Descubrir la verdad de lo que pasó en Curuguaty es el desafío de las nuevas autoridades y detrás de ella están las organizaciones de Derechos Humanos y ciudadanía en general, tras el trágico acontecimiento registrado el 15 de junio del año pasado, en una de las tantas luchas por obtener un pedazo de tierra. ¿Qué pasó en Curuguaty? Esta es una pregunta que sigue latente mientras son procesados varios labriegos que, según la Fiscalía, participaron del enfrentamiento armado con efectivos policiales en la zona denominada Campos Morombí, por la familia Riquelme, que reclama la propiedad a través de la usucapión, o de Marina Cue, llamada así por los activistas de derechos humanos y por los mismos agricultores, como forma de reivindicar que la finca es del Estado, de modo a negar que pueda pertenecer a una persona.
Hasta tanto no concluya el juicio oral, no se sabrá qué es lo que ocurrió exactamente en Curuguaty. La verdad hasta ahora es lacerante y no deja dudas. En ese sitio fallecieron 11 labriegos y 6 agentes policiales que se enfrentaron a tiros. Hasta ahora no se puede determinar de qué sector provino la primera bala.
¿Qué pasó en Curuguaty?, ¿acaso el expresidente de la República Fernando Lugo, o las autoridades que él nombró, como el entonces exministro del Interior Carlos Filizzola, o el excomandante de la Policía, Crio. Paulino Rojas, no tuvieron conocimiento de lo ocurrido? Aquel aciago 15 de junio del año pasado, Lugo ostentaba aún el poder, y a través de sus altos funcionarios tuvo que saber qué fue lo que realmente ocurrió.
Fue llamativo que la filmación aérea, tomada desde el helicóptero de la Policía Nacional que sobrevolaba la zona de conflicto, haya desaparecido. Días antes, Filizzola anunciaba que la filmación se encontraba disponible para cuando la justicia lo requiera. Ya nadie supo qué pasó de esta filmación que podría haber echado alguna luz al conflictivo caso.
Planearon la matanza
Sectores afines a Lugo sostienen que la matanza de Curuguaty fue una situación montada para destituirlo del poder, como finalmente ocurrió a fines de junio de 2012, por vía del juicio político, por una abrumadora mayoría. Igualmente, lanzaron la tesis de que la crisis de Curuguaty fue financiada por el poderoso sector de productores de soja. Esta tesitura fue expuesta porque a solo días de haber asumido como presidente Federico Franco, permitió el uso de semillas transgénicas.
Lo cierto es que nada se puede descartar, y solo el tiempo, quizás, logre revelar lo que realmente ocurrió en Curuguaty.
Mientras tanto, varias hipótesis se seguirán “probando”, en un país donde el descrédito y la mala fama prevalecen.
La sanción al país
Luego de la destitución de Lugo, los demás integrantes del Mercosur sancionaron a nuestro país con la suspensión como miembro, posibilitando el ingreso de Venezuela, que justamente no podía hacerlo porque el Congreso Nacional no prestaba su acuerdo. Los demás miembros del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay, utilizaron el argumento de que en nuestro país se produjo un “quiebre democrático”. Sin embargo, era más que evidente que la decisión de la sanción fue tomada con fundamento ideológico, por la marcada tendencia de izquierda que rige en el bloque que lidera y lideraba ya entonces, desde afuera, Venezuela.
El proceso penal
Tras el acontecimiento de Curuguaty, fueron procesados por la Fiscalía por homicidio doloso en grado de tentativa e invasión de inmueble ajeno el líder campesino Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López.
Por su parte, Alcides Ramírez y Juan Tillería fueron procesados por invasión de inmueble ajeno. Por frustración a la persecución y ejecución penal fue acusado Felipe Neri Urbina.
Los defensores Vicente Morales, Guillermo Ferreiro y María del Carmen Morales realizaron una serie de cuestionamientos a la labor de los agentes fiscales Jalil Rachid y Francisco Ayala, quienes asumieron la acusación.
La defensa pretende que primero se determine a quién pertenece la propiedad donde ocurrieron los hechos. El Estado, a través de la Procuraduría, pide que se anule la usucapión que le favoreció a la familia Riquelme, que lo inscribió como Campos Morombí, ya que consideran que Marina Cue, como la llaman los labriegos, sigue siendo del Estado. El litigio judicial se encuentra en la Corte.
Por su lado, la Fiscalía sostiene que, independientemente, ya sea que la propiedad es del Estado, o de los Riquelme, los ocupantes no tenían la autorización de su dueño para ingresar a la finca, por lo que de igual manera se configura el delito de invasión de inmueble.
La particularidad de esta causa es que los procesados por homicidio doloso lo están por tentativa, ninguno de ellos responde a la acusación del crimen como autor. Es decir, el Ministerio Público no pudo determinar quién disparó a tal agente policial y cuál fue el arma utilizada. Más bien, todos están procesados porque tuvieron una participación activa -a criterio de la Fiscalía- de realizar actos tendientes a cometer el crimen.
¿Quedarán las tierras en manos de los Riquelme o serán loteadas para las familias campesinas?