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En los últimos años, el país logró algunos avances en cuanto al combate contra la corrupción, con hechos trascendentes en la historia de la democracia. Entre ellos, resalta la pérdida de investidura de legisladores investigados, el inicio de procesos contra distintas autoridades estatales como un ex fiscal general del Estado, la revelación de esquemas de coimas y la renuncia de parlamentarios por presión ciudadana. Este 2019 también tuvo sus avances en la búsqueda de la transparencia de la función pública.
<b>Victorias históricas </b>
Primera condena a un legislador nacional
Sin duda, una de las mayores victorias ciudadanas se produjo con la condena del ex legislador colorado Víctor Bogado, quien postergó su llegada a esa instancia durante cinco años, desde que se dio la apertura del proceso en su contra. Podría decirse que Bogado recurrió a todas las chicanas existentes en el Código Procesal Penal.
La investigación del caso más conocido como “niñera de oro”, que salió a la luz en el 2013, dio a conocer que Gabriela Quintana, quien habría sido niñera de los hijos de Bogado, tenía un sueldo en Diputados sin trabajar ahí y en simultáneo fue contratada en Itaipú, donde cobró otro sueldo. Lo hizo gracias a gestiones del exlegislador, según se demostró en juicio oral y público. Entonces el parlamentario era titular de la Cámara Baja.
Cuando se destapó el caso ante la opinión pública, fue desvinculada de la binacional. El 7 de mayo del 2014, la “niñera de oro” depositó la suma de G. 71.683.460, que percibió en concepto de salario de Itaipú, en una cuenta del Banco Nacional de Fomento a disposición de la binacional, donde también fueron depositados los G. 34.579.994 que la entidad le pagó a modo de indemnización por “rescisión de contrato”.
La apertura del proceso por parte del Ministerio Público fue en el 2014, y desde entonces durante cinco años tanto Bogado como Quintana realizaron una serie de maniobras judiciales para evitar ser sometidos a juicio oral y público. El 3 de mayo del presente año, el Tribunal de Sentencia halló culpable al exlegislador de cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice, mientras que fue absuelto del delito de estafa, razón por la cual no fue condenado con prisión.
Gabriela Quintana también fue condenada por cobro indebido de honorarios, pero ninguno de los dos irá a prisión porque en ambos casos se procedió a la suspensión de la ejecución penal, por lo que deben realizar actividades sociales como compensación. Si bien el castigo no consiste en la pena privativa de libertad, el hecho se convirtió en un hito histórico al tratarse del primer congresista condenado por un caso de corrupción.
Juicio oral y público para Óscar González Daher y Fernández Lippmann
A finales de 2017, estalló uno de los casos más grandes y que mayor polémica causaron en el área judicial y política debido a la cantidad de autoridades involucradas: los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Si bien las primeras grabaciones no causaron mucho impacto, incluso Óscar González Daher –entonces senador y titular del JEM– se había desmarcado de su secretario Raúl Fernández Lippmann al asegurar que no sabía de las negociaciones del funcionario para favorecer a conocidos en procesos judiciales y señalar que procedería a un sumario administrativo en su contra.
Más tarde, se divulgaron alrededor de 300 audios de conversaciones que involucraban directamente al político colorado en las negociaciones con casos judiciales. En algunos se escuchaba su voz. Se vio obligado a renunciar a su titularidad en el JEM, en su objetivo de apaciguar a la opinión pública.
Apartarse de su cargo en el Jurado no fue suficiente. Ante la crisis política y judicial instalada en el país, se constituyó en el primer legislador en ser echado del Congreso por sus colegas en la era democrática. Fue imputado el 28 de diciembre de 2017 por asociación criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado (soborno).
Sin embargo, esto no lo detuvo; se volvió a candidatar como senador para las elecciones de 2018 dentro de las filas de Honor Colorado, en busca de inmunidad. Y efectivamente, fue reelecto, en el marco de las listas sábana.
Dos meses después de que los parlamentarios juraran y asumieron sus funciones en el Congreso, el 24 de setiembre de 2018, fue imputado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, junto a su hijo, Óscar González Chaves, concejal de Luque. En esta ocasión, sí fue derivado a prisión.
Todo apuntaba a que perdería su investidura por segunda vez en el plazo de un año. Entonces, apurado por la vergüenza que significaría un segundo desagravio, fue él quien presentó su renuncia de manera apresurada, de la misma manera en que sus colegas aceptaron su dimisión al cargo y pusieron punto final al paso de OGD por el Congreso en dos periodos consecutivos.
En prisión, junto a su hijo, trató de abandonar la Agrupación Especializada en varias ocasiones. Tuvo éxito el pasado 30 de julio, cuando el juez Humberto Otazú consideró que ya no había ni peligro de fuga ni de obstrucción a la investigación penal.
Ambos fueron acusados, y el Ministerio Público pidió elevar el caso a juicio oral y público; para el efecto, está fijada la audiencia preliminar para el 18 de diciembre.
Tanto Óscar González Daher como su exsecretario Raúl Fernández Lippmann interpusieron una serie de recursos judiciales para trabajar el caso, que finalmente fue elevado a juicio oral y público el pasado 29 de noviembre, por tráfico de influencias y asociación criminal.
Investigación sobre Ramón González Daher y su hijo Fernando Ramón González Karjallo
Durante el 2018, para ser precisos, en agosto, se dio a conocer un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Todo el clan González Daher era investigado por movidas sospechosas de unos G. 8 billones.
En ese contexto, también saltó el nombre de su hermano, Ramón González Daher, quien entre el 2013 y el 2017 movió una gran cantidad de dinero. Según la Seprelad, se detectó una diferencia de G. 7.939.724.096.065, de origen desconocido y difícil de justificar.
Sin embargo, en ese tiempo, los únicos procesados por supuesto lavado de dinero fueron Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves.
Solo un año después de que se dieran a conocer estos datos, el fiscal Omar Legal presentó imputación contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por usura y lavado de dinero. Después, el juez Humberto Otazú admitió la imputación de ambos y resolvió enviarlos a prisión preventiva. Desde entonces, Fiscalía tiene seis meses para terminar la etapa investigativa.
Sin embargo, “en el año de gracia” que le dieron a Ramón González Daher, consiguió que Justicia le permitiera transferir parte de sus inmuebles, a pesar de que existía una medida administrativa en la Dirección Nacional de Catastro que lo prohibía.
Acusación a ex fiscal general del Estado
Javier Díaz Verón, quien fue la máxima autoridad del Ministerio Público durante el gobierno de Horacio Cartes, fue imputado el 13 de agosto de 2018 por enriquecimiento ilícito. Tras estar prófugo durante unos días, se entregó a la Justicia y fue a prisión el 5 de setiembre de ese mismo año al Centro de Reclusión Militar de Viñas Cue, porque su defensa alegó que tenía amenaza de muerte y no podía ir a Tacumbú.
Su esposa, Selva Morínigo, fue imputada por presunto lavado de dinero, y en ese momento ya fue beneficiada con arresto domiciliario. El pasado 28 de febrero, el juez Julián López ordenó el arresto domiciliario del ex fiscal general luego de que su abogado argumentara que necesitaba estar fuera de Viñas Cue por problemas de salud.
El 13 de agosto de este año, el Ministerio Público acusó a su ex máxima autoridad por supuesto enriquecimiento ilícito, bajo la tesis de que existen unos G. 10.000 millones que no puede explicar.
Tarjeta roja en Estados Unidos
Otra gran victoria, en ese contexto, fue la más reciente declaración hecha por los Estados Unidos que designó a Javier Díaz Verón y Óscar González Daher como “significativamente corruptos”. Es una designación a perpetuidad, que implica que se les prohíbe a ambos, como a sus respectivas familias, el ingreso al país norteamericano. Tampoco pueden manejar allí finanzas ni bienes raíces.
Imputación a Miguel Cuevas
El diputado de Colorado Añetete Miguel Cuevas fue denunciado por un concejal de Ybycuí, el 11 de noviembre del año pasado, por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza. Sin embargo, desde un primer momento, el entonces titular de la Cámara Baja negó todas las acusaciones y aseguró que se trata de una persecución política por parte de Honor Colorado.
Comenzó la investigación fiscal y el 31 de julio de este año, el Ministerio Público lo imputó por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Esto se dio tras un análisis de varias evidencias y contrastación de informaciones, testimonios y pericias, según comentó el fiscal de la causa Marcos Alcaraz.
El agente, además, había señalado que su trabajo se vio bastante retrasado por una gran cantidad de recusaciones y plazos procesales. El Ministerio Público tomó para la investigación el periodo que abarca entre el 2009 y el 2019, lapso en el cual encontró G. 1.700 millones que supuestamente no se pueden justificar, en cuanto a la desproporción con los ingresos del parlamentario.
Luego de la imputación, la defensa de Cuevas presentó un incidente de nulidad, que fue rechazado el pasado 29 de noviembre de 2019, por lo cual el Ministerio Público deberá llegar hasta el final de la pesquisa y decidir si lo sobresee o acusa.
Cuevas fue intendente de Sapucái en 1996, cargo en el cual permaneció dos periodos. Luego fue administrador del puerto de Paranaguá, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. En el 2013 dejó dicha institución para ser gobernador del departamento de Paraguarí.
<b>Dilaciones y retrocesos </b>
Abroquelamiento en Diputados
Una de las sesiones que mayor decepción ciudadana causaron fue, quizás, la del 9 de octubre, cuando se trató sin muchos rodeos la pérdida de investidura de tres legisladores investigados por la justicia: Caso Portillo, Tomas Rivas y Ulises Quintana.
Los “caseros de oro”
En el caso del diputado Tomás Rivas, este fue imputado en mayo de 2018, por los presuntos hechos de estafa en calidad de autor y cobro indebido de honorarios como cómplice, por el caso de sus “caseros de oro”: Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.
Fue acusado el 22 de noviembre pasado por la Fiscalía, que solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público, puesto que los investigadores consideran que Rivas supuestamente contrató a tres de las personas que trabajaban en su casa en la Cámara Baja, sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los mismos cobraban sin cumplir ninguna función en el Congreso.
El legislador colorado fue incluido en el proceso porque refrendaba con su firma la lista de asistencia de los caseros que, aparentemente, era llenada con firmas falsas. Además, según datos, dos de los empleados de Rivas realizaban actividades en ciudades del interior como Ybycuí, Salto del Guairá y Mbuyapey, departamento de Paraguarí, mientras que el tercero sería trabajador de su casa en Lambaré.
Sin embargo, a pesar de todos estos indicios en su contra, sus colegas decidieron mantener a Rivas en la Cámara.
Caso Portillo: un año archivado
El 15 de noviembre de 2017 se dio a conocer un audio en el cual el legislador Carlos Portillo pedía unos 3.000 dólares a cambio de favorecer a Auda Fleitas en un caso judicial a través de nexos con camaristas de Alto Paraná. Supuestamente, el magistrado Isidro González le solicitó el dinero para sacar la resolución, a la que solo faltaba su firma.
El propio diputado reconoció que era él quien hablaba, pero dio a entender que todo se trató de malas interpretaciones, y más tarde sostuvo incluso que los audios fueron adulterados. “La forma en que hablé con esa señora no era así, y para demostrar eso tengo un acta notarial donde la señora me ha pedido disculpas, me ha enviado mensajes diciendo que fue presionada y que cambió todos los audios para enviarles a los periodistas, porque hay gente que me quiere perjudicar”, se excusó.
Agregó que él siempre pensó que se hablaba del expediente y que no entendió lo que ella le estaba diciendo “con mala intención”.
El 9 de enero de 2018, la fiscala Liliana Alcaraz imputó al diputado Carlos Portillo (PLRA) por tráfico de influencias, soborno en grado de autor; cohecho pasivo, como cómplice, y asociación criminal. También fue imputada la abogada Lucía Escobar, quien supuestamente actuó de nexo para pedirle a Auda Fleitas, que tenía un conflicto judicial, el pago del mencionado soborno.
El 19 de julio, la fiscala Liliana Alcaraz pidió que el teléfono celular del diputado Carlos Portillo fuera objeto de pericia, así como el de Auda Fleitas. El 28 de agosto de ese año, la Cámara de Apelaciones decidió que la causa del legislador sea llevada a Alto Paraná, por pedido de este último. Portillo había presentado una acción para impedir la pericia de su móvil, lo cual no ha sido resuelto hasta la fecha, y el caso quedó trabado.
De igual manera, el 12 de noviembre de 2018, la Fiscalía acusó a Portillo y pidió que su caso sea elevado a juicio oral y público. Sin embargo, debido a las reiteradas chicanas presentadas por la defensa del legislador, un año después del pedido de que se eleve el caso a juicio oral y público, no se pudo hacer la audiencia preliminar para el efecto.
Ulises Quintana, acusado por supuestos nexos con el narcotráfico
El caso de Reinaldo Javier Cabaña, más conocido como Cucho, tuvo su inicio el 6 de setiembre de 2018, cuando la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanó 15 locales en simultáneo en Ciudad del Este, Alto Paraná, con la detención de Cucho, supuesto líder del esquema de narcotráfico. Esa siesta ya se supo que una camioneta que estaba a su nombre se encontraría en poder de un diputado colorado.
Más tarde se comprobó que el diputado Ulises Quintana (Colorado Añetete) era quien estaba al mando de dicho rodado, quien manifestó que solo lo estaba utilizando para probarlo porque tenía intenciones de comprarlo.
En el marco del operativo “Berilo” también, dos días después, se allanó la Comisaría Nª 8 de Nueva Londres, porque, según las investigaciones, el 28 de agosto de 2018, unos días antes, fue detenido Diego Miguel Medina Otazú, quien sería el secretario de Cucho y se iba a Asunción con una suma US$ 190.000 para la supuesta compra de droga. Ahí es donde aparece otra vez el nombre de Quintana.
Lea más: La sospecha contra Quintana
La Fiscalía tiene escuchas en las que se comprueba que Cucho habló, supuestamente, en calidad de abogado personal, aunque él era diputado nacional, para perdirle que le ayudara con ese inconveniente. Ante ellos Quintana le consultó si “la plata está limpia” y si no necesita “maquillar”. Luego de que el legislador hablara con la dependencia policial, los efectivos liberaron el dinero e hicieron figurar que solo se trataba de US$ 18.000 el monto que se incautó.
La Fiscalía presume que un monto quedó para la repartija entre uniformados. En ese marco, todos fueron detenidos e imputados, desde el secretario de Cucho hasta los policías que participaron en ese operativo. También Ulises Quintana fue imputado por supuesto tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El político altoparanaense fue a prisión preventiva a la cárcel de Viñas Cue el 21 de setiembre de 2018. En varias ocasiones intentó abandonar la prisión. El 8 de julio de este año logró salir. El pasado 13 de setiembre, el Ministerio Público acusó al diputado colorado por lavado de dinero, narcotráfico y asociación criminal.
El 30 de noviembre pasado, Ulises Quintana volvió a prisión por resolución de la jueza Alicia Pedrozo, a quien su defensa recusó esa mañana para tratar de evitar la audiencia de revisión de medidas.
Todos los hechos que se le atribuyen a Quintana ya estaban en conocimiento de sus colegas; sin embargo, su pérdida de investidura también fue cajoneada por los diputados como parte del abroquelamiento corporativo.
Hasta ahora, el político sigue presentando todas las chicanas existentes para tratar de trabar su caso y hacer que se extinga. Los parlamentarios analizarán probablemente, una vez más, su pérdida de investidura. Cabe recordar que Quintana ya lanzó su candidatura para la intendencia de Ciudad del Este y asegura que todo esto se trata de una persecución fiscal y política.
<b>Malos manejos en el Indert</b>
Juicio oral y público para Justo Cárdenas
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se vio envuelto en una serie de escándalos desde el año pasado, cuando el 17 de julio de 2018 el fiscal Jalil Rachid imputó al entonces titular del Indert, Justo Pastor Cárdenas, por tala de árboles en calidad de instigador, además del incumplimiento de medidas de mitigación en calidad de autor.
La situación, realmente, se complicó para Cárdenas cuando la agente fiscal Natalia Fúster imputó y ordenó la detención de Justo Cárdenas, extitular del Indert, por presunto enriquecimiento ilícito, porque según la Fiscalía existirían más de G. 2.600 millones sin justificar. En ese marco, también fueron imputados los tres hijos de justo por lavado de dinero.
El juez penal de garantías Rolando Duarte decidió remitirlo, el 3 de diciembre de 2018, al penal de Tacumbú. La defensa de Cárdenas presentó en varias ocasiones incidentes y acciones para tratar de revocar la prisión preventiva sin éxito. Recién el 13 de agosto de este año la Cámara de Apelaciones resolvió revocar la privación de su libertad y otorgarle medidas alternativas.
Luego de nueve días, el pasado 22 de agosto, las fiscalas de Delitos Económicos Josefina Aghemo y Sussy Riquelme acusaron al extitular del Indert por enriquecimiento ilícito y pidieron que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Así fue como, el 13 de noviembre, el juez Humberto Otazú elevó a juicio oral la causa contra Justo Cárdenas y sus dos hijos.
Esquema de coimas
Cuando faltaban apenas meses para terminar el año, el 1 de octubre, la Fiscalía allanó las oficinas del Indert por un supuesto pedido de coimas que rondarían los US$ 20.000. En esa fecha se dio a conocer una serie de grabaciones de conversaciones, tanto directas como telefónicas, entre Albino Méndez –quien buscaba titular las tierras de su hija– y Carlos Soler –exgerente del Indert–.
En las conversaciones también es involucrado el entonces director de la oficina del Indert en el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente. Este decidió renunciar luego de que ventiló el caso, y esa misma tarde la Fiscalía imputó tanto a Gómez de la Fuente como a Soler por cohecho pasivo agravado.
Cuando Soler hablaba del pedido de dinero, hacía referencia siempre a que la solicitud venía de autoridades más altas de dicha institución estatal. Siempre enfatizaba en que la suma era para “ellos”.
El presidente del Indert, Horacio Torres, al ser abordado sobre el tema, había manifestado que no sabía nada sobre este esquema de coimas, pero reconoció que ya había recibido algunas denuncias respecto a Soler, a quien destituyó. Indicó que no renunciaría al cargo. No obstante, una semana después, Torres dimitió y el Ministerio Público habló de la posibilidad de que existan más imputados en la causa, pero desde entonces no hubo noticias del caso.
El desafío para el 2020
En conclusión, se puede decir que el 2019 tuvo una gran cantidad de movidas en el ámbito principalmente judicial, en la búsqueda de dar claridad a los casos en los cuales se sospecha que existe corrupción. Los procesos son lentos, turbulentos y burocráticos, y pueden extenderse a través de recursos, acciones e incidentes. De alguna manera, el inicio de las investigaciones fiscales son un indicio positivo de depuración de las instituciones. No obstante, con la cantidad de trabas existentes, queda en la ciudadanía el hartazgo y la duda de si alguna vez los casos llegarán a su fin y, por sobre todo, si se hará justicia o un blanqueo, como ha ocurrido en varias ocasiones.
Por otra parte, queda claro que la clase política todavía no tiene la suficiente valentía para sacar de sus filas a aquellos que, según se ha podido ver, realizaron maniobras que se enmarcan en lo que sería el uso indebido de influencias. Esta “defensa" puede deberse al “compañerismo", corporativismo, conveniencia o miedo. Lo cierto es que varios de los cuestionados continúan ocupando un lugar en la función pública, por lo que depurarla de corruptos será el principal desafío de cara al año que viene.