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El proyecto fue presentado por los senadores Robert Acevedo (PLRA), Fernando Silva Facetti (PLRA), Arnaldo Giuzzio (Partido Demócrata Progresista) y Arnoldo Wiens (ANR), el año pasado. Obtuvo media sanción en esta Cámara y se reavivó el debate.
El documento aprobado está acompañado de una “exposición de motivos” firmada por todos los legisladores mencionados. Según ellos, con el avance de la tecnología quedan “abiertas las puertas a la realización de conductas antijurídicas que ponen en peligro diversos bienes jurídicos protegidos por el Estado”.
Por esta razón, consideran necesario “establecer medidas tendientes a prevenir y sancionar a los responsables de hechos punibles, siendo una herramienta idónea y necesaria para la investigación de los mismos establecer la obligación de los proveedores de servicios de internet de almacenar datos de tráfico, así pues el motivo fundamental de esta obligación debe buscarse en la prevención e investigación de hecho punibles graves”.
Almacenar datos: esta es la parte que más preocupa a organizaciones civiles y de Derechos Humanos, que se han manifestado tajantemente en contra de esta propuesta que afirma apoyar la “seguridad”. A pesar de que aseguran que no accederán al contenido de las conversaciones, sí se guardarán: la dirección del abonado o usuario que acceda a internet, el IP, la hora y fecha de conexión y desconexión del servicio de internet, los datos necesarios para identificar el equipo de comunicación y la ubicación geográfica. En palabras más simples: dónde estás, cómo te moviste, con quién hablaste, por medio de qué hablaste o intercambiaste información. Repasemos ahora otros puntos polémicos del mismo proyecto de ley:
- Artículo 1: “Esta ley tiene por objeto regular la retención de datos de tráfico por parte de las personas físicas o jurídicas que proveen servicios de internet, para conservar los datos generados o tratados durante la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación.
- Artículo 2: Habla de que la finalidad es “localizar e individualizar al usuario y al titular registrado”.
- Artículo 5: Se conservarán “todos los datos de tráfico de comunicaciones que estén vinculados al acceso a internet”. Habla de “la identificación de usuario o el número de teléfono del destinatario o destinatarios de una llamada telefónica por internet”.
- Artículo 6: La conservación de los datos será de los últimos 12 meses.
- Artículo 10: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) será la responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para las personas físicas o jurídicas que presten servicios de internet, con respecto a la retención y conservación de datos de tráfico.
“Es espionaje, es una medida oficial del oficialismo”, indicó Maricarmen Sequera, miembro de la organización TEDIC (Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación). Considera que lo más grave de esta propuesta es que se habla de “almacenar” datos, lo cual pone en peligro la privacidad de las personas, lo cual es totalmente ilegítimo teniendo en cuenta la Constitución Nacional.
Los proyectistas se escudan en la “seguridad”, pero ¿qué sentido tiene vigilar los movimientos de una persona por doce meses, siendo que ni siquiera está involucrada en algún hecho ilícito?, se preguntó Sequera. Esto choca con otro derecho, el de la presunción de inocencia. Por otro lado, tampoco hay garantías de la manera en que se almacenarán esos datos y quiénes tendrán acceso a ellos, y mucho menos de cómo se manejarán. “Las proveedoras de internet también deben posicionarse en este tema”, dijo luego.
“Estos planes se hacen con el pretexto de combatir el terrorismo, pedofilia y narcotráfico, pero que en realidad pertenecen a un Estado policial. Las políticas de retención de datos obligatorias tratan a cada uno de los ciudadanos como sospechosos con una constante e intrusiva vigilancia masiva”, advierte el TEDIC.
El jueves último, la Cámara de Diputados aplazó por ocho días el tratamiento de ley, que tendría sanción ficta el 12 de marzo. No obstante, se inició el debate entre los miembros de esta Cámara, dejando entrever cómo podían votar la próxima semana.
Mientras llega esa sesión, Sequera sugirió a todos aquellos ciudadanos que están en contra de la ley que utilicen los medios que tienen a mano para protestar. Instó a que a través de Facebook, Twitter o mediante correos electrónicos den a conocer a los legisladores su parecer. “Nos gustaría que la gente se sume, que participe. Que le pregunten a los diputados”, indicó. Como parte de la campaña, esta organización habilitó un sitio web en que se puede acceder a más información y datos sobre el polémico proyecto de ley: http://pyrawebs.tedic.org/.
Durante la sesión del jueves, el cuestionado diputado Óscar Tuma, se manifestó a favor de la conservación de datos de tráfico de la gente. “Lindo discurso, pero acá tenemos que garantizar la seguridad”, dijo. El colorado Bernardo Villalba también trató de justificar la propuesta sacando a flote el tema de la “seguridad” e inclusive el “terrorismo”. “Puede ser interesante para enfrentar el terrorismo en el Paraguay (…) No está totalmente mal. Si se hace bien puede ser útil a la sociedad paraguaya, especialmente en el tema de seguridad”, expresó.
Como parte de la campaña contra la propuesta, se bautizó esta ley como “pyrawebs”, palabra que hace alusión a los “pyragues”, que en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) se refería a los “delatores”, quienes informaban al régimen sobre la actividad de los opositores, quienes eran perseguidos, y en algunos casos, torturados y muertos. “Web” porque esta vez el espionaje será a través de internet.