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Durante décadas, el sistema penitenciario de Paraguay ha necesitado reformas urgentes; sin embargo, ningún gobierno ha proporcionado las respuestas necesarias para abordar esta problemática. El incendio y la toma de la cárcel de Tacumbú por parte de internos vinculados al clan Rotela el pasado octubre simplemente pusieron en manifiesto algo que ya era evidente: los grupos criminales se han arraigado y han crecido dentro de las prisiones del país.
Muertes violentas, corrupción de funcionarios, tráfico de drogas, presos vips y una red criminal bajo el control de grupos como el clan Rotela y el PCC son algunos de los elementos que dejaron al descubierto durante el último año las señales evidentes de una crisis en el sistema penitenciario.
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Operación Veneratio
Ante este escenario, el lunes 18 de diciembre, en un operativo sin precedentes, un total, 1.100 agentes de la Policía y 1.218 de las Fuerzas Armadas participaron de la operación, denominada “Veneratio”.
Ingresaron a la Penitenciaria con el objetivo de trasladar a Armando Javier Rotela, el líder máximo del grupo criminal que tenía parte del penal bajo su control. Además, cerca de 700 miembros de la facción fueron enviados a diferentes prisiones del territorio nacional.
Los problemas de fondo continúan, penales sobrepoblados, internos sin condenas, falta de recursos y un sin fin de déficits que deben ser abordados en el corto, mediano y largo plazo, para finalmente tener un sistema penitenciario que cumpla con su propósito de reformar y reinsertar a los reclusos a la sociedad.
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Declaración de emergencia
La Cámara de Diputados, tras el operativo Veneratio, dio media sanción al proyecto de ley que “declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios” por el plazo de un año, lo que permitirá al ministro de Justicia, Ángel Barchini, utilizar a policías y militares para contener el control interno en los penales y le concede facilidades para contratación de personal y realizar licitaciones.
A partir de ahora, queda esperar para ver de qué manera se busca dar las respuestas necesarias para que en el 2024 lo ocurrido en Tacumbú se convierta en el inicio de una profunda reforma de todo el sistema penitenciario del Paraguay.
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