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Dos de ellos fueron denunciados ante fiscalía hace casi un año y no hay imputados.
Daños económicos millonarios deja el gobierno saliente en la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).
Uno de ellos se relaciona a la compra de medidores inútiles de la empresa española Magtel por US$ 8 millones y del sistema tecnológico de facturación por US$ 4,5 millones de la chilena Aqualogy. A más de dos años de la firma del contrato el software sigue sin funcionar. En octubre pasado la Essap dejó de pagar a la empresa por las anomalías en la provisión.
Otro negociado fue el relleno hidráulico en el Bañado donde se construye a cuenta gotas la planta de tratamiento de aguas residuales. Otorgó al Consorcio Bella Vista por US$ 8,5 millones (G. 49.000 millones), se infló a US$ 10,3 millones (G. 59.000 millones). Crédito Banco Mundial.
Posteriormente se detectó que el consorcio (integrado por la española Magtel y la estadounidense ERS) había facilitado documentos falsos para adjudicarse el contrato. Al saltar el caso a la luz pública Osmar Sarubbi, titular del ente, se vio obligado a dimitir (2013-2017), pero antes denunció el hecho ante la fiscalía. Casi un año después continúa sin imputados. El directorio de Essap integrado también Carlos Arce y Enrique Dami fue acusado además, de compras fuera de la Ley 2051, por valor de US$ G. 2,8 millones (G. 16.000 millones). La cartera de Hacienda denunció en setiembre de 2017 y nadie fue procesado. El mayor desafío del nuevo gobierno será limpiar esto y reducir sus pérdidas que rondan US$ 28 millones al año.