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Esta semana la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión permanente del adulto mayor, respondiendo así a la necesidad de comenzar a crear políticas públicas que cubran las necesidades de las personas comprendidas en ese grupo.
Dentro de diez años, al menos el 10 por ciento de la población de Paraguay, pasará a formar parte del universo del adulto mayor. Políticas públicas que garanticen seguridad social y salud, deberán ser creadas y fortalecidas con tiempo.
Constantemente oímos hablar del bono demográfico de Paraguay, es decir, el 60 por ciento de la población paraguaya con menos de 35 años (jóvenes), cuya mano de obra es valiosa. Sin embargo no muy comúnmente se habla del adulto mayor, aquella persona que ha pasado la barrera de los 60 años y que necesita garantías de seguridad y salud, entre otras cosas.
Probablemente para el 2025, 10, 8 por ciento de la población pase a engrosar la franja etaria de los adultos mayores, según un análisis de la economista Verónica Serafini -basados en datos oficiales de la Dirección General de Estadísticas-, en el informe de Derechos Humanos del año 2014. Por su parte la Dirección de Adultos Mayores dependiente del Ministerio de Salud, estima que para el 2020, unas 730.000 personas serán adultos mayores.
Este hecho, requiere especial atención, porque es "momento oportuno", según lo indica Serafini en el informe de Codehupy, de comenzar a trabajar políticas de protección social y de cuidado a los adultos mayores.
En Paraguay existe un marco jurídico que garantiza los derechos de los adultos mayores, pero en la práctica, hay grandes desafíos que se deben ir desarrollando, como por ejemplo mejorar la cobertura de protección social -que actualmente alcanza solo a 20,1 por ciento de la población-, diseñar políticas de cuidado y recreación de los adultos mayores, ya que actualmente para muchos de ellos casi no existen otras actividades más que la televisión, sobre todo en para quienes están en la franja de pobreza.
Se debe pensar además que los programas de transferencias de ingresos, como el que actualmente ofrece el Ministerio de Hacienda, no debe ser pensado como el fin en el sentido de que con el dinero los adultos mayores estarán completamente bien, sino que además se deben garantizar servicios básicos de salud, aprendizaje contínuo, recreación y otros.
Existen una serie de recomendaciones, que la experta emitió en el informe del año pasado, que bien podrán servir a la nueva comisión, como por ejemplo: diseñar e iniciar la progresiva implementación de una política de cuidado, implementar un registro único de beneficiarios de los adultos mayores, abordar un programa que garantice la protección a los adultos mayores en situación de pobreza.
También contar con un registro actualizado de las instituciones que alberguen a adultos mayores y en el marco de estos hogares de abrigos, garantizar a identidad de las personas, el fácil acceso a los trámites de beneficio social, garantizar la alimentación y la atención en salud según el sexo y la edad, son solo algunas de las muchas cosas que deben ser implementadas y deben empezar a trabajarse ya, a fin de madurar los procesos a tiempo.