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Esta impunidad se dio cuando estaba al frente del Ministerio Público Javier Díaz Verón, que buscaba el rekutu y necesitaba del apoyo del Poder Ejecutivo presidido por Horacio Cartes.
El fiscal Alcides Corvalán solicitó la desestimación de la denuncia penal por prevaricato y producción de documento público de contenido falso contra los miembros de los integrantes del comité evaluador de la licitación para la instalación de un esquema de alianza público-privada (APP) en el aeropuerto.
El juez Rubén Riquelme rápidamente archivó el caso. El magistrado no le dio trámite de oposición, pese a que se trataba de una causa compleja y en donde estaba en juego el interés público.
Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía evidenciaron su sometimiento al poder político, atendiendo que detrás de este blanqueo estaba gente estrechamente vinculada al Poder Ejecutivo.