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En la semana del Día de la Amistad, Mario Abdo Benítez necesitó más que nunca de sus amigos. La noche del jueves 1 de agosto fue de idas y vueltas en la residencia presidencial. Lujosas camionetas entraban y salían desde la noche y las reuniones se extendieron hasta la madrugada. Diputados y senadores negociaban con el presidente los términos de su inminente destitución a través de un juicio político.
La situación no daba para más. El 24 de julio se divulgó un documento secreto firmado con el Brasil dos meses antes, el 24 de mayo — Día de María Auxiliadora —. Ninguno de los puntos acordados favorecía al Paraguay.
Es más, era inminente que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) cedía sus derechos sobre el gigante vecino en una cadena interminable de desidia e irresponsabilidad que terminó por lograr la calificación de entreguista para el gobierno de Abdo Benítez, que había asumido el cargo menos de un año antes.
El senador colorado y viejo zorro político Juan Carlos Galaverna, uno de los que asesoró al presidente en la negociación para salvar su pellejo en el juicio político, conversó ese mismo 2 de agosto con la prensa en Palacio de López. El veterano legislador, que peleó mil batallas políticas, suspiró y dijo “si ustedes vivían lo que nosotros vivimos ayer a la noche especialmente…”. Un periodista le preguntó directamente: ¿cómo fue la noche con Mario Abdo Benítez?
— Si no estuviésemos en una instancia tan seria y tan solemne te hubiera contestado ¡nderakore!
El acta secreta
Para comprender el intento de juicio político al presidente Mario Abdo y al vicepresidente Hugo Velázquez, es necesario entender al acta firmada con el Brasil el 24 de mayo. Este documento fue divulgado por Pedro Ferreira, quien en ese momento era presidente de la ANDE y por el gerente técnico Fabián Cáceres. El texto, que constaba de varios puntos, cedía soberanía sobre Itaipú en cuanto la energía eléctrica que correspondía a Paraguay.
Para tratar de explicarlo de manera simple, Paraguay logró en 2007 un precio preferencial sobre la energía eléctrica excedente de Itaipú a cambio de ciertas concesiones para el Brasil. En esta ocasión, Brasil imponía acuerdos al Paraguay que eran lesivos para los intereses económicos de la ANDE. Se habló de un excedente de US$ 300 millones que debía costear la ANDE cada año en caso de que esa acta fuera aprobada. ¿Quién ibar a cargar con la responsabilidad? Sí, el usuario consumidor de la energía eléctrica.
Hubo una cadena de responsabilidades que se fue develando con el tiempo: desde el presidente de la República, Mario Abdo, pasando por el entonces canciller Luis Alberto Castiglioni; el embajador de Paraguay en Brasil, Hugo Saguier Caballero; el ingeniero Alcides Jiménez — un funcionario de ANDE que tras la renuncia de Pedro Ferreira se convirtió en presidente de la entidad por menos de una semana — y el director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete. Todos fueron eventualmente reemplazados por orden de Abdo, tras haber sido obligados a renunciar.
En el medio aparecía también un jugador clave e importante: el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
“Pillos y peajeros”
La rabia ciudadana comenzó a desatarse cuando el presidente Mario Abdo dijo, el 25 de julio pasado — un día después de la denuncia y renuncia de Pedro Ferreira —, que Paraguay “ya no podía ser un país pillo. Tenemos que ser un país serio (...) no quiero sentarme en una mesa porque yo mismo actúo como un peajero y trato de sacar pequeña ventaja en vez de construir autoridad e integridad de cara a la negociación que vamos a tener en 2023”, refiriéndose a la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que deberá establecer nuevos precios de la energía eléctrica para ambos países.
De esa conferencia de prensa salió el término despectivo de pillos y peajeros. Sí, nosotros los paraguayos.
La semana siguiente y al borde de la cornisa, el jefe de Estado habría de reconocer que se equivocó en esas expresiones porque fue mal asesorado por Cancillería y no estaba en completo conocimiento del documento firmado con el Brasil. Cabe recordar a estas alturas que el Presidente es el responsable de todas las relaciones internacionales del Paraguay: lo dice la Constitución.
Más contento que “perro con dos colas”
Así calificó Galaverna a Marito al mediodía del 2 de agosto después de la tensa noche y madrugada vividas. También dijo que finalmente se había convertido en un estadista, al sobrellevar la situación.
Consultado el senador colorado sobre cuáles fueron los factores determinantes para lograr desactivar el juicio político, respondió: “Paciencia, templanza y la bendición de Dios. Más lo último que los primeros”.
La paciencia, la templanza y la bendición de Dios tenía en realidad nombres y apellidos: Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de la República del Paraguay y Jair Bolsonaro, presidente de la República del Brasil. Sin las decisiones tomadas por ellos dos difícilmente habría un Mario Abdo y un Hugo Velázquez en Palacio de López hoy.
El jueves 1 de agosto, por la tarde, la bancada cartista de Diputados se había unido en sinfonía con todas las demás opositoras. Quedaba desguarnecida la caballería de Abdo. Los números también cerraban en el Senado. El plan estaba listo: El nuevo presidente de la República sería el liberal Blas Llano, presidente del Congreso, quien asumiría el cargo tras la doble acefalía y convocaría a nuevas elecciones. Un episodio más, un juicio político más en la historia de la República del Paraguay.
Del otro lado del ring, apareció Marito y respondió en su cuenta de Twitter:
— ¡Acepto la pelea, por un Paraguay sin mafias!
No decía quién era su contrincante, pero tampoco hacía falta. Porque la palabra mafia alude a una sola persona: su antecesor en el sillón de López.
Existen muchas versiones de una divergencia sobre los destinos del Paraguay aquella noche. Mientras unos negociaban para evitar los votos, otros hablaban de una reunión convocada por Llano. Dos mundos paralelos peleando por el poder.
Impredecible como es, Horacio Cartes ordenó a través de su portavoz, el presidente de la Asociación Nacional Republicana y diputado de la Nación, Pedro Alliana, que se reculara con el juicio político.
El expresidente ya había dado pruebas de sus decisiones cambiantes cuando primero dijo que no buscaría la reelección, pero después dijo que sí. Aunque después le envió una carta al Congreso para decirle que desistió de la reelección, pero meses después, en marzo de 2017, volvió a decir que sí; pero esa es otra historia.
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Un espaldarazo del Brasil
El 26 de julio, dos días después de filtrarse el documento secreto entreguista, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, publicó un tuit en el que aseguraba que Abdo siempre defendió los intereses del Paraguay. Una semana después y también como Marito, Bolsonaro se tragó sus propias palabras y aceptó anular el documento. Fue el 31 de julio, la misma noche ajetreada del presidente paraguayo.
“Saludando al presidente @MaritoAbdo por la defensa tranquila y firme de los intereses paraguayos. El contrato de contratación de energía, previsto en el Tratado Binacional de Itaipú Binacional, fortalece las buenas relaciones entre nuestros países y nos permite continuar trabajando juntos por nuestros pueblos”, publicó Bolsonaro el 26 de julio. El 31, la historia sería distinta. El documento finalmente quedó formalmente anulado a mediados de agosto pero eso sí: Brasil reivindicaba su postura en cuanto a los términos que se firmaron. Era, claramente, un favor de amigo hacia Abdo.
A cambio de qué
En política el motor es el interés y nada es gratis. Rápidamente surgió la pregunta de qué pidieron Cartes y Bolsonaro a cambio de sostener a Abdo en el poder.
Por parte del expresidente, el pedido de inclusión dentro de Gabinete primero fue solapado, pero después directo. Hasta hoy no existen cartistas al frente de los ministerios, aunque Cartes deslizó específicamente el planteamiento de que se le dé más importancia a sus dirigentes de base y mandos medios dentro del Gobierno. Desde inicios de año reprochó que sus leales eran echados de los entes públicos.
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En relación a Bolsonaro se tejieron varias teorías entre las que resaltó que supuestamente el acta entreguista favorable al Brasil se firmó a cambio de la construcción del puente entre Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil), en donde intervendrán empresas paraguayas y se hará una inversión de US$ 75 millones.
Otra de las hipótesis fue que el líder brasileño quería asegurarse de tener un aliado no solo de cara a la renegociación del Anexo C en 2023, sino en toda la región: en ese momento Argentina, Bolivia y Uruguay tenían previstas sus elecciones presidenciales entre octubre y noviembre de este año y nada estaba resuelto.
El ‘Joselo Affaire’
El 30 de julio se conoció el que sería tal vez el enlace más fuerte entre el acta entreguista y Bolsonaro. A estas alturas aparece un ignoto protagonista llamado José Rodríguez González, un joven abogado que se presentó como asesor jurídico de la Vicepresidencia en las negociaciones entre una empresa brasileña llamada Léros y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Su mamá, María Epifanía González, era titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, pero renunció la misma mañana en la que trascendió el caso.
En el esquema que se desprende de la firma del acta entreguista aparecen el vicepresidente Hugo Velázquez, José “Joselo” Rodríguez y Alexandre Jordano, un senador suplente por San Pablo del Partido Social Liberal (PSL), el mismo de Jair Bolsonaro.
Hubo varias evidencias de que Bolsonaro era y sigue siendo amigo de Jordano y de su senador titular, Sérgio Olímpio Gomes, conocido como Major Olímpio.
Jordano y sus colegas de Léros se presentaron en representación de la familia presidencial (Bolsonaro) para las negociaciones en las que supuestamente buscaban la compra de energía eléctrica de Paraguay para venderla en el mercado brasileño. Esto, según las conversaciones vía WhatsApp que “Joselo” mantenía con el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, en las que se presentaba como asesor jurídico de Vicepresidencia.
Cuando se conoció el caso, Hugo Velázquez lo negó al tercer canto del gallo.
El caso Léros
“Soy un bróker”, dijo “Joselo” en conversación con radio ABC Cardinal en la fresca mañana del 30 de julio de 2019 cuando intentó explicar que fue contratado por la empresa brasileña Léros y que simplemente cometió un error al presionar a Pedro Ferreira con el argumento de que era el asesor jurídico de la Vicepresidencia de la República.
Explicar el caso Léros es un poco complicado, pero de forma resumida vendría a ser así: La energía que le corresponde al Paraguay no se usa completamente en nuestro país. Quien tiene preferencia de compra es, lógicamente, el Estado brasileño a través de Eletrobrás.
“Joselo” y los directivos de Léros querían que esto siguiera así: que la energía excedente solo pudiera ser comprada por el Brasil. Tanto fue así que la ANDE planteó incluir en las negociaciones el famoso “punto 6” del memorando de negociación.
Muchos entendieron que el Punto 6 — desde ahora le ponemos nombre propio — fue sacado del acta entreguista. Pero en realidad nunca llegó a la mesa de negociación por el pedido que hizo “Joselo” bajo la influencia del Vicepresidente. Murió en el memorando que llevaron los funcionarios de la ANDE para negociar el acuerdo — que derivó en el acta entreguista — al Brasil.
Pero… ¿qué es el Punto 6? Este inciso que llevaron las autoridades de la ANDE planteaba a nuestro vecino que los Estados fueran libres de vender la energía eléctrica a empresas privadas dentro del mercado brasileño. Como Brasil sí usa toda la energía que le corresponde, quien vendería libremente su excedente sería la ANDE para así buscar mejores precios.
Entonces se preguntará y con razón: Por qué Joselo y Léros operaron para una cuestión que, en teoría, les iba a desfavorecer. Y aquí está la vuelta de tuerca.
El propio “Joselo” explicó que ese punto no era necesario porque los presidentes de los Estados parte pueden decidir, si se ponen de acuerdo, en la venta de la energía las empresas privadas, situación que, según él, permitía el Tratado de Itaipú.
Todo eso conduce a pensar que las negociaciones entre el Paraguay y el Brasil para vender energía eléctrica al mercado privado brasileño se realizaría en la clandestinidad… ¿y quién sería el beneficiado?
Acertó: Léros, la empresa privada de energía que tendría vínculos con el presidente Bolsonaro.
El día de la firma
En la esquina de la avenida Boggiani y Facundo Machaín, en Asunción, está la subestación Villa Aurelia de la ANDE. Imponente frente a una ciclovía de la zona, no puede pasar desapercibida. El 24 de mayo el presidente Abdo fue allí con el entonces titular de la ANDE, Pedro Ferreira, para verificar unas obras de interconexión. Ambos hablaron mucho: era el día de la firma del acta entreguista.
Ferreira contó que ese día corrió para hablar con el presidente cuando este ya se estaba por ir del lugar. Según sus declaraciones, le preguntó a Abdo porqué el vicepresidente daba la venia para sacar el Punto 6 del memorando de negociación. Marito le respondió a Ferreira que hiciera lo que considerara mejor para el Paraguay.
Todo apunta a que el jefe de Estado tocaba de oído y creyó en sus asesores y en toda una cadena que le mintió. En Brasilia, mientras tanto, se firmaba el acuerdo secreto en el que básicamente Paraguay renunciaba a todo.
Hugo Saguier Caballero, embajador de Paraguay en Brasil al momento, hizo reír a mucha gente el viernes 26 de julio cuando la temperatura iba subiendo en torno al caso. El diplomático confesó que los técnicos de la ANDE no participaron de las negociaciones porque “se tenía que decidir — el acta — entre diplomáticos”.
Consultado sobre cuáles eran los beneficios para Paraguay respondió: “Yo no le puedo decir porque no soy técnico, no te puedo hablar de la parte técnica”. Fue la contradicción más brutal en la que cayó. Tres días después, fue obligado a renunciar de su cargo.
Una investigación que sigue
La Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento del Acta Bilateral Relativa a la Contratación de Potencia de la Usina Hidroeléctrica Binacional de Itaipú es, sin dudas, un supernombre.
El órgano fue conformado específicamente en agosto para investigar la escala de responsabilidades en la firma del acta entreguista. Decenas de personas, entre diplomáticos, técnicos y políticos, desfilaron por los pasillos del Congreso durante varias semanas para explicar qué pasó y, por supuesto, tratar de salvarse.
Esta comisión estuvo integrada inicialmente por los senadores Eusebio Ramón Ayala (PLRA, efrainista), Rodolfo Friedmann (ANR, abdista), Antonio Barrios (ANR, cartista), Abel González (PLRA, llanista), Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu) y los diputados Colym Soroka (ANR, abdista), Walter Harms (ANR, cartista), Justo Zacarías Irún (ANR, cartista), Fernando Oreggioni (PLRA, efrainista) y Sergio Rojas (PLRA, llanista).
Fue elegido presidente Eusebio Ramón Ayala y Colym Soroka como vicepresidente. El relator fue Walter Harms. Dejaron la comisión después de un par de semanas Miguel Rodríguez, quien ocupaba temporalmente una banca en reemplazo del entonces suspendido Paraguayo Cubas y Rodolfo Friedmann, quien ínterin fue nombrado ministro de Agricultura.
Posteriormente se sumaron los senadores Jorge Querey (Frente Guasu) y Enrique Bacchetta (ANR, abdista).
La comisión se reunió el 30 de octubre pasado y, como era de esperarse, no hubo consenso sobre las responsabilidades en cuanto a la firma del acta. Hubo en total seis conclusiones que fueron enviadas a la Cámara Baja, a Senadores y al Ministerio Público para la investigación correspondiente.
Sí hubo una mayoría que concluyó que el acta firmada por Paraguay con el Brasil era perjudicial o dañina para el Paraguay. Quienes rubricaron esto fueron Jorge Querey, Eusebio Ramón Ayala, Fernando Oreggioni, Abel González, Sergio Rojas, Walter Harms, Justo Zacarías y Antonio Barrios.
Quienes estuvieron a favor del acta entreguista fueron Enrique Bacchetta y Colym Soroka.
En cuanto a quién o quiénes fueron los responsables de este acuerdo lesivo para el Paraguay, los diez miembros de la comisión determinaron que las responsabilidades sí se pueden determinar y, en ese sentido, hubo una abrumadora mayoría — 9 en total — en torno al exembajador Hugo Saguier Caballero.
La sombra del juicio persiste
Para Eusebio Ramón Ayala, la investigación sobre el acta entreguista sigue y el juicio político puede aún hacerse. El viernes 13 de diciembre pasado, ANDE dio a conocer el cronograma de contratación de energía hasta 2022. Todo apunta a que el ente estatal estaría obligada a absorber un excedente de entre US$ 95 millones y US$ 140 millones. Sin embargo, las autoridades prometieron que la tarifa de la energía eléctrica no subirá.
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Para Ayala, la firma del acta entreguista “fue una verdadera entrega que era secreta que por una circunstancia no controlada se dio a conocer”, refiriéndose a la postura de Pedro Ferreira, expresidente de ANDE. “Gracias a eso la conciencia ciudadana se despertó, diciendo que Itaipú es paraguayo”, sostuvo.
Para el presidente de la comisión, la presión ciudadana y de los medios de comunicación sirvieron para que el Gobierno diera vuelta atrás en su postura, una que según él fue aceptada “increíblemente” por el Brasil, siempre reacio a ceder.
“El juicio político fue archivado pero los hechos continúan, los hechos existen. La ciudadanía tuvo su veredicto desde el primer momento. Las autoridades son entreguistas. El principal responsable es el presidente de la República, representa a Paraguay como alta parte en Itaipú, es el administrador general”, sostuvo Ayala.
¿Qué es lo que más se necesita de cara al 2023? ¿Qué le hace falta al Paraguay para poder negociar bien el Anexo C en Itaipú? El senador responde que lo que hace falta es más patriotismo y un cambio radical en su postura no solo en ese sentido sino también en cuanto a firmeza y transparencia “para que la gente pueda avizorar alguna esperanza de que se va a negociar bien”.
Cartes, el más beneficiado
Para Sara Villalba y Sarah Cerna, doctoras en Ciencias Políticas, fue Horacio Cartes quien logró el jaque con lo que sucedió. El sector más beneficiado por el poder de hacer y deshacer en relación al juicio político, que puede reactivarse en cualquier momento.
A continuación, reproducimos sus respuestas en relación al caso de la firma del acta entreguista y de la sostenibilidad del gobierno en relación a Itaipú.
¿Cuál es su opinión en torno a la firma del acta con el Brasil en relación a Itaipú en mayo de este año?
Sara Villalba: La firma del acta no solamente ha generado suspicacias y desconfianza hacia la gestión del tema, sino que también ha dejado al descubierto la falta de voluntad política por parte de los sectores políticos involucrados en generar negociaciones que favorezcan al país.
Eso es muy grave, teniendo en cuenta que se trata de las autoridades con mayor responsabilidad en el tema y más aún teniendo en cuenta que faltan escasos tres años para la renegociación del Tratado en el 2023, con la revisión del Anexo C, que establecerá las bases financieras y de comercialización de la energía. Es decir es un punto central de la política energética del país y fundamental para su desarrollo económico y social en los próximos años.
Sarah Cerna: Considero que la firma de este “pacto secreto de Itaipú” fue una torpeza política de ambos gobiernos, creyendo que no se iba a filtrar a la opinión pública, pero les costó muy caro, principalmente del lado del gobierno paraguayo.
¿Considera que los medios de comunicación fueron canales claros a través de los cuales la ciudadanía conoció mejor los detalles de las negociaciones en torno a Itaipú?
Sara Villalba: Considero que como pocas veces los medios de comunicación, en general, hicieron lo posible por explicar los puntos principales de un tema sumamente técnico y complejo, de modo a que la opinión pública en general pudiera comprender, al menos en parte, la gravedad del tema en cuestión. Incluso muchos de los medios explicaron antecedentes, contextos y consecuencias del tema. Ojalá en la mayoría de los temas de interés social se pudiera dar una cobertura de este tipo.
Sarah Cerna: Sí, tanto los medios de comunicación como las redes sociales. A pesar de que la firma de ese acuerdo tenía términos muy técnicos, hubo esfuerzos de especialistas por explicar las implicancias para la ciudadanía paraguaya de una manera muy sencilla y que tuvo amplia difusión en redes sociales y medios de prensa.
¿Se podría considerar como sorprendente o llamativa la reacción ciudadana tras conocerse la denuncia de supuesto ‘entreguismo’?
Sara Villalba: Creo que lo llamativo fue que no continuara la acción colectiva de parte de la ciudadanía dada la gravedad del tema y el hecho de que no se plantearan canales de solución creíbles desde los tres poderes del Estado.
Sin embargo, esa cuestión depende de otros factores, de acuerdo con diversas teorías de la acción colectiva. En primer lugar debe darse una “estructura de oportunidades políticas” que tiene que ver con una fractura de élites, que si bien se dio lugar en un primer momento, luego desapareció con la no realización del juicio político al Presidente y Vicepresidente de la República, mediante una fina alianza entre los sectores internos de la ANR.
Entre estas oportunidades políticas también se cuenta la tendencia o no de represión de las protestas sociales, que en los últimos años en Paraguay ha sido evidenciada a través de la represión selectiva de los líderes y la judicialización y crimininalización de los grupos demandantes. Asimismo también para mantener la acción colectiva se requieren recursos humanos, económicos y de tiempo, que actualmente no constituyen capitales de la sociedad civil.
En suma, si no prosperó o no persistió la movilización de la sociedad fue porque no se dieron ciertas condiciones más favorables del contexto y de los propios grupos movilizados.
Sarah Cerna: No, considero que es una reacción natural a tantos años de manejo inescrupuloso de los bienes públicos por parte de la clase política.
La ciudadanía paraguaya, en su mayoría, está harta y consciente de que la clase política paraguaya ha tenido prácticas patrimonialistas, de corrupción y de enriquecimiento ilícito durante la democracia y la firma de este “pacto secreto” era como la “gota que colmó el vaso” de la paciencia ciudadana.
El problema que veo es lo que aconteció después de las movilizaciones ciudadanas, porque, pues en términos generales se apagó esa movilización de disconformidad ciudadana con el actual gobierno y todo quedó en el “opareí” nuevamente. Cuando en otros momentos de la historia paraguaya, podría haberle costado el cargo al presidente en ejercicio.
¿Cuáles cree fueron las secuelas políticas que quedaron sobre el tema que puedan afectar al gobierno de Mario Abdo?
Sara Villalba: El gobierno ya estaba debilitado por no tener un plan de gobierno claro y firme y por no contar con personas idóneas en todos los puestos importantes.
Esta situación debilitó profundamente al gobierno en cuanto a su credibilidad, capacidad de negociación y sobre todo falta de buena voluntad para asumir un tema de fundamental importancia para el país como la renegociación del Tratado en 2023.
Además, ha implicado una “dependencia” de un sector de su propio partido que pone en jaque la gobernabilidad.
Sarah Cerna: El sector cartista pasó el “salvavidas” al gobierno de Mario Abdo Benítez para evitar su destitución vía juicio político. Ese “salvavidas” no fue ni será gratuito para el gobierno de Mario Abdo. Para cerrar las posibilidades de que el juicio político se concrete y se destituya al gobierno de Abdo, éste tuvo que ceder ciertos espacios políticos al interior de su gobierno y del partido.
Las secuelas políticas son principalmente la fragilidad de su alianza con los cartistas que se selló ante esta coyuntura crítica, y eso Cartes lo tiene muy claro. Sabe que el gobierno de Marito tiene una fuerte dependencia del apoyo que reciba del expresidente paraguayo, lo cual no es un dato menor en un país en el que el Poder Legislativo tiende compulsivamente a amenazar o concretar juicios políticos a sus presidentes electos democráticamente.
¿Cuál cree fue el factor determinante que impidió la remoción del presidente y del vicepresidente a través del juicio político?
Sara Villalba: El factor determinante fue la negociación — también secreta — entre los sectores internos de la ANR y posiblemente algunos factores en el marco de las relaciones internacionales, especialmente con EE.UU. y Brasil.
Sarah Cerna: El factor determinante que impidió el juicio político fue el apoyo de la facción cartista en ambas cámaras del Poder Legislativo, ya que como menciona Aníbal Pérez Liñán en sus diferentes investigaciones sobre juicios políticos e instabilidad en América Latina (2000; 2005; 2008; 2009; 2016), sin respaldo de una mayoría legislativa difícilmente se podría haber salvado del juicio político y posterior destitución.
El propio Pérez-Liñán señala que entre 1978 y 2016 ocho presidentes electos fueron destituidos por el Congreso (algunos ejemplos son Fernando Lugo en 2012, Abdalá Bucaram en 1997 o Dilma Rousseff en 2016) y otros cinco renunciaron en medio de una crisis política, como lo demuestran los casos de Raúl Cubas en 1999 o Fernando Collor de Melo en 1992.
¿Cuál fue el sector político que más se benefició en este caso?
Sara Villalba: Sin duda, el sector más beneficiado ha sido el Movimiento Honor Colorado que ha recuperado fuerzas en el marco de las disputas internas del partido oficialista, que sin embargo se trasladan e inciden en políticas públicas que afectan a varios sectores sociales.
Sarah Cerna: Se benefició la facción cartista de la ANR que a partir de esta crisis política sabe que tiene al gobierno de Mario Abdo en sus manos para permitirle (o no) la gobernabilidad en los próximos cuatro años que le quedan.
Así las cosas, Horacio Cartes sabe que el precio del “salvavidas” para Mario Abdo ha sido muy caro para la facción de Colorado Añeteté y que podrá seguir pasándole la factura más allá de la crisis por el “pacto secreto” de Itaipú.