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Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, así como Paraguay, formaron parte de la Operación Cóndor, una alianza entre gobiernos del Cono Sur mediante la cual instauraron un sistema perfectamente armado para perseguir a los acusados de comunistas y a toda persona que ellos considerasen un peligro para sus gobiernos.
En abril de 1978 Chile aprobó esta ley por la cual se concedía amnistía (Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores) para todas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982.
Al año siguiente en Brasil, 1979, el gobierno militar de Joao Antonio Figueiredo promulgaba la ley de amnistía que perdonaba los crímenes políticos, electorales y conexos cometidos desde setiembre de 1962 hasta agosto de 1979.
El siguiente país en aprobar esta ley pero con el nombre de “Ley de Pacificación Nacional” fue Argentina en 1983, que años más tarde, en el 2003, fue derogada junto a la ley de obediencia debida, para dar paso a los reclamos judiciales de las víctimas de la dictadura argentina (1976-1983).
Uruguay fue el último país que creó esta ley en 1985 pero también es uno de los que todavía no logró revertir la normativa.
La ley de amnistía supuestamente busca la reconciliación del pueblo y poner fin a la memoria sobre los desmanes cometidos por los gobiernos dictatoriales. De todos los países que formaron parte de la Operación Cóndor, Paraguay es el único que no tuvo esta ley.
Puede sonar positivo, sin embargo, voces conocedoras del régimen, si bien valoran que no se haya creado esa ley aquí, creen que más bien no la hicieron porque no hacía falta.
El sistema estaba tan bien preparado para continuar sin Stroessner que no temían caer, por lo que no consideraron necesaria esa protección.
“En Paraguay el partido político (Partido Colorado) que sostuvo esta dictadura, estaba muy seguro de que no iba a caer, entonces no hubo necesidad de una ley de punto final. Si bien se encontraron los archivos no se dimensionó lo que había; además todo el sistema estaba preparado para que esas personas que fueron parte del régimen dictatorial se convirtieran en nuevos demócratas y solo faltaba Stroessner”, dijo Rosa Palau, coordinadora del Archivo del Terror.
Lo mismo opinó el doctor Nils Candia Gini, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Paraguay.
“El Estado tiene la obligación de investigar los crímenes de lesa humanidad independientemente de cuándo se hayan cometido. Cualquier tipo de legislación de amnistía, realmente promueve la impunidad y nosotros nos oponemos a eso”, dijo Frank Conde, el vicedirector de comunicación de Amnistía Internacional Paraguay.
Consideró además que en Paraguay no se agotaron las herramientas para lograr justicia para las familias víctimas de la dictadura.
Yudith Rolón, presidenta de la Comisión Verdad y Justicia, coincidió con las opiniones anteriores y agregó que a pesar de que esa ley no haya existido, eso no indica que la justicia paraguaya haya sido letra muerta para los responsables de los crímenes de lesa humanidad que afectaron a miles de paraguayos durante 35 años.