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Dos senadores tuvieron que dejar sus bancas y están imputados.
Caso contralor general: “Todo sigue igual; para tu tranquilidad, vamos a tratar de sacar la reunión lo más pronto posible (...) Te cuento nomás para que vos le cuentes a Enrique (García) que le estamos haciendo el seguimiento (...) Enrique tiene que ser un poquito más diplomático en algunas cosas ”. Fernández Lippmann hablaba con el senador González Daher sobre la denuncia contra el contralor.
El secretario de González Daher llamaba a la fiscala Nadine Portillo para “hacer seguimiento” de la causa abierta contra el contralor general de la República, Enrique García. La agente fiscal llevaba adelante la investigación contra García por el conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción, donde este se desempeñaba como asesor jurídico. El contralor está imputado en este caso.
“Un arreglo menos conflictivo”. El diputado cartista Néstor Ferrer, hijo del intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, llamó al secretario de González Daher para intermediar por un abogado amigo suyo. “Tengo un pequeño inconveniente. Necesito nomás que se le pueda llamar a un juez para que le reciba mañana a un abogado de nombre Óscar Mencia, que busca un arreglo menos conflictivo”.
Ataques contra fiscala. Los audios revelaron cómo Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero orquestaron ataques contra la fiscala Teresa Rojas, que investigaba un caso en contra de Luis Emilio Saguier Blanco, un “amigo” del parlamentario. El exministro del Interior defendía a Saguier en el marco de un proceso con la firma Electrofácil. Ambos se burlaban de la agente fiscal.
Beneficios al hermano de su jefe. En uno de los audios se le pudo escuchar cómo el secretario del senador cartista presionaba para beneficiar al hermano de este, el dirigente deportivo Ramón González Daher. En una conversación con la fiscala Karina Giménez, se escucha que esta trataba de mantener su cargo y decía que “trancaría” una causa de usurpación que afectaba al hermano del senador.
“Un tipo hablable”. Otro legislador que apareció en varios audios es el ahora exsenador Adolfo Ferreiro, averiguando sobre el caso del contralor Enrique García. En uno de los audios pregunta por el juez Rubén Riquelme a González Daher. “Es un tipo hablable”, le respondió.
El exdiputado cartista Óscar Tuma también apareció en los audios. En uno de ellos se le escucha preguntar a González Daher qué fue lo que le hizo firmar. El senador quería sancionar a los jueces de un caso vinculado a su hermano por haber dado una condena muy baja.
Imputaciones a la carta en el caso 31M. En una conversación con el abogado Carmelo Caballero, Fernández Lippmann relataba cómo un José (sería José Ortiz, gerente de Tabesa, del Grupo Cartes) compró voluntades pagando “120” para conseguir imputaciones en el caso de la quema del Congreso. Mencionaron incluso al mismísimo Javier Díaz Verón, entonces fiscal general del Estado.
Cartistas operaron por Javier Díaz Verón. En una conversación con el abogado Carmelo Caballero, Raúl Fernández Lippmann reveló que tanto Óscar González Daher como el gerente cartista José Ortiz Escauriza operaron para que Javier Díaz Verón sea elegido por el presidente Horacio Cartes nuevamente como fiscal general. “Me está ayudando muchísimo Javier”, le dijeron al mandatario.
“Que estén todos presos los del Congreso”. En un segmento de la conversación entre Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, el primero le señala que su proridad y la de José Ortiz Escauriza es “que estén todos presos los del Congreso”, y aclara que hace referencia a los supuestos responsables de la quema del Palacio Legislativo. Los hechos del 31M de 2017 siguen sin aclararse.
Cocinada en la Fiscalía General. En una conversación con la fiscala Nadine Portillo, Fernández Lippmann cuenta que quienes armaron la terna para fiscal general fueron Luis María Benítez Riera, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el presidente Horacio Cartes. “Yo entiendo que la candidata del Presidente es Sandra (Quiñónez)”, contaba el entonces secretario del JEM.
“Hay que hablar con Pucheta”. La influencia de Fernández Lippmann, protegido por el senador González Daher, llegaba hasta a la Corte Suprema de Justicia. En un audio se escucha que el exsecretario del JEM dice a un hombre de identidad desconocida que debían conversar con la entonces ministra de la Corte Suprema Alicia Pucheta, porque ella tenía su caso.
Usando su cargo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el senador Óscar González Daher negociaba sentencias para favorecer a sus amigos y correligionarios. En uno de los audios se escuchaba cómo llamaba a una jueza para interceder por su “amigo”, el exintendente de Mariano Roque Alonso Walberto Zárate. “¿En qué me podés ayudar, jueza? Ve un poco en qué le podemos ayudar”, le decía. También operó para favorecer al exitendente de Lambaré Roberto Cárdenas y a varios más. González Daher fue el primer senador en la historia en ser expulsado del Congreso por un caso de tráfico de influencias, pero volvió apenas meses después de la mano de Horacio Cartes.
El senador pro cartista Jorge Oviedo Matto, integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue descubierto pidiendo dinero a la fiscala Cassey Giménez para “ayudarla” después de haber sido trasladada por negarse a favorecer al amigo del hijo del fiscal general. “Cassey, amanecé mañana en el banco, Cassey. Yo te voy a solucionar eso”, se escuchaba decir a Oviedo Matto.
La propia Giménez reconoció el hecho y recordó que el senador le dijo: “Yo en este momento no tengo nada, tengo que ir al banco. El resto lo dejo para que lo interpretes”. Oviedo Matto renunció al cargo de senador cuando sus colegas debatían sobre la posibilidad de quitarle la investidura. Volvió meses después.
El diputado por Alto Paraná Carlos Portillo es otro de los políticos salpicados por el escándalo de los audios. El legislador liberal aparecía haciendo las veces de supuesto nexo de pago a dos camaristas de Alto Paraná para fallar a favor en un caso. Plantea mandar a un “familiar o amigo” para cobrar dinero y advertía a una mujer que se “tranquilice”.
Los camaristas serían Isidro “Cacho” González y Aniceto Amarilla, este último, ya involucrado en otro caso en que asesoraba a un exintendente para que negocie su caso sobre un supuesto desfalco de G. 21.000 millones a la Comuna de Hernandarias.
Portillo fue imputado por la Fiscalía por tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.