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Clyde Soto, del Centro de Documentación y Estudios (CDE), conversó con nosotros acerca de lo que ocurrió en el año, y reconoció que pese a que hubo conquistas, “no se ha avanzado como se debería” en el tema de derechos de la mujer. Todavía nuestra sociedad sigue “aferrada a ideas tradicionales”, lo que limita el cumplimiento de los derechos más básicos.
“Sin duda esta sociedad sigue aferrada a ideas tradicionales acerca del rol de la mujer, ha habido cambios pero a partir de la lucha y la reflexión de las mujeres (…) No podemos construir una sociedad sin derechos para las mujeres, somos la mitad de la población y debemos avanzar”, comentó.
El caso que marcó y que llamó la atención, inclusive a nivel internacional, fue el de la niña de 11 años, conocida con el alias Mainumby, quien dio a luz otra niña, en agosto. La pequeña hoy es mamá, y tanto ella como su hija, están bajo la tutela de su madre. Recordemos que la pareja de esta fue quien embarazó a la niña, tras haberla violado en reiteradas ocasiones, según refiere la investigación del Ministerio Público.
Este caso en particular llamó la atención, pero la realidad es que hay otras decenas de niñas que pasan lo mismo, en este mismo momento. “Es algo que ya estaba naturalizado. Son niñas que llegan a la maternidad en la más absoluta desprotección. El Estado ha fallado”, manifestó Soto.
Desde las violaciones, luego el embarazo, el alumbramiento y actualmente, la maternidad de la niña, están sucediendo en la más absoluta desprotección. Justamente la desprotección es la constante en todas esas “etapas”. En los casos en los que llegaron a ser madres, “cada quien se arregla como puede, pensamos que esto no puede ser, pero ocurre”, dijo la experta.
Este año se ha logrado la sanción de dos leyes que organizaciones de mujeres y trabajadores han estado empujando desde hace años: la ley de ampliación del permiso de maternidad y la ley del trabajo doméstico. En ninguno de los casos se llegó al promedio regional y mucho menos a lo “ideal” a nivel mundial, pero ya cuentan como avances.
Por un lado, en el caso de la licencia por maternidad, se logró ampliar el permiso de 12 a 18 semanas para las mujeres, y de tres días a dos semanas, para los hombres. Durante la licencia, la trabajadora recibirá un subsidio del Instituto de Previsión Social (IPS) no inferior al 75% de su salario (el tope anterior era de 50%), además de asistencia médica.
La ley del trabajo doméstico fue la que trajo mayor decepción al sector que luchó por ella. La legislación establece que los trabajadores domésticos también tienen una jornada de ocho horas, como cualquier otro trabajo formal, y que si trabaja más, deberá percibir el pago por el tiempo extra. Así también se establece el derecho al descanso semanal de 24 horas y los días feriados. La normativa también prohíbe el trabajo de menores de 18 años.
El mayor cuestionamiento a la ley vigente, es que los trabajadores domésticos solamente percibirán por todo lo anterior, un salario que equivale al 60% del salario mínimo, es decir, solamente G. 1.094.433 al mes. Menos de lo que por ley es considerado como el piso para el resto de los trabajadores. “Considerando que no se aprobó la equiparación salarial, puede ser un retroceso”, lamentó Soto.
“Hay todavía una sociedad que rechaza esos derechos, se pudo ver en la cuestión de la maternidad. Representantes de los gremios amenazaron acerca de condicionar la contratación de las mujeres (…) Hasta mujeres (legisladoras) rechazaron la equiparación del salario”, recordó.
Para Soto, todavía no se llega a entender que los derechos de las personas son beneficiosos para todo el mundo. “La ampliación de los derechos no perjudica a nadie, al contrario, los que muestran oposición son los que se llevaron todos los privilegios de siempre”, señaló.