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La referida ley es una de las herramientas impulsadas para mantener la política macroeconómica estable heredada de los gobiernos anteriores y que hoy es destacada por los organismos financieros internacionales.
El gobierno de Cartes, sin embargo, a poco de aplicar, ya pretendió su suspensión y, luego, su modificación, a fin de ampliar el tope de déficit y endeudar más al país para invertir en obras.
La pretensión no prosperó por la oposición de los gremios empresariales, las prensa, los analistas económicos e, incluso, del FMI, que recomendó su cumplimiento para mantener la economía estable.
Cartes empezó su gobierno con déficit (más gasto que ingreso) y cerrará con déficit. En 2013 fue de 1,7% del PIB, y para este año se estima que rondará el tope de 1,5% de la Ley de Responsabilidad Fiscal (a julio el anualizado se situó en 1,4%).
Desde el 2004 al 2011, la administración central cerró con superávit, y ahora va por el séptimo año de saldo rojo, por lo que analistas económicos recomiendan encaminar las finanzas hacía un equilibrio fiscal en el futuro.
En medio de esto, se sumó la creación de una nueva “matriz salarial” desde 2015, lo que es blanco de críticas de analistas económicos, empresarios y legisladores, que proponen parar su implementación o dejar sin efecto, ya que triplicó los sueldos y las bonificaciones, que debían eliminarse, continuaban pagándose, incluso por parte del propio Ministerio de Hacienda, como parte de la campaña política oficialista.
Otro de los puntos altos fue el aumento de la recaudación tributaria a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que mediante controles y cruces de datos dejó al descubierto redes de megaevasiones en Asunción, Ciudad del Este y otras ciudades.
En contrapartida, el fisco se embarcó en una guerra sin fin con el sector privado (empresarios y contadores) tras modificar las reglas de juego para auditores impositivos, implementar el IVA a cooperativas y limitar la deducción de las inversiones del impuesto a la renta personal (IRP). Las primeras dos fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, y en el caso del IRP, cerca de 500 contribuyentes ya accionaron judicialmente.