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Se cumple un año desde que Santiago Peña se colocó la banda presidencial ante la atenta mirada del hombre que lo puso ahí y en cada uno de los 365 días que pasaron desde aquel 15 de agosto de 2023, él mismo se encargó de sembrar la duda sobre donde estaba el poder real.
Y es que Peña y Horacio Cartes parecen ser dos caras de una misma moneda. Mientras el primero proyecta -o lo intenta proyectar- una imagen de institucionalidad, el segundo maneja la batuta desde el “quincho”, donde se digitan la expulsión de parlamentarios y las operaciones de apriete político y judicial a la prensa y a la disidencia.
Aniversario de Peña: el Ejecutivo rinde cuentas a la ANR
En este primer año de Gobierno, Santiago Peña dio varias muestras de obediencia al titular de la ANR, a quien tiene como único soporte en cuanto acto político participa. Las visitas del presidente de la República a la residencia de la avenida España son constantes y las muestras de sumisión abundan.
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Una de las muestras de quién manda fue el día en el que Peña decidió introducir una nueva rendición de cuentas, antes que al Congreso, ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado, a la que le siguieron dos ministros -Juan Carlos Baruja y Tadeo Rojas-, hombres de confianza de Cartes a quien el presidente puso a cargo de sus dos proyectos “estrella” que son “Che Roga Porã” y “Hambre Cero”.
Pero, por si faltaran muestras de que los temores no fueron infundados, el Gobierno decidió poner los intereses de Tabacalera del Este (Tabesa), empresa que supuestamente ya no es de Cartes, al mismo nivel que los de la Nación, poniendo en riesgo incluso relaciones internacionales históricas con la complicidad del ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.
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Algunas decisiones tomadas en el quincho
- La expulsión de Kattya González de la Cámara de Senadores.
- El pedido a Estados Unidos de “acelerar” la salida del embajador Marc Ostfield de la misión diplomática en Paraguay.
- Apriete judicial a Mario Abdo Benítez y miembros de su gobierno.
- Apriete a la prensa crítica mediante la “comisión garrote”.
- Apriete legal a las ONG.
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