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Se cuentan historias destacadas de jóvenes que vencieron y vencen día a día a la desigualdad, pero muchos desde la cuna - si la tuvieron - no conocen otra cosa que la delincuencia como herramienta para crecer o sobrevivir en los cinturones de pobreza.
“La mayoría de los adolescentes privados de su libertad provienen de barrios excluidos económicamente y también del sector de educación, y en general el primer contacto que tienen con la Policía Nacional es violento, son maltratados al momento de su detención”, alerta Dante Leguizamón, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Es en este momento donde las oportunidades del adolescente se reducen aún más. Luego de ese duro proceso de aprehensión, son puestos a disposición de la Justicia: las estadísticas revelan que el 34% fue sometido a audiencias donde se violaron las normas del debido proceso, pues en ocasiones lo hacen sin representación de un abogado, a veces los fiscales se ausentan, incluso los jueces, o no se les explica con claridad sus derechos, atentando así contra el Código Procesal Penal y contra el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Una vez procesados y despachados, los adolescentes infractores continúan por el círculo de la violencia, el tercer escalón es rumbo a los centros educativos o correccionales, donde son objeto de maltratos físicos por las personas que tienen el deber de cuidarlos durante su estadía.
“Un adolescente que vive excluido del sistema económico, que recibe violencia por parte de la Policía Nacional, que no le son respetados a cabalidad sus derechos en el juzgado y además es víctima de violencia en un centro educativo, claramente se ve afectado en su proceso de reinserción y tiene pocas chances de volver a la sociedad. Es un círculo de violencia”.
El comisionado dijo que el MNP detectó - con base en testimonios - que en la mayoría de los Centros Educativos se implementa la violencia y los malos tratos de los custodios hacia los internos.
Conforme la última intervención se confirmó recientemente este tipo de hechos en Concepción, Itauguá y en Villarrica, en este último el modus operandi era el siguiente: los custodios emplean caños de plásticos rellenos de cemento para golpear a los adolescentes en los pies, mientras otros deben presenciar el hecho y contar cada golpe.
El informe refiere que la actual dirección del centro educativo se caracteriza por mantener una política estricta de “tolerancia cero” con el consumo de estupefacientes por parte de los adolescentes privados de libertad, y dentro de ese marco se estaría justificando la tortura como método de sanción.
Fue individualizado como responsable de esto el exjefe de Seguridad, Derlis Vicente Vázquez, en presencia del actual director Roden Leiva y otros dos guardias más, castigo que busca demostrar poder e intimidar a los adolescentes. No solo eso, también recibieron información sobre amenazas a los mismos cuando en el centro se reciben visitas de otras entidades a los efectos de acallar cualquier denuncia.
La Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura recomendó al Ministerio de Justicia iniciar un sumario y separar de manera inmediata al director del Centro Educativo, Roden Leiva, del contacto directo con adolescentes privados de libertad de cualquier establecimiento. Este informe con las recomendaciones fue comunicado a la citada cartera de Estado el 26 de agosto de 2016, pero a la fecha no se ha tomado ninguna medida.