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Por instigar el asesinato del periodista de ABC Pablo Medina y de Antonia Almada (ejecutados el 16 de octubre del 2014) representan un antes y un después en la historia de la impunidad de la narcopolítica. El fallo fue dictado por el tribunal de sentencia presidido por Ramón T. Zelaya.
Otro antecedente positivo es la condena a la médica Perla Paredes Acosta, hija de la diputada colorada Perla Acosta de Vázquez, por cobro indebido de honorarios (percibía salario de cinco entes públicos y en algunos había superposición de horarios). En el 2014, el juez Gustavo Amarilla condenó a Perla a 2 años de prisión, con suspensión a cambio de regresar unos G. 376 millones a las arcas del Estado, donar otros G. 48 millones a entidades de beneficencia y prestar servicios en Clínicas de manera gratuita, durante dos años.
Por otro lado, en un juicio que concluyó en noviembre del 2016, el tribunal presidido por Mesalina Fernández condenó a nueve exdirectivos de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) a penas de 8 a 14 años de cárcel, por operaciones que causaron un perjuicio de US$ 48 millones.