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En este momento hay 18 acusados por el incendio de la sede del Congreso nacional, en espera de la audiencia preliminar a ser fijada por el juzgado que entiende este caso, según el Ministerio Público.
A los 18 acusados hay que sumar dos ciudadanos que siguen imputados y a la espera del procedimiento de acusación, que no se ha podido realizar debido a que buscaron asilo en Uruguay, y no se les tomó la declaración indagatoria.
Algunos de los acusados aseguran que esa noche ni siquiera ingresaron al Congreso.
Los hechos de violencia del 31 de marzo del 2017 se originaron tras la sanción del proyecto de ley que aprobó el nuevo reglamento interno del Senado y la enmienda constitucional, llevados a cabo en el marco de una sesión paralela considerada ilegítima y violatoria de la Carta Magna.
En el transcurso de 12 meses, la causa tuvo tres fiscales distintos: Comenzó con la agente María Estefanía González, siguió con Eugenio Ocampos y Aldo Cantero, todos recusados por los abogados defensores, pero está concluyendo a cargo del fiscal Alcides Corvalán.
Al respecto, el juez Penal de Garantías, Gustavo Amarilla, informó que el miércoles 21 de marzo de 2018 pasado ha intimado al Ministerio Público para que remita al juzgado la carpeta fiscal de los acusados, para que la misma sea puesta a disposición de las defensas de cada uno de los implicados.
El magistrado añadió que el propósito es que los abogados y sus defendidos puedan presentar todos los incidentes y excepciones que quieran plantear. Acotó que luego el juzgado podrá elevar o no la causa a juicio oral y público, dependiendo de cada caso en particular.
En cuanto a la Audiencia Preliminar en sí, explicó que están trabajando en estos momentos en la organización de la misma, viendo la logística, salas, etc., considerando aspectos como la cantidad de acusados y el público que eventualmente vaya a participar.
Estos ciudadanos están acusados y procesados por los hechos punibles de perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, incitación a cometer hechos punibles, daños a medios técnicos y obras construidas, coacción y hurto agravado.
De acuerdo a los datos del Ministerio Público, los encausados habrían ingresado violentamente a la sede del Congreso Nacional con otras personas, el 31 de marzo del 2017, a las 19:20, aproximadamente.
Dice que formaron parte del grupo de personas que rompieron los blindex y las puertas que aseguraban la institución, lanzando petardos contra efectivos de la Policía Nacional, ocasionando lesiones físicas y, a su vez, daños a bienes instalados en el edificio del Parlamento, incendiando dicho local.
Señala también que los acusados e imputados se habrían agrupado y formado parte de la multitud que sobrepasó la valla de seguridad puesta por los policías, y luego de que varias personas destruyeran los accesos, habrían ingresado a la sede legislativa.
Añade que, una vez adentro, generaron un “estado de inseguridad”, quebrantando el “estado de paz”, asumiendo conductas contrarias a las normas jurídicas vigentes que regulan la seguridad y la paz pública, y realizando hechos violentos contra personas y “cosas de interés común”.
Indica asimismo que el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional suministró materiales audiovisuales (imágenes) obtenidas a través de CCTV de la Cámara de Senadores, en donde se pudo invidivualizar como supuestos autores y partícipes a los imputados y acusados.
Dice que otras pruebas logradas tienen que ver con las imágenes emitidas por los canales de televisión y fotografías de medios de comunicación, así como también pruebas testificales y transmisiones públicas realizadas por usuarios de redes sociales.
En este contexto, los liberales Rubén Moisés Galeano Cáceres, Osvaldo Daniel Aquino Notario, Luis Osvaldo Sánchez González y Brian Esteban Martínez Jara también siguen imputados por los hechos que terminaron con la quema del local del Congreso nacional.
Tras su regreso del Uruguay, a donde fueron a refugiarse como perseguidos políticos, estas cuatro personas obtuvieron prisión domiciliaria, otorgada por el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla.
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Posteriormente, el 9 de febrero pasado, el mismo magistrado otorgó la libertad ambulatoria para estos afiliados al PLRA, pero con la obligación de pagar una fianza de G. 70 millones, no salir del país, ni portar ningún tipo de armas.
Al justificar el incendio del Parlamento nacional, Rubén Moisés Galeano expresó en enero pasado que fueron a manifestarse, porque no podían “ser indiferentes” a una dictadura que se avecinaba. “Fue un golpe a la institucionalidad”, alegó al referirse a la aprobación de la enmienda.
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Aseguró asimismo que este proceso es una persecución por parte del cartismo, que en aquel entonces buscaba la reelección del presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes, y luego de las manifestaciones, sus consecuencias y el asesinato de Rodrigo Quintana por parte de la Policía esa misma noche, tuvo que declinar tal objetivo.
El 31 de marzo de 2017, en horas de la noche, el grupo de manifestantes “antienmienda”, que logró ingresar al interior de la sede parlamentaria, inició un incendio en la zona de la guardia, mientras otro grupo observaba.
La policía no intentó impedir los disturbios. Se había replegado.
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El fuego, que se inició en un pequeño rincón, rápidamente se extendió y tomó altura afectando gran parte de la estructura.
Los guardias del Parlamento evacuaron a las personas que se encontraban dentro, entre periodistas, funcionarios y manifestantes, que de a poco iban saliendo del recinto.
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Luego de un año de los hechos del 31 de marzo de 2017, ha salido a la luz pública que la Policía Nacional ha dejado deliberadamente quemar el Congreso. Al respecto, el Sub. Of. Gustavo Florentín ha dado detalles inéditos de lo que ocurrió aquella nefasta noche.
Florentín es el único imputado por crimen del joven liberal Rodrigo Quintana durante atraco al PLRA. En una carta contó que había 15 pelotones de efectivos antidisturbios y 10 de la montada para proteger la sede legislativa. Para su sorpresa, les ordenaron replegarse a la parte trasera y Crio. Prudencio Burgos ratificó la orden.
Respecto de las acusaciones del Ministerio Público, el abogado Guillermo Ferreiro, defensor del concejal de Asunción, Luis Rodrigo Buongermini Barreto, ironizó la decisión de la Fiscalía, afirmando que su cliente fue imputado y ahora acusado por “haber cantado” la canción “Patria Querida”, y que supuestamente eso “sirvió” para que la turba quemara el local del Congreso Nacional.
“Nosotros asumimos que él cantó y que lo hace muy mal, pero rechazamos que él haya participado de los hechos violentos y que haya ingresado al recinto del Parlamento, ni participó de la quema del lugar. La misma fiscalía admite que mi cliente no ingresó ni tiró nada”, enfatizó Ferreiro.
Ferreiro contó que debido a este proceso, Buongermini tiene medidas cautelares, tiene que firmar un libro, gastar en su defensa técnica y la prohibición de salir del territorio nacional. El letrado cuestionó igualmente la transparencia del proceso y aseveró que hay mucha intromisión del poder político.
Por su parte, el abogado Roberto Rojas González, que también forma parte del grupo de 18 acusados, manifestó que la imputación y acusación “es una estupidez” y no es más que una persecución política (es dirigente del PLRA). “Esto es el resultado de una ‘pifiada’ de la Fiscalía y del Poder Judicial.
Consultado sobre si participó del ataque y posterior incendio de la sede parlamentaria, Rojas González dijo que ese día estuvo en la manifestación, pero negó que haya participado de los desmanes previos y de la quema del Congreso.
Recordó que fue detenido e imputado por los hechos punibles de Coacción y Perturbación de la paz pública. “La supuesta coacción fue porque hay un video en donde se me ve que estaba tratando de apaciguar a los manifestantes que agredían peligrosamente a un policía que se encontraba en el móvil de la institución, y pidiendo al uniformado a que salga del vehículo, porque su vida corría serio peligro”.
Añadió que esa noche, alrededor de las 24 horas, fue detenido violentamente en la Esso Shop de Chile y Azara, donde se encontraba comiendo algo, y de donde lo sacaron a los golpes. “Yo presenté una denuncia sobre esta agresión, que inclusive fue filmada, pero hasta ahora no se ha imputado a ninguno de los policías que llevaron a cabo el procedimiento”, lamentó.
Por su lado, el abogado y político Paraguayo Cubas, otro de los acusados por el Ministerio Público, negó que haya participado de las roturas de las puertas y los blindex y de la quema en sí de la sede del Congreso nacional.
“Pero sí participé de la manifestación, respaldado en el Art. 138º, de la Constitución Nacional, que 'autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento”, aseveró Cubas.
Añadió que su presencia dentro del recinto parlamentario se debió a que estaba observando y filmando todo lo que había pasado, además porque dejaron libre la entrada. Yo entré y salí enseguida, y me tomaron preso en Chile y Azara, y posteriormente se me acusó por perturbación de la paz pública”, recordó.
Afirmó igualmente que él tuvo cuatro procesos judiciales a lo largo del año pasado, que considera "los más pesados". "Esto no es nada para mi. Yo he dicho en la fiscalía que si hubiera actuado en la quema del Congreso, lo hubiera hecho, pero con los verdaderos delincuentes y violadores de la Constitución adentro, pero no fue así”, expresó.
Por su parte, la abogada Kattya González, defensora del periodista Juan Manuel Del Puerto Gómez, afirmó que durante todo el proceso fiscal soportaron numerosas trabas. Apuntó que, además, la Fiscalía realizó imputaciones genéricas, sin ningún tipo de evidencia, con lo cual ha violado el derecho a la defensa.
En cuanto a la supuesta participación de su cliente, aseguró que Del Puerto ingresó en el lugar para realizar una cobertura para un medio digital pequeño para el cual trabaja, y lo imputan y ahora lo acusan por haber tenido una bandera paraguaya en su manos.
La abogada afirmó igualmente que la defensa de Juan Manual Del Puerto ha acercado todas las pruebas de la presencia de su cliente en el sitio a la Fiscalía, en el sentido de que estaba transmitiendo noticias en esos momentos, pero dichas pruebas no fueron tenidas en cuenta.
Por otra parte, en declaraciones anteriores a la prensa, el dirigente liberal Stiben Patrón, otro de los acusados por el Ministerio Público por el caso quema de la sede del Congreso, aseveró que el presidente Horacio Cartes dividió al pueblo de "forma cruel", al punto que corrió sangre.
Dijo asimismo que le daba miedo la actuación de la Fiscalía, porque el Poder Ejecutivo y el poder político están hablando de su caso. "Cartes pidió que me vaya preso y Riera me acusó de movilizar a 10.000 estudiantes. Por lo visto soy un enemigo de este Gobierno, pero no voy a correr de la justicia y no me voy a abstener, voy a decir lo que pasó esa noche”, aseveró el año pasado.
Stiben Patrón estuvo preso en Tacumbú y posteriormente fue traslado al Penal de Máxima Seguridad de Emboscada, en junio del año pasado, de donde posteriormente volvió a salir. Actualmente goza de libertad ambulatoria, pero forma parte del grupo de acusados de la Fiscalía por la quema del local del Congreso nacional.
La investigación del caso depende de una fiscalía general que hoy encabeza Sandra Quiñónez, puesta en el cargo por impulso del presidente Horacio Cartes. ¿Se hará justicia?