015, Marcelo Webler, uno de los directivos de Santa Catalina, dio la orden al entonces Gerente Financiero de la firma, Hernán Villalba, de programar US$ 500.000 como préstamo a nombre de Antonio Marques Mombach. Poco tiempo después, el cheque llegó hasta Vanilson y con él la orden de que fuera a efectivizarlo en un local llamado Mercosur Cambios.

Una vez efectivizado el cheque, debía llevarle el dinero en efectivo a Webler.

Griebeler fue hasta Mercosur Cambios, casa de cambios ubicada en el kilómetro 4 de Ciudad del Este, en compañía de un amigo, Alcione Stolben. Una vez allí, fueron recibidos por tres personas que los invitaron a pasar a la oficina que se encuentra ubicada en la parte posterior del local y donde se encontraba Vlademir Pauleti, quien ya sabía para qué estaban allí.

“Nosotros simplemente le entregamos el cheque, sin entrar en detalles, y él nos entregó parte del dinero en efectivo y otra parte en varios cheques, aproximadamente diez, de varios bancos, girados contra cuentas de varias empresas, tanto en guaraníes como en dólares”, relató Griebeler. “El señor Pauleti ya no estaba esperando con un sobre de color amarillo donde tenía preparado el dinero para entregarnos”, agregó.

Cuando salieron del local, Marcelo Webler los estaba esperando en un vehículo que no era el que habitualmente utilizaba. Con el dinero en mano, el hombre se retiró del lugar.

El cheque, endosado con una firma falsa, fue depositado por Ever Luis López Chaparro en una cuenta del Banco Regional a nombre de la empresa Gametec S.A. Cuando fue convocado a declarar, este hombre confirmó que efectivamente había sido él el encargado de realizar el depósito.

López Chaparro manifestó ante el Ministerio Público que realizó el depósito luego de que Stolben y Griebeler le pidieran contactar con alguien que pudiera efectivizar el cheque, debido a que su patrón, Pauleti, les había dicho que en Mercosur Cambios no tenían el efectivo suficiente para ello. Ante esta solicitud, López Chaparro contactó con un comerciante libanés al que llama “Señor Munir”, quien posee un negocio en la Galería Jebai, quien le dijo que podía conseguir el efectivo y que ello costaría el 1% del monto del cheque.

Gametec S.A., la firma en cuya cuenta fue depositado el cheque, es una de las empresas vinculadas al caso de megaevasión en Ciudad del Este. Según el propio López Caballero, realizó la operación a nombre propio y en el Banco Regional nadie le pidió declaración jurada sobre el origen del dinero, un procedimiento obligatorio cuando se tratan sumas tan grandes de dinero.

“No me hicieron endosar el cheque, ni me hicieron firmar declaración jurada alguna. En ese sentido, cada banco tiene políticas distintas”, aseguró.

En otro momento de declaración Griebeler relató hasta la manera en la que funcionarios del Agrosilo inflaban los montos que se debían pagar por los gastos de escribanía y cómo estos eran sumados a las deudas de los productores.

“En Agrosilo había un funcionario que era encargado de los trámites de escribanía, de nombre Rogerio Huebia, que trabajaba directamente con Marcelo Webler. De la escribanía Rodríguez (N. de la R.: escribanía de María Teresa Rodríguez, imputada por la Fiscalía por la supuesta producción de documentos de contenido falso) enviaban su protocolo y Rogerio era el que recibía. Incluso sé que Rogerio subía los honorarios de la escribana para quedarse con comisiones. Así también, los honorarios de escribanía se les cargaban a los productores como otros préstamos e incluso les generaban intereses”, manifestó Griebeler.

Además, dijo haberse sorprendido con la rapidez con la que se liberó el dinero en este caso particular. El cheque había sido emitido por una solicitud de crédito hecha por Antonio Marques Mombach (quien nunca vio o firmó el cheque, ni recibió el dinero), una solicitud que fue aprobada por Marcelo Webler y René Zittel, yerno de Tranquilo Favero y hasta el año pasado presidente de Santa Catalina.

“En esta ocasión fue una liberación rápida, en ese momento la empresa estaba sin dinero, por lo que fue llamativo que haya salido en cuatro días, y ese trámite normalmente demoraba un mínimo de veinte días”, relató Griebeler.

Cuando se le preguntó si Zittel estaba al tanto de todo, respondió: “Si estaba al tanto, puesto que era él quien firmaba el cheque y la liberación, que en ese momento liberar 500.000 dólares no haber pasado desapercibido, o sea que él firmó sabiendo de qué se trataba”.

El 16 de noviembre pasado, los productores (entre ellos Fernando Weyh) presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Santa Rita contra personas innominadas por la supuesta producción de documentos de contenido falso. El caso quedó en manos del fiscal Eduardo Cazenave.

De manera paralela a la denuncia de los productores, la firma inició una serie de juicios para cobrar deudas a los productores, consiguiendo rápidamente embargos contra propiedades de los mismos y utilizando documentos denunciados como falsos y que debían ser peritados. Como pocas veces, la justicia actuó de manera rápida para otorgar lo reclamado por los denunciantes, que en este caso se trata de uno de los grupos económicos más grandes y poderosos del Paraguay.

En el caso de Marino, utilizan documentos que ya ha quedado demostrado que son falsos para exigir el secuestro del fruto de su producción. Todo a las apuradas y bajo sospechas de que existen fuertes presiones para separar al fiscal que lleva adelante la causa, al que de hecho ya recusaron, para intentar frenar la causa.

Luego de que se iniciara el inconveniente, la empresa del Grupo Favero cortó la financiación de los productores para la zafra 2016 y promovió acciones judiciales a fin de restringirles el acceso al sistema financiero. Todo para asfixiarlos económicamente.

Tranquilo Favero es oriundo de la zona sur del Brasil, nieto de inmigrantes italianos nació en el pequeño pueblo de Caxias do Sul, en el estado de Río Grande del Sur. Llegó a Paraguay a finales de la década de 1960.

Según declarara alguna vez en entrevista a ABC Color, vino para un paseo de fin de semana y decidió quedarse. Desde entonces empezó a convertirse en uno de los agroganaderos más importantes del país.

“Individualmente soy el mayor productor de soja del país. Nuestro grupo, que es básicamente familiar, está compuesto por nueve sociedades anónimas, de las que soy uno de los accionistas mayoritarios, y tenemos 1.500 funcionarios trabajando con nosotros”, había dicho en 2008, cuando le preguntaron sobre el apodo que le habían puesto: “El zar de la soja”.

Dentro del Grupo Favero, del cual es accionista mayoritario, el Agrosilo Santa Catalina S.A. es una de sus mayores empresas y con ella se ha convertido en el mayor exportador de oleaginosa del Paraguay, país que figura entre los mayores productores mundiales de este grano.

En los últimos años, numerosas han sido las denuncias realizadas por organizaciones sociales contra Favero por haberse supuestamente apropiado de manera irregular de tierras fiscales que deberían haberse destinado a la reforma agraria.

juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano

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