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La dictadura de Alfredo Stroessner no estuvo exenta de los horrores más comunmente asociados a todos los tipos de dictaduras autoritarias -independientemente de su inclinación ideológica-, y aunque no pocos reconocerán que ser exiliado es preferible a ser torturado y asesinado por las autoridades de su propio país, no deja de ser una grave violación a los derechos humanos más básicos, nacida de la persecución a ideas opuestas a las del régimen.
Y es que los exilios de ciudadanos paraguayos por parte del régimen stronista fue una cuestión principalmente política e ideológica, el destino de muchas personas notables, políticos o no, que hacían activismo en contra del Gobierno y sus acciones. La pena por el retorno de una persona exiliada al país podría llegar a la tortura y la ejecución.
Basándose en sus ideologías, el Gobierno stronista sistemáticamente comenzó a negar pasaportes a los ciudadanos, al mismo tiempo que impedía la entrada al país de paraguayos provenientes de otros países que caían bajo la sospecha de ser opositores. Lo mismo ocurría con extranjeros potencialmente opuestos al régimen.
Cifras de la Comisión de Verdad y Justicia hablan de un total de 3.470 personas exiliadas de forma directa -entiéndase, las personas específicamente expulsadas- y unas 17.348 personas que fueron al exilio por razones indirectas, como el hecho de ser familiares de los exiliados directos, acompañándolos fuera del país.
De ese total de más de 20.800 ciudadanos paraguayos exiliados, la absoluta mayoría (un 57%, aproximadamente) fue a la vecina Argentina, cuya ciudad capital de Buenos Aires fue considerada la “capital del exilio” de los paraguayos. Allí, la colectividad paraguaya fue recibida en general con hospitalidad, e incluso muchas organizaciones se solidarizaron e hicieron activismo por los derechos de los paraguayos oprimidos por la dictadura, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, el Secretario Internacional de Juristas por los Derechos Humanos en Paraguay (Sigadep) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Sin embargo, Argentina también vivió una dictadura militar de naturaleza similar a la paraguaya, y ambos regímenes incluso se hallaban aliados bajo el Operativo Cóndor -junto con los de Brasil, Uruguay, Chile y varios otros estados latinoamericanos-, por lo que también se registraron violaciones a los derechos humanos de exiliados en ese país.
Un 12% acabó refugiándose en la también vecina Brasil y un 2% en Uruguay, con el resto repartiéndose por distintos países de América y Europa.
Los opositores que ya se hallaban dentro del país, si no eran sujetos a tortura o si eran demasiado notorios para ser simplemente ejecutados, eran exiliados, aunque no todos eran expulsados del país. Muchos fueron sencillamente enviados a zonas del interior del país y obligados a residir dentro de un territorio limitado del país, bajo el atento ojo de las autoridades.
Los casos más resonantes son los de militantes de partidos opositores -el Partido Liberal, el Revolucionario Febrerista, el Comunista, etcétera- y sus simpatizantes, movimientos juveniles afines a estos partidos.
Pero no solo dirigentes de izquierda y artistas eran sujetos al exilio. Igualmente lo sufrieron miembros de la milicia opuestos a Stroessner -entre los que se incluyeron a muchos veteranos de la Guerra del Chaco- y funcionarios públicos civiles que se negaron a afiliarse al Partido Colorado, por entonces un requerimiento obligatorio para quien quisiera ocupar un cargo público. Disidentes dentro de la propia Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado, también enfrentaron el exilio.
La Iglesia Católica, vocalmente crítica del régimen stronista, también sufrió sus bajas cuando algunos de sus sacerdotes fueron expulsados o exiliados. El primero de ellos sería el sacerdote jesuíta Francisco de Paula Oliva, notorio por sus intentos de concienciar a los jóvenes sobre los males del régimen. En octubre de 1969, Oliva fue alzado a una patrullera de la Policía Nacional en Asunción y llevado a la fronteriza ciudad argentina de Clorinda, con la expresa prohibición de regresar al país.
En 1972 sufriría el mismo destino el sacerdote José Luis Caravías, quien había estado organizando a los campesinos en ligas agrarias. Igualmente fue enviado a Argentina, de donde también tuvo que salir cuando se enteró -por advertencia del entonces líder provincial jesuíta de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, actualmente el papa Francisco- de que se había convertido en blanco de la llamada “Triple A”, un grupo paramilitar responsable de asesinatos y desapariciones de opositores a la dictadura militar del vecino país.
Igualmente, el sacerdote español Bartomeu Meliá, que desde su llegada a Paraguay en 1954 luchó por los derechos de las comunidades indígenas, acabó siendo expulsado del país en 1977. Había enseñado en el Colegio Cristo Rey, que llevó a cabo varias manifestaciones de crítica al Gobierno, que en muchas ocasiones acabaron con los manifestantes severamente agredidos, y eventualmente lograron que el régimen intervenga la institución.
El exilio también alcanzó a numerosos artistas e intelectuales, siendo sin duda el caso más emblemático el de Augusto Roa Bastos, el legendario autor de obras como “Hijo de Hombre” y “Yo, el Supremo”, que ya se había visto forzado a exiliarse antes de la ascensión al poder de Stroessner. En 1947, durante la guerra civil en el país, Roa Bastos se había manifestado en contra del entonces presidente Higinio Morínigo, y tuvo que refugiarse en Argentina, donde publicó la mayor parte de su obra. Posteriormente, se radicaría en Francia.
Desde 1970, Roa Bastos comenzó a visitar frecuentemente Paraguay, para trabajar con los escritores de nueva generación. Sin embargo, fue señalado sin pruebas como culpable de actividades subversivas por las autoridades, y se le expulsó. Roa Bastos no regresaría a Paraguay de forma definitiva hasta 1996, siete años después de la caída del régimen de Stroessner.