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El fiscal adjunto Augusto Salas ratificó la desestimación de la denuncia, que en su momento realizó el fiscal Nelson Ruiz.
El juez Gustavo Amarilla había dado trámite de oposición, pero con la ratificación de la Fiscalía General, no tuvo otra salida que archivar el caso, con lo cual se blanqueó al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
Para justificar el blanqueo, Salas trajo a colación el dictamen elaborado por las peritas del Ministerio Público, arquitecta Olga Fleitas y la ingeniera Ross Franco, quienes dijeron que no encontraron anomalías, cuando se constituyeron en la cuestionada obra.
Los antecedentes revelan que el superviaducto fue construido a un costo de G. 124.210 millones y la obra fue adjudicada en una dudosa licitación pública a la empresa española Isolux Corsán, investigada en su país por participación en un esquema de coimas.