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Sin entrar a juzgar (todavía) la calidad de las obras, del gasto ni el millonario endeudamiento al que recurrió el gobierno de Horacio Cartes y que pagarán las posteriores generaciones, es justo reconocer que en los últimos cinco años ha habido construcciones públicas que, sin duda, generaron crecimiento económico, fuentes de empleo y mejora en la calidad de vida de la población.
“En estos cinco años de gestión, la inversión en obras llegará a los US$ 3.000 millones, que sobrepasa en volumen a lo ejecutado en los 25 años previos. Y las obras llegaron a cada rincón del país”, dice parte de un informe de gestión brindado recientemente por el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona.
De hecho, los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) confirman que la industria de la construcción ha venido creciendo y que proyecta una expansión del 3% al cierre de este 2018, de acuerdo a la última revisión del producto interno bruto (PIB), publicado a inicios de agosto.
Sin embargo, Paraguay todavía se encuentra rezagado en materia de infraestructura y está entre los países con menor desarrollo, de acuerdo con informes de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de las Naciones Unidas.
En uno de los gráficos, Paraguay “se lucía” en el puesto número 123 del ranking FIIC de infraestructura 2012, el menos competitivo en este grupo de 18 países. Los parámetros utilizados para esa calificación fueron la calidad general de infraestructura, de las carreteras, red ferroviaria, calidad portuaria y aérea, de suministro eléctrico y líneas telefónicas.
Datos del Foro Económico Mundial 2012-13 indican que nuestro país está entre los 10 peores países en el ranking de infraestructura; seis de ellos tuvieron guerras civiles (los africanos) y uno, Haití, catástrofes naturales.
Pero también hay estudios más recientes que no distan mucho de la realidad mostrada entre 2012 y 2013. Un documento sobre “Inversiones en infraestructura en América Latina” de Cepal, publicado en diciembre de 2017, hace referencia a nuestro bajo desarrollo de infraestructura, sobre todo vial.
El informe hace referencia a la incidencia de algunos países, en particular, en el desarrollo de Latinoamérica en materia de infraestructura (Argentina, Brasil Chile, Colombia, México y Perú), los que en conjunto representaron en 2015 el 85% del total del PIB de la región y el 76% del total de la población de esta parte del continente. En este escenario, Paraguay está por debajo del promedio de densidad de la red vial de la región y también abajo del umbral de 22,8 km de vías por cada 100 km2 de superficie.
“Por sus múltiples impactos económicos, sociales y ambientales, la infraestructura debe enfocarse de manera transversal en todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Tiene un papel clave en el crecimiento económico, propiciando la base sobre la que interactúan el resto de los factores de la producción”, resalta parte del informe de Cepal.
Precisamente, la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC) se ha expedido en más de una ocasión sobre la necesidad de mayor inversión en obras que generen impacto social. Son importantes los viaductos y túneles en Asunción y su área metropolitana, decía el presidente de la APC, Hugo Florentín, en una reciente entrevista con ABC, pero lo son más los caminos de todo tiempo en el interior del país, para que los pequeños productores agroganaderos puedan sacar sus mercaderías y las familias de menores recursos accedan a mejorar su conectividad y calidad de vida.
Como ejemplo, Florentín mencionó que hay zonas vulnerables como Alto Paraguay y el Chaco paraguayo, en general, en donde hasta hace una década no había ni un kilómetro de pavimento, y hasta hoy, toda la Región Occidental necesita integrarse más. Asimismo, en la Región Oriental siguen existiendo comunidades incomunicadas, como el sur de Ñeembucú o San Pedro, lo cual el ingeniero califica como algo “inconcebible” en pleno siglo XXI.
La calidad del gasto es otro de los temas que preocupan al empresariado de este sector. La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), presidida por José Luis Heisecke, ha denunciado violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas y otras normativas, porque el MOPC se pasó los cinco años de gobierno haciendo megaobras adjudicadas a empresas internacionales que subcontrataron a firmas locales, en lugar de encarar proyectos en paquetes de menor envergadura, que bien pudieron ser llevados adelantes por las compañías nacionales. Lo peor, según este gremio, es que muchas de estas obras se financiaron con fondos provenientes de la colocación de bonos soberanos, por lo que, indefectiblemente, estas debieron haberse destinado a la industria nacional, lo que a su vez hubiese generado en un mayor impacto de crecimiento económico para el país.
Todo esto, sin olvidar que los principales emprendimientos de Obras Públicas tuvieron cuestionamientos legales, sociales y económicos, denunciados mediáticamente y también ante la Contraloría y el Ministerio Público. Así, tenemos el caso del Metrobús, que no previó indemnizaciones a los numerosos afectados y hoy se tienen cientos de negocios cerrados en la avenida Eusebio Ayala, además de haber registrado incrementos sustanciales en el costo de la obra. Este emprendimiento se inició con un precio contratado de G. 300.417 millones por el tramo 2 y 3, y hoy la cifra trepó a casi G. 404.000 millones. Pero no solo llama la atención el aumento de la tarifa pagada a la contratista Mota Engil, sino, además, las reprogramaciones debido a que dicha empresa no ha cumplido los plazos establecidos inicialmente.
Además, el MOPC adjudicó este año el tramo 1 de la citada obra al consorcio de DC Ingeniería (Paraguay)-Stiler SA (Uruguay), por G. 134.579 millones. Este tramo afecta al microcentro y los entendidos consideran que es impracticable, porque, entre otras cosas, las calles son demasiado estrechas.
Otra obra cuestionada es el “superviaducto” de Madame Lynch y Aviadores del Chaco, que costó G. 124.210 millones y estuvo a cargo de la firma española Isolux Corsán, investigada en su país por supuesta participación en un esquema de coimas en varios países. El caso fue denunciado ante la Fiscalía, por obras faltantes dentro del proyecto, y aunque el propio MOPC reconoció esas falencias, el Ministerio Público sobreseyó a los principales denunciados (el ministro Jiménez Gaona y otras autoridades de la cartera).
Por otro lado, la Contraloría también indaga la obra Acceso Este, está judicializado la APP del aeropuerto, ha sido denunciada la duplicación de las Rutas 2 y 7, así como la cesión del puerto de Concepción al margen de la ley de APP a una firma privada llamada Baden, relacionada al padre del titular del MOPC. En esta misma lista está el corredor bioceánico a ser construido entre Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Loma Plata (Boquerón), el recientemente inaugurado “corredor de exportación” (Natalio-Los Cedrales) y varias obras de caminos en el interior del país.
Viendo todo este panorama, se puede concluir que al nuevo equipo de Obras Públicas que estará liderado por Arnoldo Wiens como ministro le queda la enorme responsabilidad de seguir invirtiendo, pero mejorando la calidad de gasto, teniendo una mejor planificación de cada proyecto, priorizando la inversión local y, sobre todo, evitando que las construcciones de infraestructura que tanto necesita el país sean utilizadas como fuente de negociados de las autoridades de turno.