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Tras años de latente peligro, en el 2019 se experimentó quizás el peor momento en el sistema penitenciario de Paraguay, con uno de los episodios que forjaron un oscuro recuerdo: la brutal pelea entre facciones criminales en la cárcel de San Pedro. Fue una historia que acabó en masacre, con internos decapitados e incinerados.
Lo que en principio se informó como un amotinamiento, terminó descubriéndose como una sangrienta batalla entre miembros del clan Rotela y del Primer Comando da Capital (PCC) que dejó una decena de cadáveres regados en el interior del recinto penitenciario. Seis de las víctimas fueron decapitadas y dos calcinadas, en un episodio de horror indescriptible sin precedentes en nuestro país y que puso en una vitrina todos los problemas del decadente sistema judicial y penitenciario.
Ambos grupos rivales se dedican al tráfico de drogas y mantienen un fuerte dominio dentro de las cárceles nacionales. Según las investigaciones, la chispa que encendió la tragedia fue la disputa por un celular perteneciente a Marcial Paredes Espínola, alias Nechi, por parte de los integrantes del PCC.
“Nechi”, uno de los asesinados, era presumiblemente uno de los líderes del clan Rotela y se confrontó primero de manera verbal con los otros internos hasta que las agresiones se tradujeron en físicas luego de que David Andi Izquierdo, alias “Chile” (uno de los ahora imputados), supuestamente hiriera a otro recluso. Eso bastó para que se desatara la matanza. Otra versión habla de que en realidad podría ser una consecuencia del asesinato del recluso Wilson Antonio Diana (miembro del PCC) en el penal de Tacumbú días antes, algo de lo que responsabilizaron al clan Rotela.
Las cámaras de seguridad de la penitenciaría de San Pedro registraron el inicio del baño de sangre. Las imágenes demuestran cómo poco a poco la cárcel cae en un espiral de brutalidad que las autoridades tardaron en desactivar. Los reos homicidas captaron con sus teléfonos - sí, contaban con celulares estando presos– y compartieron fotos y videos de los decapitados, que pronto se hicieron virales gracias a las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.
Como si no fuera suficiente esta matanza, la intervención a la Penitenciaría reveló los oscuros manejos del por entonces director –ya destituido– Wilfrido Quintana Parodi. Este otorgaba beneficios a cuatro reclusos, quienes “guardaban reclusión” en un predio en las afueras de la cárcel, sitio conocido como “La granja”, sin control alguno.
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Esta execrable conducta le valió la detención e imputación por cohecho pasivo agravado, ya que, según las evidencias, llegó a cobrar a uno de los reos la suma de G. 4.000.000 por acceder al beneficio.
Esta situación empujó al Ministerio de Justicia a declarar “crisis penitenciaria” y se hicieran pomposos anuncios de construcción de más cárceles y convocatorias a mesas de trabajo para intentar dar una solución a corto y mediano plazo, aunque esto no consiguió frenar los problemas que parecen la materia más complicada de responder para cualquier gobernante.
Este hecho no es aislado, ya que en marzo de este año los miembros del PCC ya iniciaban su ola de violencia en las cárceles del país. En la Penitenciaría de Coronel Oviedo se produjo un amotinamiento durante el cual fue tomado como rehén un guardiacárcel de nombre Pablino Vera, quien resultó herido. Tuvo que ser rescatado durante un operativo de fuerzas especiales dentro del presidio.
En el momento en que se produjo la revuelta, habían 1.460 internos en dicha cárcel, que solo tiene capacidad para 600 personas.
Y como se temía, esta acción fue replicada en otros institutos penitenciarios por miembros de la misma banda criminal. En la cárcel Regional de Concepción hubo una violenta revuelta en el cual fueron tomados como rehenes cinco guardias. Fue necesaria la intervención de policías antidisturbios para devolver restaurar el orden.
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Privilegiado$
La corrupción que impera en las cárceles da origen a un ciclo que se descubre y supuestamente se erradica cada año. Se trata de una práctica vigente que goza de la complicidad de los sucesivos directores de cada penitenciaría: las celdas vip.
En octubre de este año se descubrió que el presunto narcotraficante de Alto Paraná, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, cumplía su prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú en una celda sin barrotes y que contaba con impensadas comodidades para un preso común. Cucho tenía televisor con servicio de cable, heladera, una confortable cama, muebles, elementos de aseo personal, aparatos de gimnasia y hasta portarretratos.
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Esta situación no es nueva en Tacumbú y, a pesar del escándalo que significa descubrir este tipo de privilegios y la promesa de las autoridades del Ministerio de Justicia, el dinero sucio sigue marcando la agenda en las instituciones penitenciarias.
Los privilegios en el sector penitenciario no son exclusivos de los hombres.
En la Penitenciaría de Mujeres Casa del Buen Pastor fue descubierta una acogedora habitación con todas las comodidades en las que estaban “recluidas” Celia Maidana –condenada por el crimen de la empresaria Sonia Doutreleau– y Alicia Caballero –procesada por lavado de dinero aparentemente vinculado al narcotráfico–.
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Las mujeres contaban con electrodomésticos, un lavarropas propio para no mezclar sus prendas con las del resto de la población penitenciaria y un baño privado con ducha de agua caliente. Además toda su “celda” estaba revestida con PVC, algo que no se ve en ningún otro espacio dentro del recinto.
Narcopermiso
Otro borchornoso caso de privilegios fue el del narcotraficante Aldo Ramón Moreno Ledezma, condenado a 13 años de encierro y que cumple su condena en Tacumbú. Se desconoce si vive en alguna celda vip, pero se dio el lujo de abandonar la cárcel por 24 horas, escoltado por propios funcionarios penitenciarios.
El 25 de setiembre, el narco condenado salió por la puerta principal de la cárcel, fue llevado por una ambulancia del penal y aprovechando su “día libre” fue al estadio a ver un partido del club Olimpia y luego a visitar a su novia. Todo esto lo publicó en sus estados de WhatsApp. Al día siguiente volvió a la cárcel y las cámaras de seguridad registraron el momento en que dio un apretón de manos tanto a guardiacárceles como a agentes de la Policía Nacional que custodian la admisión de Tacumbú.
Los guardias y el conductor de la ambulancia fueron sumariados y separados de sus cargos tras una denuncia del Ministerio de Justicia, que hizo público el caso.
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Una crisis con asuntos sin resolver
A mediados de este año, el Ministerio de Justicia decretó la crisis penitenciaria con la misión de dar una respuesta urgente a los problemas de hacinamiento y corrupción, pero al término del año el avance es prácticamente invisible teniendo en cuenta el colosal tamaño de los asuntos por resolver.
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Dante Leguizamón, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), sostuvo que un informe presentado a finales del 2018 ya advertía sobre una serie de puntos críticos como el nivel de hacinamiento el los presidios, que es superior al presentado por el Gobierno, ya que el cupo oficial del Ministerio de Justicia no está basado en los estándares de derechos humanos.
Tras el caos, la declaración de crisis dio sus frutos con la creación de una mesa de trabajo interinstitucional que permitió avances significativos, sobre todo en la depuración de causas judiciales que permitió descomprimir la población penitenciaria mediante la atención de causas que no necesariamente requerían prisión preventiva.
“Sin embargo, no se logró profundizar la mirada en los temas importantes, como políticas criminales ni prevención de delitos, menos de los programas pospenitenciarios. La mesa solo logró tomar medidas urgentes”, expuso el comisionado.
Sostuvo que entre los meses de agosto y setiembre la población penitenciaria disminuyó de manera significativa, producto de las medidas adoptadas, pero se registró un repunte entre octubre y noviembre
“Desde el Mecanismo planteamos que la discusión tiene que cambiarse; ante cualquier circunstancia, se plantea la cárcel como principal alternativa. Las cuestiones de drogas pueden ser encaradas por salud pública, pero la propuesta es la cárcel”, criticó.
Alertó que la respuesta no es la construcción de más cárceles, ya que el problema de fondo es la falta de una política criminal seria, programas de prevención de delitos y cambiar la política de represión.
El Ministerio de la Defensa Pública informó que hasta el 6 de diciembre se contabilizaron 1.578 personas que abandonaron la prisión gracias a la gestión de los defensores públicos. A nivel país existen 390 defensores en el fuero penal.
