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A finales del año 2015 sacudió a la ciudadanía el derrumbe del techo del Colegio Nacional de Lambaré sobre 13 alumnos y una docente, causándoles heridas.
Este episodio destapó la seria crisis de infraestructura escolar a nivel país, muchas de las cuales se deben a la corrupción imperante en algunos municipios y gobernaciones que dilapidaron recursos de Fonacide.
En Lambaré, el exintendente Roberto Cárdenas fue investigado (aún sin condena) por malversar recursos destinados para Educación y utilizar materiales de baja calidad para las obras escolares. Pese a la existencia de flagrantes pruebas de mal uso de los recursos, varios exintendentes y gobernadores –algunos reelectos– siguen impunes.
Del 2012 al 2017 los gobiernos departamentales y municipales recibieron más de US$ 197 millones en concepto de transferencias de recursos de Fonacide, sin embargo, a nivel país el 80% de las instituciones requieren algún tipo de reparaciones.
Cada año estamos ante la estampa de construcciones abandonadas, mal hechas o edificadas con materiales de mala calidad. Las denuncias de malversación de recursos espantan con sobrefacturaciones tanto en la compra de materiales como en la compra de artículos de la alimentación escolar, que este año no llegó de manera correcta a todos los municipios.
En esta danza de corrupción también son cómplices algunos directores departamentales del MEC quienes no denuncian los abandonos y no ejercen el debido control, al igual que muchos directores de instituciones y docentes que tampoco hacen uso de su obligación de denunciar irregularidades que afectan al buen desarrollo de la comunidad educativa, por cuestiones político-partidarias.
El Poder Legislativo tampoco se pronuncia para modificar la ley de Fonacide que reparte en inequidad, los recursos disponibles, destinando más fondos a las zonas afectadas por la represa de Itaipú, cuando las mayores y reales necesidades están en otras regiones del país, donde se concentran las matrículas de alumnos. Proyectar una ley de financiamiento educativo también es vital, basado en un plan de inversión.
* De un total de 7.209 instituciones a nivel país, 3.136 locales están en mal estado, y 1.541 presentan un estado regular. De este grupo de instituciones, 2.223 no cuentan con financiación alguna.
* Otros datos alarmantes proporcionados por el Banco Mundial en 2016 revelan que el 69,72% de instituciones no cuentan con servicio de agua potable y un terrible 71,27% de la instituciones aún utilizan letrinas como baños.
* En infraestructura se requieren adecuaciones institucionales y legales (incluyendo el alineamiento de las gobernaciones y municipios con las necesidades reales del territorio) que permitan aprovechar los recursos disponibles.