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El pasado 28 de febrero, el presidente Horacio Cartes firmó el Decreto Nº 1.324 por el cual se reajustaba el salario mínimo de G. 1.658.232, fijado en 2011, a G. 1.824.055.
El aumento fue del 10 por ciento, pese a que las centrales obreras exigían un reajuste del 25 por ciento sobre el monto del salario mínimo, alegando una deuda histórica con la clase obrera.
El sueldo base rige desde este mes y, de acuerdo a la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop), varios precios de productos ya tuvieron un aumento en sus precios, como algunas verduras, panificados y algunos cortes de carne.
Para el presidente de Asucop, Juan Vera, el consumidor no tiene un mecanismo de defensa ante la remarcación de precios. Dijo además que la Dirección de Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), solo realiza un monitoreo de precios, no un control.
“Ninguna instancia gubernamental tiene facultades para controlar los precios, pero sí para buscar la transparencia y la persecución a las prácticas abusivas en el mercado, cosa que no lo hace”, aseguró Vera.
Reiteró que el consumidor está vulnerable a los reajustes de precios y que “no existe ningún mecanismo que lo proteja y las instituciones encargadas para ello, no funcionan”.
El presidente de Asucop, en otro momento indicó que no existen motivos para la remarcación de precios en los supermercados, especialmente, en aquellos productos de la canasta familiar.
Añadió que no todos gastan el salario mínimo, y que las remarcaciones de precios afectan con mayor dureza a los que perciben ganancias inferiores al sueldo base, como vendedores ambulantes.
“Esto genera mayor pobreza en la población”, aseveró Vera.
En ese mismo sentido, Eduardo Felippo, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), cuestionó los aumentos paralelos en supermercados.
“Un aumento del 10 por ciento del salario mínimo no justifica que uno remarque los precios, y mucho menos en el mismo porcentaje. Eso lo que de repente se quiere hacer”, lamentó el empresario del sector industrial.
Pidió también que la Dirección de Defensa al Consumidor acompañe la preocupación ciudadana y controle el comportamiento de los precios en las cadenas de supermercados.
El titular de la Dirección de Defensa al Consumidor, Enrique Bordón, comentó que desde inicios de mes comenzaron el monitoreo de precios de productos de primera necesidad en unos 15 supermercados del país.
De acuerdo con Bordón, la suba del salario mínimo hace que los centros comerciales aumenten los valores de sus productos, debido al valor que implica mantener los recursos humanos.
“Los reajustes se dan porque la mano de obra incide en los costos. El porcentaje lo que vamos a analizar”, explicó el directivo.
Manifestó que desde la institución no pueden intervenir en los costos de productos, pues ello lo define la oferta y la demanda.
Consultado sobre qué puede hacer Defensa al Consumidor cuando una persona denuncia ante la institución subas exorbitantes de precios, respondió que no le pueden dar muchas respuestas.
“Puede venir aquí, yo no fijo precio de algunos productos porque no son controlados por el Estado, como los combustibles. El resto es oferta y demanda. Si podemos crear campañas. Las denuncias van a hacer analizadas, pero no en términos de un reclamo de Defensa al Consumidor, sino que a nivel de Ministerio podemos llevarlas adelante con los gremios de la producción en beneficio del consumir”, detalló.
Reiteró que la institución dependiente del Ministerio de Industria no puede intervenir en los precios fijados por el mercado.