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Una forma de gestionar la desigualdad y la exclusión, esa es la principal función de los institutos penitenciarios en Paraguay de acuerdo a una de las conclusiones a las que se llega con los recientes estudios realizados por el Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP).
El 43 % los adolescentes privados de libertad provienen de familias beneficiarias de programas estatales de lucha contra la pobreza, pero en contrapartida y 90% no pudo terminar la educación primaria, declarada obligatoria por el Gobierno. Es más, la mitad no estudiaba al momento de ingresar a los Centros Educativos.
La población adulta no está muy lejos de esta realidad. Más del 40% no completó la educación primaria obligatoria, y el 14% de los encuestados señaló que no trabajaba al momento de su detención: 35,6% de que sí trabajaban, percibían menos del salario mínimo. Menores sin educación, adultos sin trabajo o subempleos, así es la mayoría de las personas privadas de libertad en Paraguay.
Los comisionados que recorrieron los sitios de detención recogieron historias de adolescentes y jóvenes que permitieron identificar y clasificar categorías que ponen al descubierto el contexto del cual - en su mayoría - provienen: exclusiones, vulneraciones a sus derechos, falta de políticas que impidan la deserción escolar, la convivencia con el mundo delictivo y las drogas.
Desde los Centros Educativos de Itauguá, La Esperanza, Virgen de Fátima y las penitenciarías Nacional de Tacumbú y la Casa del Buen Pastor, se recogieron diez testimonios de los cuales pusieron al descubierto las 12 categorías en las que se deberían centrar las políticas de Estado.
La primera de las categorías en ser abordada es el Entorno Familiar. “Los entornos familiares en los cuales crecieron las personas no son entornos propicios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes”, expone la investigadora Alejandra Estigarribia. Todos los entrevistados provienen de condiciones socioeconómicas adversas, es decir, trabajos precarios o subempleos, en algunos casos de alto riesgo, como el microtráfico.
La mitad de ellos crecieron en casas precarias y se vieron obligados a producir ingresos a temprana edad, por falta de recursos familiares. El 50 % sufrió y se crió en ambientes de violencia intrafamiliar, por lo general agresiones del padre hacia la madre, violencia que afectó de manera directa a cuatro de las personas entrevistadas. Nueve reportaron que sus padres, hermanos o tíos, tenían problemas con el alcohol y las drogas.
“El acceso a la educación no es un problema, sino la permanencia”, sostiene la investigación la siguiente categoría. Si bien todos los consultados tuvieron acceso a la educación formal, casi ninguna pudo alcanzar el curso que corresponde con su edad, sólo dos llegaron a completar la educación obligatoria - noveno grado - antes de terminar encerrados. El promedio de años de estudios de las personas entrevistadas ni siquiera alcanza el requerido obligatoriamente, apenas llega a seis.
“A la mañana nos íbamos a vender remedio. Nos íbamos a las 7 de la mañana y a las 12:30 por ahí ya veníamos. Después nos íbamos a la escuela hasta las 3 nomás. Siempre llevábamos un justificativo para retirarnos después del recreo”, contó uno de los jóvenes.
En todos los casos tuvieron que combinar la vida escolar con actividades de producción de ingresos, consumo de drogas y con escasez de recursos en el hogar. El 70 % estudia en el lugar de privación de libertad que les corresponde pero la calidad de la educación es precaria e insuficiente.
Se habla de producción de ingresos, no de trabajo, porque muchas de las actividades que estas personas realizan para sobrevivir a diario, están tipificadas como hechos punibles, asegura Estigarribia.
Todos los entrevistados dijeron que tuvieron que buscar ingresos a temprana edad. 9,5 años es el promedio del inicio y la mayoría empezó con trabajos informales, que luego pasaron a combinar con tráfico a baja escala de drogas, robos o hurtos.
“Yo decidí salir porque mi mamá se sentaba a llorar, que no podía más y que quería que nosotras estudiáramos; entonces le dije yo una vez a mi hermana, ‘jaha ñande ha la ñande pohã Sanlorenzope. Jaha he’i’”. Prácticamente nosotros (con mi hermana) le manteníamos a nuestros hermanitos. Nosotros luchamos por ellos porque mi papá siempre tomaba, fumaba”, contó otro joven.
El inicio de actividades de producción de ingresos tiene que ver con la necesidad de sostenimiento propio y por la escasez de recursos en el hogar. Más de la mitad de estas personas trabajaron en contexto de calle, lo que implica una exposición a diversos peligros, por ende, de alto riesgo.
El crack es la droga más consumida, es la más barata y la más dañina por la fuerte dependencia que genera y los daños a la salud que acarrea. En la mayoría de los relatos, se empezó a probar drogas entre los 9 a 14 años como respuesta - o escape - a los problemas familiares, el hecho de ser víctimas de agresiones y la influencia de otras personas; el abanico de drogas consumidas es amplio.
Violencia hacia la mujer. Todas las mujeres sufrieron algún tipo de violencia, en el ámbito doméstico, en la calle, o dentro de su lugar de reclusión. En casa por sus parejas, por desconocidos en la calle y o guardias en el Buen Pastor. La exposición que sufren ellas por trabajar en la calle también se manifestó en el caso de tres mujeres entrevistadas. Ellas contaron que allí están expuestas a propuestas y humillaciones por el simple hecho de trabajar en la calle.
El resto de las categorías identificadas son Salud, el acceso a programas del Estado, el contacto con fuerzas represivas del Estado, la institucionalización previa, las condiciones de privación de libertad, la religión dentro de los centros de reclusión y las proyecciones a futuro que tienen, todos apuntan a poder trabajar con dignidad.
Partiendo de estos aspectos comunes, el MNP recomienda al Estado Paraguayo - una vez más - poner especial énfasis en el diseño de políticas especializadas para adolescentes y jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad, de manera a sacarlos de esta situación y evitar que lleguen caigan en la delincuencia.
Además exponen la urgencia de diseñar políticas con un abordaje integral, que involucre a la familia y la comunidad, ya que los abordajes individuales no son sostenibles.
También poner en práctica políticas de prevención y desintoxicación de drogas para penitenciarías y centros educativos, diseñar actividades productivas y educativas de manera a disminuir el ocio improductivo descrito por las personas privadas de libertad, controlar y sancionar a agentes estatales que ejercen violencia y finalmente potenciar el trabajo de profesionales de los equipos técnicos encargados del seguimiento posterior a la privación de libertad, para reducir los índices de reincidencia.