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Este es el octavo año que las organizaciones feministas marcharán por las calles de Asunción para plantear las reivindicaciones, que tienen que ver principalmente con los derechos laborales, el fin de la violencia política, la intención de derogar la Ley 5.777 de Protección Integral de las Mujeres contra todo tipo de violencia, los derechos reproductivos, entre otras.
La abogada Diana Vargas, dijo que hay algunos desafíos que son más urgentes que otros, pues no permitirán alcanzar un mínimo razonable, de igualdad de género en nuestro país.
Puso énfasis en el hecho de que las relaciones y las dinámicas familiares deben apuntar a una distribución más equitativa de las tareas de cuidado, crianza y mantenimiento del hogar.
Este punto va concatenado con la responsabilidad de los padres en la manutención de sus hijos, estén o no estos viviendo con ellos.
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Los cambios “no vendrán del Estado”
“No puede seguir siendo el juicio más tramitado el de asistencia alimenticia. Tampoco puede seguir siendo el hecho más denunciado la violencia familiar”, puntualizó, antes de añadir que es prioridad plantearnos como sociedad “un nuevo pacto social”.
La experta advirtió que los cambios que se pretenden “no van a venir desde el Estado”, pues son culturales y deben impulsarse en la sociedad.
“No es posible que el 50 % de la población esté en peligro en su casa, en la escuela, en la calle, en sus trabajos”, reclamó.
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Violencia política: intento de “mensaje disciplinador”
La violencia política es uno de los puntos que no se pueden omitir para la profesional, pues este tipo de maltrato “contiene un mensaje disciplinador para las niñas y mujeres que pretendan alzar la voz”.
Ante esta realidad, recomienda “gritar más fuerte y no permitir que avallasen derechos conquistados con mayorías autoritarias y aplastantes”.
La experta analiza que si bien la igualdad de género en palabras parece un concepto “fácil”, que implica que todas las personas tengan la posibilidad real de ejercer los mismos derechos, en la práctica, es cada vez más difícil en Paraguay.
Más allá de avances normativos que se dieron por la batalla de los movimientos de mujeres, la profesional del derecho resaltó que siempre se dieron “en medio de resistencia y teniendo que hacer concesiones”.
Por tanto, sostuvo que si bien hay avances en materia normativa e institucional, también hay riesgos.
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Advierte sobre obstinación en el Poder Legislativo
Vargas advirtió sobre la “obstinación”, que está notando en el Congreso Nacional de parte de la bancada oficialista. “Esto se notó desde que pretendieron evitar aumentos presupuestarios para el Ministerio de la Mujer. Se crearon instancias especializadas pero hoy están sumidas en la invisibilidad e imposibilidad de impulsar acciones”, lamentó.
En cuanto a los retrocesos más importantes que deben mantener alerta a la lucha de la mujer, puntualizó que se debe desinstalar la idea de que cualquier reconocimiento a los derechos sería una amenaza para la familia. Esto, para la abogada, es solo “una estrategia para evitar que se focalice la atención en los desmanes que comete la administración pública”.
La especialista en DD.HH planteó como una estrategia efectiva para apuntar a una sociedad más igualitaria, es reforzar el ámbito educativo.
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Texto “anticientífico” del MEC no contribuye a avances
En este sentido, cuestionó cómo puede ser posible que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) haya lanzado en el año 2023 un manual titulado «Las 12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y Afectividad».
Vargas considera este texto “absolutamente anticientífico. Profundiza el sexismo, los mandatos de género y los estereotipos. En definitiva, desde el propio MEC se naturalizan las desigualdades entre mujeres y hombres”.
Si bien se han conquistado derechos, muchas son las materias pendientes que la igualdad entre hombres y mujeres no sea solo un discurso.