Economía

 Siempre que se hable en términos macroeconómicos, Paraguay se destaca por la tendencia de crecimiento que se arrastra desde hace más de cinco años. La cifra de expansión del producto interno bruto (PIB), que no es más que la suma de la producción de todos los sectores económicos (primario, secundario y terciario), se estaría ubicando en torno a los 4,7% al término del corriente año, de acuerdo a la última revisión del Banco Central del Paraguay (BCP), presentada a inicios de agosto.

Si eso traducimos en valor monetario, la estimación del PIB paraguayo para el cierre de 2018 rondaría los US$ 43.776 millones, lo que al mismo tiempo se traduce en un PIB per cápita de US$ 6.208, de acuerdo con la información oficial.

Según el Banco Central, la expansión de la economía se da en gran parte por el desempeño de las ramas de comercio y gobierno general dentro del sector terciario (servicios), mientras que en el sector secundario (industria) la principal contribución es por la dinámica de la industria manufacturera, las construcciones y agua y electricidad.

Pero esas cifras de nivel macro no son precisamente lo que cada paraguayo está produciendo ni mucho menos percibiendo, sino simplemente son valores promedios que nos sirven de referencia.

Para la economista Gladys Benegas, es destacable el crecimiento ininterrumpido en los últimos cinco años, y que eso no va para atrás, sino que es un comportamiento que va constantemente para arriba. “La economía va mejorando en indicadores macro. Lo que todavía la economía no llega a hacer es una mejor distribución de lo que significan esos 4,7%, por la concentración en determinadas actividades económicas”, señaló.

Según la profesional, para que el crecimiento se vea reflejado en mayores ingresos y calidad de vida de las familias, hace falta apuntar al desarrollo de las empresas pequeñas, de modo que estas puedan tener mayor productividad. Esto es importante, sobre todo considerando que más del 80% de nuestra economía se mueve gracias a las micro, pequeñas y medianas empresas de los diferentes rubros.

Pero, en particular, es importante el desarrollo del sector frutihortícola de los pequeños productores, con miras a apuntar a un Paraguay como proveedor de alimentos para el mundo; pero no como productor de soja o carne, acotó Benegas, que sí son importantes y nos van dando las bases para el crecimiento, sino que hoy necesitamos un proceso de industrialización y sofisticación de los productos que estamos proveyendo.

“Procesamiento de todo tipo de productos, de tal forma que el Paraguay también pueda entrar a competir en ese tipo de productos que hoy está limitado a la provisión de la importación”, dijo la economista. Para ello, es importante la inversión privada, que se dará en mayor medida únicamente si el empresariado siente la seguridad de que no le van a cambiar las reglas de juego.

Por otro lado, además de una mejor distribución del crecimiento, otro tema que se le ha reclamado al gobierno saliente tiene que ver con la administración de los recursos estatales. La deuda pública total es una de la más pesadas cargas que deja la gestión de Horacio Cartes a la ciudadanía, pues trepó de US$ 4.174,2 millones en 2013 a US$ 7.761,3 millones a junio del presente ejercicio, según los datos del Ministerio de Hacienda. Aumentó 85,9% en cinco años, principalmente por la emisión de bonos soberanos y actualmente representa el 24,3% del PIB.

El nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez, tal como coinciden en recomendar los analistas económicos, tendrá que poner un freno al acelerado ritmo de endeudamiento público para evitar problemas de crisis en el futuro. Además, se debe respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un tope al déficit fiscal de 1,5% del PIB y, por ende, al endeudamiento público. De hecho, economistas sugieren que se debe apuntar a volver a un equilibrio fiscal como se tenía antes de 2012.

Para ello, es necesario mejorar la calidad del gasto público, reducir los gastos corrientes, hacer más eficiente el Estado y generar un mayor margen para que las inversiones en infraestructura se puedan realizar con recursos genuinos, porque hoy prácticamente depende del endeudamiento para financiarse.

“En primer lugar, no podemos seguir creciendo vía deuda. En estos últimos cinco años, lo que hemos visto es que se entró en un endeudamiento que está bien en un inicio, pero en este momento también tenemos que considerar otras fuentes para que el sector privado se sienta con confianza para invertir en el país, vía APP, y esa confianza está sujeta a las condiciones de riesgo”, señaló la economista Benegas.

En cuanto a los impuestos, los gremios empresariales se han pronunciado acerca de que la nueva administración debe trabajar para reducir la evasión, y esto requiere seguir modernizando y simplificando el sistema tributario. La Unión Industrial Paraguaya (UIP), Asociación Rural del Paraguay (ARP), Cámara de Supermercados, Cámara de Centros Comerciales y varias nucleaciones afines han emitido sendos comunicados para exhortar al nuevo gobierno a no agregar nuevos impuestos, sino ampliar la base de los contribuyentes.

La seguridad jurídica es otra de las preocupaciones del sector privado. El gobierno de Cartes generó una crispación constante con los contribuyentes de los diversos sectores al modificar las reglas de juego para recaudar más; por citar algunas: la resolución que crea nuevos requisitos para auditores impositivos, el IVA a cooperativas y los límites para deducir inversiones del Impuesto a la Renta Personal (IRP). Todos estos casos fueron judicializados y los dos primeros ya fueron declarados inconstitucionales, por lo que ahora resta el fallo de la Corte Suprema de Justicia con respeto al IRP.

El futuro ministro de Hacienda, Benigno López, sobre este punto, ya anunció recientemente su interés en buscar una solución con los contribuyentes; además, aseguró que no se planteará una suba de impuestos, y que cualquier modificación será dialogada con los sectores afectados.

El nuevo gobierno también tendrá en su agenda el combate al desempleo y los índices de pobreza y pobreza extrema. Los datos oficiales de Estadística, Encuestas y Censos hablan de 300.000 pobres extremos (con menos de un dólar por día de ingreso) y cerca de 1.200.000 pobres (que no logran cubrir todas sus necesidades básicas). Según informes de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), la pobreza extrema de Paraguay se redujo de un 11,7% en 2010, a 4,41% en 2017, y ahora, el Equipo Nacional de Estrategia País (Enep) planea una reducción para el 2030 al 3%.

Los especialistas advierten que es necesario acompañar las políticas de reducción de pobreza monetaria con acciones que promuevan mejoras en la calidad de vida de las personas, acceso a servicios básicos, infraestructura, viviendas dignas, entre otros puntos que garanticen no solo llegar a una cifra, sino lograr el desarrollo humano a través de un crecimiento más inclusivo. En tal sentido, el Enep hizo hincapié en la necesidad de incrementar esfuerzos en el área rural, donde la pobreza extrema es mayor que en el área urbana.

En cuanto al desempleo, hay iniciativas promovidas por los empresarios, como la ley del empleo parcial. Esta propuesta, que será presentada próximamente al Parlamento, fue fruto de un consenso entre gremios empresariales, la mayoría de las centrales de trabajadores y el Ministerio del Trabajo.

Precisamente, la generación de fuentes de trabajo es un pilar importante para nuestra economía. De acuerdo con los datos brindados por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), en su publicación “Desafíos del Empleo Juvenil en Paraguay”, la tasa de desempleo juvenil total llega al 11%, siendo mayor el de la zona urbana, con un promedio en el período estudiado del 14%, duplicando a la tasa de desempleo total del país (7%), mientras que el subempleo afecta al 26 de la población joven, frente al 15% de los adultos.

Al desagregar dicha tasa de desempleo juvenil se observan diferencias importantes según el sexo. Mientras la tasa promedio de desempleo de los hombres es de 10,8% durante el periodo analizado, la tasa de desempleo de las mujeres alcanza un promedio de 17,3%. En lo que respecta a la tasa de subempleo, específicamente en el segmento urbano, se ha reducido bastante, pasando del 30% en el 2010 al 15% para fines del 2016.

Ante esta realidad, una de las medidas planteadas por algunos sectores es el seguro por despido, como lo tienen otros países. El economista César Barreto dijo que contar con un seguro le permitirá a esa persona desempleada ocasionalmente disponer de un recurso o ahorro hasta que consiga un nuevo empleo sin descuidar el mantenimiento de su hogar o compromisos asumidos.

En el ámbito financiero, uno de los temas controversiales que quedan en manos del nuevo gobierno es la definición sobre los topes a la tasa de interés a las tarjetas de crédito. A través de la Ley No 5476, en el 2015 se introdujeron límites a las tasas del citado producto financiero, debido a las altas tasas que se cobraban en el mercado. Del 48% que se cobraba antes de esta ley, pasó a un promedio actual del 13%, generando además de millonarias pérdidas en el segmento financiero, la salida de alrededor de 200.000 usuarios del sistema formal. Para llenar esta demanda, floreció un nuevo nicho de negocios, el de las casas de crédito, con tasas que superar el 80% de interés anual. La aprobación reciente de modificaciones a la Carta Orgánica del BCP, permitirá al ente monetario entrar a regular a nuevos jugadores, que incluirá a las casas de crédito.

En cuanto a la política energética nacional, el principal desafío que tendrá el gobierno de Mario Abdo es la preparación para la renegociación del Tratado de Itaipú, que tendrá lugar en el año 2023, cuando se revisen las condiciones financieras del instrumento regulador de la entidad. Ante este desafío, los especialistas del sector opinan que la mesa negociadora debe estar integrada mayormente por técnicos para asegurar la defensa de los intereses de la sociedad en este tema, considerando la nefasta experiencia de las recientemente aprobadas notas reversales al tratado de Yacyretá, que debilitaron aún más la posición paraguaya en la entidad compartida con Argentina.

Pero volviendo a Itaipú, cualquiera sea la alternativa lograda –dependiendo de la capacidad de los negociadores– sea que se obtenga un menor precio de la tarifa, como consecuencia del pago íntegro de la deuda, o sea que se mantenga la tarifa y se obtenga un bono anual de US$ 1.000 millones de dólares, el país debe prepararse para hacer un aprovechamiento eficaz de esos recursos, a través de un plan para el destino de los mismos.

Con referencia a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), mandataria del Paraguay en ambas entidades binacionales, el déficit principal se concentra en la red de distribución, cuyos problemas hoy impiden la prestación de un servicio eficiente que perjudica a miles de familias y también industrias.