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Personas no afectadas fueron indemnizadas y las verdaderas perjudicadas fueron víctimas de estafa por parte de funcionarios de la ANDE.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) previó unos US$ 10 millones para la indemnización de las personas cuyos terrenos iban a ser afectados por el tendido de la línea de transmisión de 500 kV (kilovoltios) o 500.000 voltios.
Una de las irregularidades detectadas fue la notable diferencia del número de afectados. El Ing. Carlos Colombo, coordinador del proyecto por parte de la Binacional Itaipú (IB), señalaba en una entrevista con nuestro diario que el total de familias afectadas por la red llegaba a 917. Sin embargo, en la nómina entregada por Carlos Heisele a principios de octubre de 2012 figuraban 931 personas. Otra lista a la que accedió nuestro diario en febrero de 2012 figuraban 879.
El domingo 21 de octubre nuestro diario publicaba que varias familias fueron víctimas de estafa. Los defraudadores eran precisamente los funcionarios de la ANDE, responsables de entregar los cheques librados a nombre de los indemnizados. Ramón Cano Ozuna (75), indemnizado con G. 42 millones, fue uno de los que tuvo que pagar al funcionario de la asesoría legal de la ANDE Cecilio Giménez una “comisión” de G. 4.000.000.
Édgar Salinas, de Hernandarias, comentaba que los funcionarios le ofrecieron G. 41 millones. Rechazó la oferta porque sabía que su tierra no sería afectada. Se molestó por el ofrecimiento, explicó él mismo, pero otro “no afectado”, Juan Sosa Saenger, aceptó la propuesta y cobró G. 25.901.600. Ana Martínez es otra persona no afectada que cobró. Reside en la zona de Itakyry. Aun sin que le corresponda, percibió plata de la ANDE. Le debían entregar G. 44.986.000, pero solo le dieron la mitad porque se le obligaron a repartir el botín con la gente de la ANDE, según sus familiares. La denuncia también salpicó a Fredy González.
2012
La obra inició la Itaipú en 2011 mediante un aporte extraordinario del Brasil al Focem. Se manejó un presupuesto de US$ 555 millones, pero costará solo unos US$ 400 millones. Debía concluir el 28 de enero de 2012.
¿Aprobará o rechazará este gobierno a Rio Tinto Alcan?
A fines de 2009, la ANDE firmó una carta de intención con los representantes de RTA. En junio del año pasado, cuando se produjo la destitución de Lugo, vía juicio político, se habló de que la multinacional estaría detrás del derrocamiento del mandatario.
Una de las grandes discusiones y peleas entre los propios integrantes del gobierno de Fernando Lugo fue la tarifa eléctrica a ser aplicada a la multinacional de aluminio Rio Tinto Alcan (RTA), que propuso invertir US$ 2,5 millones en la instalación de una planta de aluminio.
Un grupo insistía en una tarifa de US$ 40 el megavatio (MW), otro decía que menos de US$ 60 no podía ser. Los fervientes defensores de la tarifa de US$ 40 fueron Francisco Rivas, exministro de Industria y Comercio, y Sixto Amarilla, extitular de la ANDE. Los técnicos energéticos aseguraban que fijar una tarifa menor a US$ 60 significaría un subsidio porque la tarifa de Itaipú ronda los US$ 50 MW. A esto se suma que nuestro país le vende energía, por ejemplo, a la Argentina a un precio de US$ 130 MW. La entrega se da a la altura del distrito de Carlos Antonio López y Clorinda.
Tras dos años de negociaciones, RTA aumentó su propuesta a US$ 3,5 millones.
El 21 de diciembre, Federico Franco, quien asumió la presidencia, firmó el primer preacuerdo con la multinacional sobre la creación de un parque industrial, cuyo mayor costo debía asumir nuestro país.
A mediados de este año estaba prevista la firma del segundo preacuerdo relacionado al medio ambiente. Todo quedó paralizado a pedido del equipo técnico del nuevo gobierno. Coincidentemente había salido un informe elaborado por el prestigioso economista norteamericano Jeffrey Sachs aconsejando no aceptar la propuesta.