Educación

La educación paraguaya se mantiene entre las peores del mundo hace casi dos décadas, según reportes anuales de organismos internacionales y de la primera evaluación censal presentada este año por el MEC que reveló que un 90% de niños y jóvenes escolarizados no logran los niveles óptimos de aprendizaje. A este panorama se suma la crisis de infraestructura donde el 80% de locales escolares requiere reparaciones o ampliaciones con un ministerio burocrático y magro en gestión cuyos esfuerzos aún no generan real impacto.

Durante el gobierno de Horacio Cartes la Educación tomó gran reelevancia tras la participación activa de los estudiantes secundarios quienes se convirtieron en los principales detractores y demandantes de acciones concretas para mejorar la calidad educativa.

Año tras año los lapidarios informes del reporte de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) nos ubican en las últimas posiciones de los indicadores de calidad en el sistema de educación general, además de la corrupción y el mal uso de recursos del Estado provocaron gran descontento en la sociedad, principalmente en los estudiantes, no solo del sector público sino también del sector privado.

Entre los grandes desafíos de la Educación del Paraguay está la puesta en marcha de una nueva reforma educativa que surja del consenso de todos los actores de la sociedad, para que se pueda disminuir los índices de deserción escolar que se da entre los 13 y 17 años además de brindar accesibilidad al sistema para reintegrar a más de 100.000 niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (2017).

Marta Lafuente fue la primera ministra de Educación de la era Cartes y desde su designación hubo rechazo y roces con los gremios de educadores que con la adhesión de unos 26.000 docentes protagonizaron la huelga más larga de la historia del sector, que duró casi un mes, en reclamo de mejores condiciones de jubilación y en esa ocasión se decidió descontarles los días no trabajados, que posteriormente fue regla ante los anuncios de paros o movilizaciones de los educadores.

Al año siguiente el sector reclamó el cumplimiento del Estatuto del Educador aprobado por ley en el año 2003 que establece pagos por antigüedad, escalafón docente, permisos de maternidad, bonificación familiar, que nunca se cumplieron cabalmente porque estaban sujetos a disponibilidad presupuestaria.

En este período Lafuente fue duramente cuestionada por despilfarrar en alquileres (US$ 3 millones); retrasar el pago de fondos por gratuidad (G. 15.000 millones); deber a la ANDE más de US$ 26 millones; por no ceder a la exigencia de los gremios de reajuste salarial de acuerdo a la inflación anual, entre otros.

En el mes de agosto de 2015, estudiantes del Colegio Cristo Rey de nuestra capital decidieron iniciar una sentata de protesta pacífica en el patio de su institución, para exigir calidad educativa.

Este movimiento se repitió en todo el país y luego convocaron, en el mes de setiembre del mismo año una histórica Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados (Mncpp), que reunió a más de 100 centros de estudiantes secundarios que obligó a las autoridades a centrar gran parte del debate en torno a la situación de la Educación.

A finales de 2015 sacudió a la ciudadanía el derrumbe del techo del Colegio Nacional de Lambaré sobre 13 alumnos y una docente, causándoles heridas. Este episodio destapó la seria crisis de infraestructura escolar a nivel país, muchas de las cuáles se deben a la corrupción imperante en algunos municipios y gobernaciones que dilapidaron recursos de Fonacide.

En Lambaré, el ex intendente, Roberto Cárdenas, fue investigado (aún sin condena) por malversar recursos destinados para Educación y utilizar materiales de baja calidad para las obras escolares. Pese a la existencia de flagrantes pruebas de mal uso de los recursos varios ex intendentes y gobernadores, algunos reelectos, siguen gozando de impunidad.

En mayo de 2016 las respuestas del gobierno se quedaron en el papel y los estudiantes secundarios tomaron los colegios. El caso de sobrefacturación del llamado “cocido de oro”, adquirido a G. 80.000, y el agua mineral a G. 10.000 la botella, precios ampliamente superiores a la media del mercado fue uno de los detonantes de estas acciones, además de la noticia de otros derrumbes de instituciones públicas.

La primera toma se inició en el Colegio República Argentina donde unos 20 estudiantes de la Organización Nacional Estudiantil, emplazaron a Marta Lafuente que renuncie. Luego de tres días de tomas de varias instituciones Lafuente renunció y fue nombrado para destrabar la crisis, Enrique Riera, y el propio presidente Horacio Cartes firmó una acta de compromiso con los jóvenes protagonistas de las tomas.

Enrique Riera logró instalar una mesa de trabajo estudiantil (MTE), en la que cada mes informaba a los estudiatnes sobre los avances en sus reclamos. Paralelamente pretendió impulsar la gestión de recursos disponibles para infraestructura de los Fondos para la Excelencia que estaban congelados desde el 2014, además de solicitar que se declare a nivel nacional una emergencia en infraestructura escolar para acelerar los procesos de adjudicación de obras sin lograr apoyo del Parlamento.

La primera gran licitación tuvo que descartarse por serias irregularidades.

En setiembre de 2016 empezaron los roces entre Enrique Riera y los estudiantes quienes anunciaron nuevas movilizaciones. Riera empezó a realizar comentarios polémicos como que los alumnos que se movilicen y tengan exámenes “tendrán un gigantezco cero”, recordándo además a los docentes que se quieran plegar a los paros que por “Día no trabajado, día no cobrado”.

Ese mismo año se acuerda instalar el salario básico profesional del educador y tras varios paros durante el 2016 y 2017 los gremios logran un reajuste (16%) y aumento gradual que se dará cada año hasta alcanzar los G. 3.000.000.

Durante el mandato de Enrique Riera se sucedieron una seguidilla de desplomes de techos, tanto así que se llegó a calcular que por cada mes de su mandato caía el techo de una escuela. Por tal motivo se tomó la decisión de realizar un informe sobre la situación edilicia de las instituciones educativas a nivel país, de la que se dedujo que más del 54% estaban en malas condiciones y que el déficit de Déficit de inversión en infraestructura escolar superaba los US$ 870 millones.

La crisis de infraestructura fue tal que de un total de 7.209 instituciones del sector oficial el 80% requieren reparaciones. El reporte arrojó un total de 3.909 instituciones estaban en en mal estado (500 en estado crítico, 91 en peligro de derrumbe, y 2.223 sin proyectos de inversión). A esto se suma la falta de agua potable en gran parte de las escuelas (69.72%), que incluso aún utilizan letrinas (71,27%), según un informe del Banco Mundial.

Enrique Riera dejó organizados los equipos de trabajo para impulsar la gestión de los recursos antes de renunciar al cargo para convertirse en suplente número 1 del presidente Horacio Cartes en su carrera por la senaduría durante la elecciones presidenciales. Tras él asumió el cargo Raúl Aguilera que consiguió que se avancen en las obras tras advertir a los contratistas que habría rescinción de contratos en caso de no acelerar las construcciones.

El ministro Raúl Aguilera también ha impulsado el estudio de una nueva Reforma Educativa, que ya no tiene marcha atrás según sus propias palabras.

Entre las acciones positivas que emprendieron las distintas autoridades del MEC, entre el 2013 y 2018 se pueden destacar la primera Agenda Educativa del ministerio que presentó una hoja de ruta de lo que iba a hacer en educación.

El MEC, además concursó y obtuvo recursos financieros para el desarrollo infantil temprano, logrando que más de 20.400 niños y niñas de 3 y 4 años asistan a la escuela. Se inició la modalidad no formal con servicios como talleres para madres gestantes, para familias, programas de difusión radial, atención directa a niños, maestras mochileras; entre otros formando a más de 3.300 miembros de familias vulnerables. También se habilitaron aulas hospitalarias.

Más de 37.000 docentes participaron de ofertas de actualización y especialización, además varios de ellos fueron becados al exterior. Unos 933 establecimientos educativos fueron fortalecidos estructuralmente al igual que 28 institutos de formación docente. Se entregaron libros de lectura y guías didácticas, para alumnos de la Educación Media y docentes de todo el país por valor aproximado de US$ 18.500.000.

Por primera vez en la historia, se logró pasar de una evaluación estandarizada muestral a una evaluación censal, lo que se traduce en la disponibilidad de datos de desempeño académico de todos los estudiantes del 3.er, 6.to, 9.no grados de la Educación Escolar Básica y del 3.er curso de la Educación Media, en las áreas de Comunicación (Lengua y Literatura Castellana y Guaraní) y matemática, cuyos resultados confirmaron el pésimo estado de la educación.

Paraguay actualmente está participando en mediciones educativas internacionales de gran escala, tales como: PISA para el Desarrollo impulsada por la OCDE, TERCE y ERCE del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE) de la UNESCO. El financiamiento de las evaluaciones estandarizadas asciende a US$ 13.349.833 hasta el 2021.

En el presente periodo 1.332.952 estudiantes fueron beneficiados con la distribución inicial de los kits escolares incorporándose por primera vez kit diferenciado a estudiantes de la Educación Técnica, con énfasis Administración de Negocios y Contabilidad. Asimismo, se incluyeron por primera vez 3 textos nuevos actualizados (Lengua, Historia del Paraguay y Matemática) para Educación Media beneficiando a 205.807 alumnos.

En el marco de la Política de transparencia, el Ministerio de Educación fue el primero en poner a disposición información en formato en Datos Abiertos. Asimismo ha implementación del Registro Único de estudiantes (RUE), con lo cual se puede saber cuantos alumnos realmente cuenta el sistema educativo. Anteriormente se hacía un cálculo aproximado.

La política de nutrición pasó del 90% del almuerzo escolar basado en alimentos deshidratados en el año 2013 a la mejora en la calidad del almuerzo escolar incorporando una dieta con alimentos sanos y frescos al 2018 y basado en la agricultura familiar que diariamente beneficia en Capital a 49.191 estudiantes con merienda escolar y 33.489 estudiantes con almuerzo.

La era de Cartes está marcada por una gestión con luces y sombras en cuanto a Educación Superior en estos cinco años. Envió miles de becarios al exterior a capacitarse. Destapó la estafa de más de 10.000 estudiantes por parte de universidades “garajes”. Se clausuraron institutos “mau”y se  crearon dos universidades con rigor académico internacional. Si bien hizo su parte, no fue suficiente y ya quedará en manos del mandatario entrante el desafío de sacar a la educación terciaria de la crisis.

La crisis se da debido a que pululan las universidades “garajes” con escasa calidad de enseñanza que lanza al mercado profesionales incapaces, pocos preparados y que son un potencial peligro para la sociedad, especialmente si hablamos del ámbito de la Salud.

En Paraguay operan 55 universidades (46 del sector privado) y 36 institutos superiores (8 del sector público). El órgano regulador es el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y se creó en el año 2013. El mismo fue muy fortalecido por el Gobierno de Horacio Cartes. Dos años después de su creación el mandatario le otorgó un presupuesto inicial de G. 1.900 millones y hace poco le cedió un local propio.

El organismo, en el 2015 empezó a inspeccionar la situación en la que se encontraban, principalmente en el ámbito académico, las instituciones. Destapó la asquerosa estafa a más de 10.00 estudiantes por parte de las universidades de "garajes" que si bien fue un golpe duro para el alumnado, sin duda, fue una necesidad. Varios otorgaban títulos de Enfermería, Medicina, Ingeniería, entre otros, con escaso rigor académico, científico y en cursos con nula carga horaria: algunos iban dos horas, tres veces a la semana, y otros más descarados sólo daban clases de dos horas los días sábados. Varias de estas casas de altos estudios tienen como propietarios, rectores o padrinos a políticos parlamentarios.

El Cones clausuró desde el 2013 al 2018 unas 2.664 carreras o programas de distintas instituciones educativas terciarias. También cerró el Instituto Superior Santa Librada y el Instituto Superior Latinoamericano, cuyas leyes de creación fueron derogadas en el Parlamento. En todos estos años no dio visto bueno para habilitar ninguna universidad.

Sin embargo, el gobierno de HC, mediante convenios internacionales, abrió dos universidades en cinco años. La primera fue la Universidad Paraguayo-Alemana (UPA), en el 2014 y la otra es la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP), en el 2018. Cuando se tratan de acuerdos políticos, el Cones no necesita dar su visto bueno para que sea habilitada la institución. Sin embargo, queda a su cargo habilitar cada una de las carreras impartidas por estas universidades.

El Cones tiene un consejo de 13 integrantes. Lo conforman rectores de universidades públicas y privadas, sector empresarial y estudiantado. A este órgano rector, sus principales detractores, en su mayoría también dueños de universidades que no forman parte del consejo, exigen que este ente rector de la educación terciaria no esté "gobernada" por los propios rectores de universidades. Exigen que esta institución estatal sea imparcial dirigida por educadores autónomos. "El zorro cuidando del gallinero", denunciaron. Este tema tuvo amplio debate, inclusive, en el seno del Parlamento. Por otra parte, el Cones aún no cuenta con un registro de la cantidad de estudiantes universitarios existentes en el país.

Las universidades estatales son las que mejor prestigio gozan en el país a pesar de que algunas de sus facultades tienen una malla curricular un tanto desfasada. No se fomenta la investigación científica, motivo por el cual no figuran entre las mejores en los ránking del mundo. Para figurar en ellos se deben publicar revistas investigativas, además de otros requisitos como contar con un prestigioso plantel académico, bibliográfico, etc.

La Universidad Nacional de Asunción (UNA), en 5 años, solo llegó a publicar 277 documentos científicos, en tanto que el promedio –en ese mismo periodo– de las mejores universidades del mundo es de 4.700 artículos científicos. Todas las universidades paraguayas están fuera del ranking mundial y coloca al país con la educación más mediocre.

Esta casa de altos estudios se vio sacudida, en estos años, por dos acontecimientos que la marcaron. El primero ocurrió en septiembre de 2015 y fue denominado “La primavera estudiantil”. Un grupo de alumnos tomó el campus y la sede del rectorado de la UNA debido a los insostenibles hechos de corrupción que azotaban a la institución educativa. La manifestación fue denominada “UNA no te calles” y concluyó con la caída y encarcelamiento en Tacumbú del entonces rector, Froilán Peralta y la renuncia masiva de 11 de los 12 decanos de su entorno.

Otro de los casos que azotó con fuerza a esta casa de altos estudios fue el brote de brucelosis en el campo de práctica de la Facultad de Veterinaria UNA en octubre de 2017. Se detectó el contagio de la brucelosis de cabras a cerca de una docena de personas entre estudiantes y docentes. La entonces decana, Azucena Cabrera incluso intentó ocultar el caso. Lo que motivó su salida de la institución.

El director general del Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior Don Carlos Antonio López (Becal), Federico Mora, explicó 1.500 jóvenes se especializaron en más de 30 países en las 50 mejores universidades de todo el mundo. El desafío del gobierno entrante será generar empleo para los becarios que están retornando a modo de evitar la “fuga de cerebros”.