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Liz (nombre ficticio) de ocho años vivía en una precaria vivienda en algún punto del departamento central. Su condición desfavorable no le impedía hacer las cosas que una niña de su edad debe y tiene el derecho a hacer, como estudiar, jugar y la vez soñar con un porvenir mejor para su familia. Estos anhelos no eran compartidos por sus padres quienes al no mostrarse interesados en ganarse el sustento dignamente y mucho menos en darle una debida atención a sus hijos, optaron por convertirlos en mercancía o directamente explotarlos en las calles expuestos a peligros.
De esta manera nace el negocio de la niñez en las calles, según la abogada Mercedes Britez Willow de Buzó, quien en su rol de jueza de la niñez y adolescencia resolvió accionar para retirar de las principales avenidas de Asunción a niños de todas las edades un 27 de noviembre de 2000. “Me llamó mucho la atención la cantidad de niños en situación de calle y la forma en que eran explotados por sus padres que estaban en una esquina tomando tereré mientras los niños trabajaban, se trastocaban los roles, los menores haciendo el papel de padres y viceversa”, detalló la exjueza a ABC Color.
Una investigación periodística de este diario reveló el esquema en que grupos criminales directamente alquilaban a los menores con el consentimiento de los padres, en un perverso régimen de esclavitud moderna. “Traídos de los alrededores de Gran Asunción, eran subidos como ganado en pequeños camiones y distribuidos en las principales esquinas de la capital, como Mariscal López y Perú, España y Sacramento. San Martín España, algunos llevaban paquetes con alguna mercancía para vender, otros directamente eran explotados sexualmente y otros pedían dinero al conductor o al transeúnte que transita por tales cruces... Estos chicos eran alquilados por sus propios padres”, recordó la abogada.
El negocio era mucho más rentable si habían bebés o niños con alguna discapacidad en la vía pública, así se despertaba la sensibilidad de la gente y de esa manera agrandaban los inescrupulosos bolsillos de una verdadera mafia organizada que explotaba al valor más importante de una sociedad como son sus niños y adolescentes.
“En cada esquina habían mujeres que controlaban a los niños para que ellos desarrollen su labor, la misma abofeteaba a aquellos que ponían resistencia, además de no tomar agua, ni alimentarse desde la mañana hasta la tarde, en tanto que a los bebés no se les cambiaban los pañales y tampoco se destinaban mínimas atenciones para los menores con discapacidad”, recordó la exmagistrada.
En mayo de 2000 la entonces jueza recibe la denuncia y decide actuar en consecuencia. “Previa comunicación a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público, procedí en base a una resolución fundada en todas las garantías dela Constitución Nacional, en la Convención de los Derechos del Niño, el Código del Menor de aquel entonces, se trataba de una medida eminentemente cautelar sin que implique privación de libertad, salimos solo esa mañana y rescatamos a 47 niños”.
En el informe emitido ante la máxima instancia judicial se confirmó que algunos de los rescatados carecían de certificado de nacidos vivos, había incluso menores del Brasil y lo más grave, niños con secuelas de violencia física y sexual, además de los maltratos sicológicos.
Después del procedimiento se llamó a los padres para una audiencia y algunos solo algunos aparecieron. “A los que podían demostrar el vínculo se los entregaba con la advertencia de que si volvían a salir a las calles se les quitaría la patria potestad, aquellas que no podían demostrarlo quedaban en los albergues, no centros de detención como organizaciones no gubernamentales denunciaron a instancias internacionales, en ningún momento se les sacó”, precisó.
Tiempo después la Coordinadora por los Derechos del Niño, la Fundación Tekojojá que posteriormente se convirtió en partido político y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentan un hábeas corpus atacando la naturaleza del procedimiento y acusando al Estado de una detención ilegal de los menores.
Este recurso fue rechazado por la Corte Supremade Justicia, que avaló la actuación de la jueza en ese momento alegando que estuvo sujeto a derecho. Entonces, sin agotar todos los medios, reclaman a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dicha instancia, a su vez piden un informe a la Corte Suprema, que responde de igual manera.
Según la abogada, con los sucesivos reveses, los denunciantes aprovechan la llegada de Fernando Lugo en 2008 para nuevamente denunciar esta vez a la doctora Brítez por supuesta violación de las garantías constituciones como del libre tránsito. “Eso en teoría quiere decir que el niño puede transitar libremente, pero en la práctica, los niños menores de 14 no pueden trabajar por ley y los mayores solo cuatro horas en lugares salubres, no en la calle”, cuestionó.
En el documento emitido por la CIDH, se refiere que los peticionarios sostienen que los días 27, 28 y 29 de noviembre del año 2000 y el día 10 de enero del año 2001, se habrían llevado a cabo en las calles de la ciudad de Asunción redadas masivas de niños y niñas en situación de calle, por orden de la Jueza de Primera Instancia en lo Tutelar y Correccional del Menor del Sexto Turno. Sostienen que en estas redadas habrían sido detenidos, en forma masiva y sin individualización alguna, decenas de niños y niñas, los cuales habrían sido luego internados.
Alegan que las presuntas víctimas fueron privadas de su libertad arbitrariamente y la decisión sobre su restitución a sus padres quedó en manos de la Jueza de Primera Instancia en lo Tutelar y Correccional del Menor del Sexto Turno, quien en algunos casos ordenó la restitución luego de algunos días, pero en otros casos esta restitución no se produjo sino años después.
Finalmente en 2011 el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio suscribe un acuerdo amistoso conla CIDH, en el cual el Estado paraguayo se declara culpable del procedimiento, con el decreto firme el Ministerio de Hacienda autoriza el desembolso de montos que van entre 4.000 y 12.000 dólares y el pedido público de disculpas ya durante el gobierno de Horacio Cartes.
Para la exjueza la reciente disposición gubernamental fue una bofetada al Poder Judicial que en todo momento defendió la legitimidad del operativo, sumado al uso de dinero del contribuyente para premiar a padres que actuaron de forma negligente. Brítez asegura que en el 90% de los beneficiados no invertirá en la educación o en el mejoramiento de la calidad de vida de sus hijos, muchos de ellos actualmente en la cárcel, mientras que una joven que fue rescatada actualmente estudia medicina y no figura entre las víctimas indemnizadas, afirmó.
Añadió que esto sienta un precedente negativo para la independencia de los poderes del Estado y cree que con este criterio hasta los miembros del grupo criminal EPP pueden ser sujetos del perdón estatal.
El Estado, a través dela Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el acto de “Disculpa Pública y Reconocimiento en el caso Nº 12.359 Cristina Aguayo Ortiz y otros”, en cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El acto fue presidido por el vicecanciller Óscar Cabello Sarubbi y el ministro secretario dela Niñez y Adolescencia, Carlos Zárate. Cabello Sarubbi dijo que “ningún ciudadano merece ser reprimido o privado de su libertad en su propio país sin haber cometido delito alguno, en este caso, nuestra sensibilidad se agudiza más porque sabemos que las víctimas han sido niños inocentes”.
Por su parte, Zárate aseveró que el Estado paraguayo “tiene la firme decisión de evitar que acciones de esta naturaleza vuelvan a suceder en el futuro, pues no condicen con los principios fundamentales que rigen el Estado de Derecho”.