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Siete preguntas básicas (y sus respuestas) sobre la filtración de la ‘lista Falciani’
Se conoce con este nombre la base de datos de clientes del banco británico Hong Kong Shanghai Banking Corporation (HSBC) de Ginebra que Hervé Falciani se llevó de la entidad entre 2006 y 2008, cuando trabajaba en esa sede como informático. Es decir, no es una lista de defraudadores fiscales, sino de clientes de una sucursal de un banco en Suiza.
Tras hacerse con esta base de datos, Falciani la entregó a las autoridades francesas. A raíz de esto, el país galo abrió una investigación contra el banco y contra algunas de las personas de la lista identificadas como defraudadores. A comienzos de 2010, además, se puso en contacto con los fiscos de varios países, España entre ellos, para facilitarles las listas de clientes. Cada Hacienda ha actuado a su manera. La española (N de la R: el material hace referencia a autoridades españolas al haber sido publicado por un medio español) –en ese momento adscrita al Ministerio de Economía y bajo el mandato de Elena Salgado– trabajó para depurar la lista, de alrededor de 3.000 integrantes, entre personas y empresas. Se quedó con 659 nombres, todos identificados como defraudadores fiscales. Les invitó a regularizar “voluntariamente” como si se hubieran arrepentido en vez de que les hubieran pillado, y librarse así del banquillo. Ese es el escándalo que en su día denunciaron inspectores y técnicos de Hacienda, ya que, aunque no es un procedimiento ilegal, sí es insólito.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Le Monde tuvieron acceso a toda la base de datos. Es decir, a más de 100.000 nombres de ciudadanos de más de 200 países. Si bien es cierto que se siguió la división por nacionalidades llevada a cabo en Francia, en esta ocasión se tuvieron en cuenta también las direcciones facilitadas por los clientes, a menudo más de una por persona. Por ello, los números de las listas de El Confidencial y de Hacienda no coinciden: este periódico ha tenido acceso a una lista de más de 4.000 nombres, 2.163 de los cuales estaban relacionados con un cliente del banco.
No, en un mundo con libertad de movimientos de capitales y sin controles de cambio de divisas, todo el mundo puede tener el dinero donde le plazca. Lo que es ilegal es no declarar los impuestos correspondientes a la Hacienda a la que uno está obligado a rendir cuentas, en el caso de El Confidencial, la española. El concepto de declarar es un poco confuso y se presta a muchas manipulaciones interesadas. Que la familia Botín tuviera 2.000 millones en Suiza no significa que “deba 2.000 millones a Hacienda”, ni mucho menos que los “haya robado”, como afirman algunos. Lo primero es el origen del dinero, que en muchas ocasiones proviende de actividades profesionales (como en el caso del exmagistrado del Supremo Ramón López Vilas) que debieron declararse. Lo segundo es el impuesto del patrimonio, cuando estuvo vigente, que gravaba el total de la fortuna y que normalmente tampoco se declaró. Finalmente está el Impuesto sobre la Renta, que se aplica sólo sobre las ganancias de ese capital (dividendos, intereses de cuentas, plusvalías en bolsa, etc). La elección de Suiza no obedece precisamente a la elevada remuneración de las cuentas corrientes en ese país, sino a su secreto bancario, que permite esconder ese dinero con el fin de no pagar impuestos. Y esa voluntad de ocultación agrava la ilegalidad.
Cualquier ciudadano ‘arrepentido’ puede regularizar en cualquier momento el dinero que tiene escondido en Suiza u otro paraíso fiscal haciendo una declaración complementaria y asumiendo el recargo por realizarla con el plazo vencido, así como la sanción que conlleva. Si se declara voluntariamente antes de que haya una inspección de Hacienda, se incurre en la llamada “excusa absolutoria”, que libra del delito fiscal. Para facilitar este afloramiento de dinero negro, Cristóbal Montoro aprobó su famosa amnistía fiscal en 2012, que permitía regularizar pagando sólo un 10% y únicamente por lo defraudado durante tres ejercicios (lo anterior estaba prescrito), a cambio de pagar impuestos en España por ese patrimonio a partir de entonces.
En primer lugar, porque revela el modus operandi para la ocultación de personas y patrimonios, normalmente a través de numerosas sociedades pantalla domiciliadas en paraísos fiscales (Islas Vírgenes, Panamá, Barbados…) y hombres de paja, con el fin de dificultar todo lo posible la identificación de los propietarios del dinero. Y porque es la primera vez en la historia que se descubren con nombres y apellidos las cuentas que grandes fortunas de todo el mundo escondían en un banco en Suiza. Los nombres que aparecen son de primerísima fila, tal como está publicando El Confidencial.
No hay que olvidar que estamos hablando de un solo banco, que además no es suizo, sino británico. A partir de ahí sólo se puede aventurar lo que debe de haber en los gigantes de la banca de ese país como UBS o Crédit Suisse, y en sus numerosas boutiques especializadas en los altísimos patrimonios.
No, ni tampoco lo hará el ICIJ.
Se trata de una base de datos que contiene información bancaria, además de personal, que no puede ser publicada en bruto y sin contexto, según ha evaluado este diario. En muchos casos se trata incluso de listas de nombres sin ninguna referencia añadida. Y, sobre todo, una enorme porción de la lista carece de interés general: la gran parte de los nombres son desconocidos para la opinión pública.