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El primer intento, con el aeropuerto, fue cancelado por la Contraloría.
En el marco de la Ley 5102/13 de Alianza Público-Privada (APP), y a un costo estimado de US$ 527 millones, el 14 de marzo del año pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó contrato con el consorcio “Rutas del Este”, liderado por la empresa española Sacyr e integrado por la portuguesa Mota-Engil y la paraguaya Ocho A. El objeto es duplicar los carriles de circulación vehicular de tramos de las Rutas 2 y 7, con variantes de circunvalación en las ciudades de Ypacaraí, Caacupé y Coronel Oviedo, con la finalidad de agilizar el tráfico, eliminando los cuellos de botella que representan los cruces urbanos.
Luego de un año de la firma de contrato, Rutas del Este no logró la financiación para la fecha establecida (14 de abril), por lo que el MOPC le otorgó una prórroga en abril pasado. El nuevo plazo vencería en octubre. La referida prórroga salvó al consorcio de una rescisión de contrato.
Recientemente, el MOPC informó que beneficiará a Rutas del Este con una nueva prórroga que está siendo “estudiada” por el ministro saliente Ramón Jiménez Gaona y su sucesor Arnoldo Wiens en una nueva adenda.
El primer intento
En abril del año pasado, la Contraloría General de la República dictaminó en contra de la adjudicación del aeropuerto por APP y pidió cancelar todo el proceso conducido por el MOPC, tras las denuncias de irregularidades en el proceso licitatorio.
La Contraloría concluyó que ninguno de los tres oferentes que se presentaron (Sacyr, Vinci y Cedicor) estaba en condiciones de competir y cuestionó la falta de claridad en el pliego.
* En el caso APP aeropuerto, la Contraloría, entre otros puntos, cuestionó también la decisión del MOPC de llamar directamente a licitación sin antes haber precalificado a los oferentes, entre los cuales estaba Sacyr, a la que ahora el MOPC ajudicó la APP de las Rutas 2 y 7.
* Sacyr tiene antecedentes de incumplimiento de contratos de construcción y de gestión de infraestructuras en varios países. Catalogada como proclive a valerse de concusionarios para maximizar indebidamente sus lucros mediante reclamos de sobrecostos al Estado.