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En marzo pasado, el mundo conoció a Dinho en una faceta inesperada: la de presidiario. De la mano de la empresaria Dalia Angélica López Troche, el exfutbolista llegó a nuestro país para realizar actividades de beneficencia para la Fundación Fraternidad Angelical y lanzar su libro, además de inaugurar un casino. Sin embargo, fue procesado y encarcelado antes de que pudiera realizar las actividades que lo trajeron a nuestro país por primera vez.
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El motivo fue que tanto la cédula de identidad como el pasaporte paraguayos que tenían su hermano y él eran falsos. El número correspondía a los documentos de otras personas, la foto no era la reglamentaria. Además de Dinho y su hermano, fueron procesados con relación al caso el empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira y otras veinte personas, entre gestores, funcionarios de Migraciones, departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac).
Souza Lira aprovechó la concesión del arresto domiciliario para fugarse con destino desconocido hasta el momento.
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Sindicada por una testigo como la persona que gestionó directamente la obtención de la documentación falsa, Dalia López Troche fue procesada y cuenta con orden de captura internacional desde el 20 de marzo. Fracasado el intento de litigar desde la clandestinidad, Dalia permanece con paradero desconocido desde entonces.
Para Dinho y su hermano Roberto, luego de pasar un mes en la Agrupación Especializada y otros cuatro con arresto domiciliario en el hotel Palmaroga, la pesadilla se terminó en agosto, cuando el juez Gustavo Amarilla otorgó suspensión condicional del procedimiento al exfutbolista y condenó a su hermano a dos años, con suspensión a prueba de la condena.
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Como reparación del daño social ocasionado, el exastro del fútbol mundial pagó 90.000 dólares, de los cuales US$ 60.000 fueron destinados a la lucha contra el Covid-19 en el Hospital de Clínicas y US$ 30.000 para la campaña “Todos por Bianca”, la niña que sufre atrofia muscular espinal.
Por su parte, Roberto de Assis pagó US$ 110.000 como reparación social del daño ocasionado, destinados al Ministerio de Justicia para la lucha contra el Covid-19 en las cárceles de todo el país, con la adquisición de insumos y equipos de bioseguridad.
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Niña desaparecida en Emboscada
El 15 de abril de 2020 a las 10:00 una niña francesa que, al día de hoy ya tiene 8 años, se perdió de una propiedad del complejo Monte Pacará de Emboscada, departamento de Cordillera. Sin embargo, la mamá que está relacionada con un hombre de nacionalidad alemana, denunció el hecho solo cuando la Policía llegó esa propiedad. Más adelante, el 4 de mayo, madre y padrastro fueron detenidos.
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El caso que ya lleva ocho meses abierto resulta el más complicado hasta hoy día para los agentes de los departamentos Contra el Crimen Organizado y Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional, así como para los fiscales Carlos Maldonado, Gedeón Escobar, María Irene Álvarez y Lorenzo Lezcano, del Ministerio Público.
Tanto la Policía como la fiscalía, con apoyo de Bomberos Voluntarios, se movilizaron en reiteradas ocasiones por distintas localidades de los departamentos de Cordillera y Central en busca de la niña o alguna pista de la misma. Incluso la Policía francesa tuvo intención de intervenir.
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En uno de los tantos allanamientos en el complejo de Monte Pacará se levantaron varias evidencias como celulares, dispositivos de almacenamiento y computadoras portátiles, así como prendas de vestir con rastros de sangre, que más adelante se confirmó era humana, lo que puso en mayor alerta a los investigadores.
La madre y el padrastro de la pequeña fueron imputados por el equipo fiscal por los hechos punibles de abandono y violación del deber de cuidado. Tras una pericia a los celulares del alemán, se constató la existencia de fotografías de la niña, con tinte sexual, por lo que se amplió la imputación contra el europeo por pornografía infantil.
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Desde mayo, la mamá de la pequeña está privada de libertad en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), en Cambyretã, departamento de Itapúa, mientras que el padrastro está preso en el penal de Emboscada.
En setiembre, ambos debieron ser sometidos a diligencias como evaluación psiquiátrica y psicológica para la construcción de sus respectivos perfiles, pero debido a incidentes planteados por la defensa a cargo del abogado Máx Narváez, las mismas se pospusieron. Finalmente ambos se negaron a ser sometidos a esta pericia.
Igualmente se les debió extraer muestras de ADN para llevar a cabo una comparación con los rastros biológicos hallados en las evidencias levantadas. La madre y el padrastro también se negaron a este proceso, por lo que la madre fue imputada por desacato. Ante este contexto, los fiscales solicitaron al juzgado de Caacupé la extracción de muestras a los abuelos maternos, diligencia que sí se realizó.
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Ya en noviembre, el abogado defensor de la madre y el padrastro plantearon ante la Corte Suprema de Justicia un hábeas corpus reparador a fin de que se le otorgue la libertad a sus defendidos por compurgamiento de pena mínima.
El 10 de diciembre pasado, los ministros que integran la Sala Penal de la Corte Suprema, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes rechazaron el pedido argumentando que el máximo tribunal no es una tercera instancia, mientras que Manuel Dejesús Ramírez Candia, votó por que se otorgue la garantía constitucional.
El mayor decomiso de cocaína
En junio de este año fue detectado en el puerto de Amberes, Bélgica, una carga de 3.400 kilos de cocaína oculta en bolas de carbón vegetal, que fue embarcada desde un puerto privado de Paraguay. Ese operativo fue el inicio de las investigaciones que terminaron el 19 de octubre último, cuando la Policía incautó 2.906 kilos de la droga, en un puerto de Villeta lo que a la fecha es el mayor decomiso en nuestro país.
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Tras aquel trabajo efectuado en una de las mayores terminales portuaria de Europa, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) se contactaron con sus pares de la de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía Nacional, quienes silenciosamente iniciaron el seguimiento de aquel envío, que terminó en poder de los organismos de seguridad belga.
El primer logro de los agentes antidrogas de la Policía fue ubicar e identificar al hombre que había comprado el cargamento de carbón vegetal utilizado para ocultar aquella carga de cocaína, presuntamente de origen boliviana, descubierta en Europa.
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Fue así que los investigadores comenzaron a seguir y a interceptar todas las comunicaciones del abogado Cristian César Turrini Ayala, de 49 años de edad, un exdirector de la Televisión Pública en nuestro país..
Los policías del SIU se enteraron de que Turrini ya estaba iniciando las gestiones para la compra de otro enorme cargamento de carbón vegetal, que acopiaba en un depósito ubicado en el barrio Universo de la ciudad de Mariano Roque Alonso.
Pero en el proceso de la investigación, esta vez apareció otra persona, el abogado Alberto Antonio Ayala Jacquet, de 35 años de edad, quien llegó a ser funcionario de la Fiscalía hasta que dejó la institución para dedicarse al rubro de exportación, principalmente de carbón. El mismo sorpresivamente reactivó una empresa unipersonal para alquilar los contenedores, dentro de los cuales debían ser remesadas las bolsas de carbón vegetal desde el puerto privado de Terport de Villeta hasta el de Amberes, en Bélgica.
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El nuevo envío de carbón que se estaba gestando alertó a los agentes, quienes comenzaron a seguir muy de cerca las actividades de Turrini y las de su socio comercial. Fue así que a comienzos del mes de octubre confirmaron que el carbón ya estaba cargado en 11 contenedores.
Finalmente, en la tarde del lunes 19 de octubre, los agentes de la SIU apoyados por efectivos del departamento Atinarcóticos de la Policía allanaron el puerto privado, en el momento justo, en el que embarcaban los 11 contenedores a una barcaza que los llevaría hasta el Río de Plata, donde nuevamente iban a ser trasladados a un buque trasatlántico cuyo destino final era Europa.
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En el primer vagón registrado esa noche, los agentes encontraron los 2.331 kilos de la droga. Las revisiones de los demás contenedores continuaron durante toda la semana, hasta que en la mañana del viernes 23 de octubre los agentes descubrieron otros 575 kilos de cocaína. Al mismo tiempo, otro grupo de uniformados, por orden de la fiscala Elva Cáceres procedían a la captura de Turrini y su socio comercial Ayala Jacquet, quienes hasta la fecha son los dos únicos detenidos y procesados como responsables del enorme cargamento de droga confiscada.
Fuga cinematográfica de la cárcel de Pedro Juan
Al menos 76 convictos se fugaron de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero en la madrugada del 19 de enero. El masivo escape desnudó las falencias del sistema penitenciario del país y la debilidad de las autoridades carcelarias ante el poder de influencia que ejercen los narcotraficantes.
La mayoría de los evadidos eran integrantes de la poderosa organización criminal brasileña Primer Comando da Capital (PCC), quienes se escaparon a través de un túnel cavado por ellos mismos, mientras que el resto lo hizo a través de las puertas principales de acceso al penal, que los custodios dejaron abiertas.
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La masiva fuga de presos provocó un escándalo en el Gobierno Nacional y tuvo repercusión internacional a través de los medios de prensa, en especial los brasileños.
El suceso costó el cargo del director general de Establecimientos Penitenciarios, Joaquín González Balsa, quien de inmediato fue sustituido por Teófilo Báez Zacarías. También fueron cesados el director de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero, Cristian González, y el jefe de seguridad del reclusorio, Matías Báez, arrestados y procesados junto con 28 guardiacárceles que se encontraban de guardia en ese momento.
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Según los datos, hasta el momento fueron recapturados 22 fugados, mientras que uno cayó abatido en Ponta Porá (Brasil) durante un intento de asalto. Se trata del paraguayo Gustavo Ariel Talavera Olivella.
Laboratorio de cocaína en Tacumbú
En un operativo sorpresa efectuado el 23 de octubre efectivos de varias unidades policiales y funcionarios de la Fiscalía descubrieron la existencia de un laboratorio improvisado para procesar cocaína que funcionaba dentro de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
El procedimiento se concretó en horas de la madrugada para evitar la rápida reacción de los guardiacárceles y rodearon el Pabellón 5 de Admisión. En el lugar encontraron 2,5 kilogramos de cocaína, más de 3 kilos de “crack”, pasta base y también marihuana.
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Los intervinientes hallaron además más de 12.040 dólares, 500 euros y 176.571.000 guaraníes, que se encontraban en poder del recluso Jaime Franco, quien es sindicado como el “cabecilla” del esquema delictivo. También se decomisaron 47 aparatos celulares, armas blancas, documentos varios, equipos informáticos para cajas de cobranzas (POS), equipos de Routers WiFi y de computadoras.
Encabezaron el operativo la ministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas, y los agentes fiscales Federico Delfino, Marcelo Pecci y Alicia Sapriza. Esta última manifestó que el laboratorio funcionaba “a la vista de todos”, tanto de los reclusos como de los funcionarios penitenciarios.
Tras el hallazgo, la ministra Pérez dispuso que todos los agentes penitenciarios que tenían a su cargo la custodia del pabellón allanado fueran sumariados.
Asesino de Pablo y Antonia
En el año 2020, seis años después de su cobarde asesinato, finalmente el periodista de ABC Color Pablo Medina Velázquez obtuvo justicia. Fue con la captura en Brasil del último involucrado que seguía prófugo, Wilson Acosta Marques, quien fue justamente el que remató al corresponsal con un tiro de escopeta en la cabeza.
Wilson Acosta Marques, de 49 años de edad, fue arrestado el 29 de mayo de 2020 por la Policía Civil del Brasil en una vivienda rural del municipio de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, a 1.160 kilómetros del distrito paraguayo de Ypejhú, que a su vez fue por muchos años el feudo del ahora ya desarticulado clan Acosta.
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El sicario vivía en condiciones muy precarias con su familia en una zona de serranías. Los uniformados brasileños tuvieron que entrar a la zona en un transporte escolar, para no ser pillados.
Wilson estuvo fugitivo desde el 16 de octubre de 2014, cuando junto a su sobrino Flavio Acosta Riveros mataron al corresponsal de ABC Color Pablo Medina Velázquez, de 53 años, y a una de las acompañantes de este, Antonia Maribel Almada Chamorro, de 19 años. Wilson usó una escopeta calibre 12 y Flavio actuó con una pistola calibre 9 milímetros.
El crimen sucedió en el municipio de Villa Ygatimí, aunque fue ordenado y coordinado desde Ypejhú, por el entonces intendente de ese distrito, el colorado Vilmar Acosta Marques, alias Neneco, quien es el hermano menor de Wilson y tío de Flavio.
Vilmar, alias Neneco, fue capturado en Brasil en marzo de 2015 y extraditado a Paraguay en noviembre de ese año. Actualmente, cumple una condena total de 39 años, en carácter de autor moral.
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Flavio está preso en Brasil desde enero de 2016, en espera del inicio del juicio por el doble homicidio. No fue traído a Paraguay porque la justicia local lo considera un ciudadano brasileño. Wilson también sigue esperando que se decida si lo van a juzgar como brasileño o como paraguayo.
El único que ya cumplió su pena por este hecho fue Arnaldo Cabrera, exchofer de Neneco, quien estuvo encerrado cinco años por omisión de dar aviso de un hecho punible.
Sin duda el 2020 quedará en la historia por los temas policiales y judiciales que traspasaron nuestras fronteras, pues tuvimos a un astro del fútbol mundial como paraguayo por seis meses, asimismo la fuga de 76 reos de una cárcel, sin que nadie se diera cuenta, es digna de una serie televisiva. Además la mega carga de droga que descubrieron los agentes de la Policía Nacional y no los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) volvió a poner en el tapete la rivalidad entre ambas instituciones estatales este año.