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El derrumbe de un techo en el Colegio Nacional de Lambaré que hirió a decenas de alumnos a finales de setiembre de 2015, dejó al descubierto graves irregularidades que precipitaron una desgracia con suerte, puesto a que no hubo fallecidos. Precisamente la fiscala Agüero lideró el equipo de fiscales que constató deficiencias en la estructura y mala calidad de los materiales utilizados.
Al tratarse de una obra solventada con recursos del Fonacide y relativamente nueva en su construcción, las sospechas recayeron en el cuestionado político colorado Roberto Cárdenas en su carácter de intendente de Lambaré y por ende administrador de los fondos para la excelencia educativa.
Escasos días después del incidente Agüero imputa a Cárdenas por lesión de confianza, cuando este estaba en plena carrera por un nuevo periodo como intendente, por lo tanto una imputación comprometía su imagen de cara a los comicios que terminaría perdiendo.
A partir de la apertura de un proceso en el ámbito de la justicia, Cárdenas declaró la guerra a la agente del Ministerio Público, quien contaba con el apoyo de los padres y gran parte de la ciudadanía lambareña hastiada de su administración. En los meses siguientes surgieron otras dos imputaciones contra el extintendente de Lambaré.
Como primera medida la defensa de Cárdenas planteó la primera de las tres recusaciones contra la agente del Ministerio Público, a esta le sucederían otras dos recusaciones, uno de ellos la presunta transferencia irregular de recursos de la municipalidad lambareña, e irregularidades en la licitación del almuerzo escolar.
En todas las causas, el político colorado logró esquivar a la prisión y la vez accionó contra Agüero ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la fiscala había manifestado que si bien era previsible que evite la prisión por el poder que ejerce aún sin contar con un cargo electivo sobre órganos como el Jurado, no obstante expresó su frustración por el revés que significó este hecho.
Ya en abril de 2016, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados finalmente procesó a la fiscala Agüero, por un caso no relacionado al criticado político colorado. No obstante para la fiscala Victoria Acuña, la maniobra resultó un claro "pase de factura", por las investigaciones de su colega.
Los padres de los alumnos heridos en el derrumbe también sumaron su voz de repudio a la disposición del Jurado y aseguran que esta instancia cedió a la presión de grupos políticos a los que responde Roberto Cárdenas, sancionando a una fiscala que investiga la corrupción.
Agüero optó por llamarse a silencio y analizar que decisión tomar, atendiendo el escenario actual, puesto a que según ella el juicio que si bien no implica la suspensión en los casos que lleva adelante, de igual manera recalcó que el caso que le valió el enjuiciamiento no reviste mayor análisis, pero a la vez confía en que habrá cambios en la administración de la justicia.