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El 10 de marzo, luego de que se detectara en la víspera el segundo caso de coronavirus en nuestro país, una persona proveniente de Argentina cuyos posibles nexos indeterminados dejaban abierta la posibilidad de un contagio comunitario, el presidente Mario Abdo Benítez- flanqueado por los presidentes de los otros dos poderes del Estado- anunció las medidas drásticas asumidas, que implicaban suspender todas las actividades públicas y privadas que implicasen aglomeración de personas, incluidas las clases por un plazo inicial 15 días.
Mirando en retrospectiva, estas medidas estaban lejos de ser tan drásticas como las que se asumirían posteriormente, ya que en primera instancia se recomendaba apenas evitar las aglomeraciones, y los controles policiales aún no eran tan estrictos.
El fútbol tuvo que dar paso a la disposición de encuentros a puertas cerradas. Varios conciertos fueron suspendidos, las salas de cine fueron cerradas y se prohibieron las manifestaciones y encuentros religiosos masivos.
El anuncio se dio un día antes de la declaración de pandemia de Coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El jueves 12 de marzo, las medidas iban tornándose más estrictas, ya que los militares se sumarían a los controles del cumplimiento de la cuarentena.
Se asume la primera medida para tratar de frenar el ingreso de contagiados provenientes del exterior, cancelando vuelos directos provenientes de Europa, que entonces tenía a Italia como principal foco de coronavirus, pero España y otros países también iban en pleno incremento de casos.
Ese mismo día, el fútbol a nivel regional también entraría en cuarentena, luego de que la FIFA decidiera suspender las eliminatorias sudamericanas que estaban a punto de estrenarse, a lo cual se sumaría también la Copa Libertadores de América. El viernes 13 de marzo el torneo local tuvo la misma consecuencia.
El viernes 13 de marzo, casi confirmando los malos augurios supersticiosos vinculados a dicho número, el Ejecutivo anunciaba una millonaria compra de insumos médicos para combatir el COVID-19 por unos G. 530.000 millones, en lo que posteriormente se convertiría en uno de los grandes escándalos de la gestión del Gobierno en cuanto a recursos.
El sábado siguiente, el Ejecutivo aumenta la rigurosidad de las acciones para controlar el ingreso de personas desde el exterior, y decreta un cierre parcial de las fronteras. Con ello, solo algunos puntos fronterizos permanecían abiertos.
El día después, un 15 de marzo, el Ministerio de Salud establece la obligación de realizar cuarentena sanitaria de 14 días a todas las personas que ingresen del exterior, algo que se mantiene hasta hoy.
A nivel interno, el Ministro del Interior va reclamando cada vez de manera más airada la falta de acatamiento de las disposiciones sanitarias, y tras advertencias de imponer un estado de excepción, finalmente se decreta la emergencia sanitaria a nivel país.
Esta medida asumida el 15 de marzo establece el primer horario de prohibición de circulación que regía a partir de las 20:00 hasta 04:00, salvo contadas excepciones. Quienes incumplieran la disposición serían multados y detenidos, ratificaban las autoridades.
Como una sucesión de eventos, ese mismo día la Dirección Nacional de Migraciones redujo aún más los puntos de acceso fronterizo oficiales al país, y permiten la entrada a nuestro territorio de connacionales, extranjeros residentes, miembros de misiones diplomáticas y de organismos internacionales con autorización y con esto, nuestro país se va tornando más mediterráneo que nunca.
Lo que inicialmente se proyectaba como una cuarentena que debía durar unas semanas, pasó a ser por tiempo indefinido y a contarse por etapas. De esta manera, empezaba a regir la fase 0 de la cuarentena que en sus restricciones más rígidas establecía que los únicos exceptuados a seguir operando eran los vinculados a servicios indispensables de la cadena alimenticia, de producción y de industria, al sector farmacéutico y de servicio financiero e incluso el sector público debió disminuirse al mínimo necesario.
Si bien el rigor la fase 0 podría considerarse desde el anuncio del 15 de marzo, el 20 de marzo el presidente Abdo Benítez dio a conocer la aplicación de restricciones más severas desde el 21 hasta el 28 de marzo, y posteriormente se prevía retornar a controles más flexibles que irían hasta el 12 de abril.
En ese entonces aún se tenía esperanzas -tanto desde la sociedad como desde el Gobierno- de que la Semana Santa no se vería afectada por la cuarentena estricta, sin embargo, dicho escenario finalmente nunca llegaría, sobre todo porque tras la conferencia de prensa de ese 20 de marzo, se confirmaba la primera muerte por COVID-19 en nuestro país.
El 20 de marzo se anunciaba el cierre total de fronteras, incluso para compatriotas, quienes desde entonces hasta ahora solo pueden ingresar oficialmente con autorización del Gobierno y cumpliendo cuarentena obligatoria en albergues.
Es así que, como nunca se había visto en nuestro país, la Semana Santa se vivió sin el habitual éxodo masivo de personas al interior, ya que se realizaron controles en rutas y tampoco operaron los buses de mediana y larga distancia. Tradiciones multitudinarias como las demostraciones artísticas en Tañarandy tuvieron que resignarse a suspender todos sus planes.
Cuarentena inteligente: El primer tropiezo
Pasada la Semana Santa, se tenía previsto iniciar, el 12 de abril, un retorno paulatino a ciertas actividades económicas, entre las que destacaban como nuevos sectores exceptuados a la cuarentena total el personal dedicado a obras civiles.
Dicha directiva duró apenas un par de días, pues el 14 de abril el presidente Mario Abdo Benítez anunciaba la decisión de dejar sin efecto las nuevas excepciones y volver a fase 0, teniendo en cuenta que se estaba aguardando la llegada del tan controvertido carguero con insumos médicos proveniente de China, parte de la compra realizada por el Ministerio de Salud a las firmas Eurotec e Insumo Médicos S.A. (Imedic).
Dicho cargamento debía llegar el 11 de abril, sin embargo, tras el retraso, terminó arribando al país el 14 de abril, pero ya bajo un manto de sospechas de presuntas irregularidades respecto a la carga que era vital para proteger al personal de blanco que libraba la batalla en los hospitales.
Esto motivó que la mayoría de la ciudadanía quede durante lo que restaba del mes obligatoriamente en sus casas y salgan únicamente para adquirir medicamentos o alimento, ya que se requerían de permisos expresos para exceptuados que les permita circular por la vía pública, y se establecieron días específicos en lo que los vehículos podían transitar dependiendo de su número de chapa.
Aún sin los insumos que supuestamente motivaron postergar el avance de lo que llamarían desde entonces “cuarentena inteligente”, el Gobierno decidió que desde el 3 al 24 de mayo se desarrollara la fase 1 de reapertura controlada de actividades. La medida ampliaba la lista de exceptuados a prestar servicios o realizar labores, aunque se mantenían limitaciones para la cantidad de funcionarios operativos que podían estar en espacios de trabajo.
Para entonces, la lista de fallecidos por COVID-19 sumaba ya una decena, y el principal frente de batalla se encontraba en albergues de compatriotas repatriados desde el exterior. En un momento intermedio de esta fase 1 se planteaba otra gran prueba para la ciudadanía. El 15 de mayo, Día de la madre, debió celebrarse a la distancia, al igual que la Semana Santa, y pese a que se cerró la fase 1 con 862 contagiados y el récord hasta ahora de confirmados en un día (126 positivos), los números permitieron encaminarnos hasta la fase 2.
Si bien en cuanto a insumos médicos se seguía dependiendo principalmente de donaciones, ya que la carga comprada por el Ministerio de Salud seguía con problemas tras rechazos de lotes por deficiencias en la calidad y diferencias de marcas, al menos se logró culminar dos “hospitales de contingencia”, que sumaron 262 camas para enfermos de Covid-19.
Fase 2: La cuarentena empieza a tambalear
Pese a estar a pocas decenas de llegar a los 1.000 casos confirmados, el 25 de mayo se abrió la fase 2, y con ello, varios sectores se sumaban a los exceptuados y trataban de retomar la vida laboral. La ciudadanía en general también, después de mucho tiempo, tenía permitidas algunas actividades al aire libre durante ciertos horarios y se ampliaba la edad máxima de la población en riesgo.
Con apenas una muerte por COVID-19, a diferencia de los 10 casos sumados hasta la fase anterior, los números parecían ser alentadores. Hasta que se detectó el caso del militar que custodiaba uno de los albergues y terminó contagiado con COVID-19.
Su caso podría haber sido uno más del montón, si no fuera porque durante su tiempo libre el uniformado realizó un tour de visitas a familiares y un sinnúmero de actividades prohibidas justamente para evitar el contagio comunitario. Es así que, entre encuentros personales, gestiones y velorios, a partir del militar, el COVID-19 se fue expandiendo por el departamento de Paraguarí, y sobre todo en la localidad de San Roque González.
Estaba previsto que la fase 2 durase hasta el 15 de junio para luego dar paso a la siguiente, lo cual no ocurrió a nivel país. Ante el brote importante en la zona de San Roque González, autoridades sanitarias nacionales y departamentales decidieron que ese municipio retornara a la fase 0 de la cuarentena, el retroceso más pronunciado desde el inicio.
El aumento de casos comunitarios obligó a que los departamentos de Paraguarí y Concepción permanezcan en la fase 2, mientras que el resto del país avanza a duras penas por la Fase 3.
Muchos sectores estaban expectantes de volver a las actividades, sobre todo el sector gastronómico que reabrió sus puertas a comensales luego de tres meses de paro casi total y subsistiendo gracias al servicio de delivery.
El fútbol es otro sector que ya empieza a mover el banquillo a modo de calentamiento, de cara a retornar al torneo local. El sector religioso, aunque aún inconforme, también vuelve a poder acoger a sus fieles.
Sin embargo, de manera recurrente, la falta de insumos y otros factores vuelven a poner en vilo la permanencia en esta Fase 3, sobre todo Asunción y Central. Pese a arrancar cumpliendo un mes sin fallecidos por COVID-19, el segundo y tercer día se vieron marcados por dos muertes consecutivas.
Una de esas muertes es la más preocupante, ya que no se tiene claro el nexo epidemiológico y al registrarse en Lambaré, podría motivar que toda el área metropolitana retorne a Fase 0, según advirtieron autoridades sanitarias.
A esto hay que sumarle la escasez de hisopos, elementos fundamentales para la toma de muestra para los análisis en busca de la detección de la COVID-19. En tal sentido, las autoridades de Salud tienen asegurados estos insumos para, máximo, hasta fin de mes, lo que obliga a ser más selectivos con los pacientes analizados.
Hasta ahora, en ningún momento de la cuarentena se sobrepasó el 15% de ocupación de las camas hospitalarias, tanto las comunes para enfermos de COVID-19 como las de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), lo que en cierta medida es uno de los factores que sostiene esta cuarentena, que camina en la cuerda floja.
Corrupción, el otro enemigo a vencer
Estos primero 100 días también estuvieron marcados por al menos tres grandes escándalos de corrupción, que no solo tienen que ver con presuntas compras sobrefacturadas con la excusa de ser para la emergencia contra el COVID-19, sino que agregan el condimento macabro de que el afán de lucrar ilegalmente, además pudo haber costado vidas. Pese a serios indicios, ninguno de los presuntos responsables fue echado por el presidente.
El primer caso en estallar fue la compra de tapabocas presuntamente sobrefacturados durante la administración de Édgar Melgarejo al frente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), quien terminó renunciando luego que la Fiscalía realizara allanamientos y constatara que las empresas proveedoras eran todas “de maletín”.
La Fiscalía imputó a Melgarejo y otros involucrados, quienes fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión. Por los tapabocas se pagó un total de G. 119.960.000, que fueron entregados de manera directa a la empresa de fachada denominada Proyectos Globales S.A., la cual según la Fiscalía, tendría vinculación directa con Melgarejo y por ello habla de una organización delictiva en este caso.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también corroboró las irregularidades en la licitación, aunque hay otras adjudicaciones aún más millonarias que investigar con los mismos actores.
No mucho tiempo después también, la extitular de Petropar, Patricia Samudio también se vio obligada a renunciar a su cargo, ante el aluvión de pruebas sobre la presunta compra irregular de insumos para combatir el COVID-19, que ibas desde tapabocas hasta “agua tónica”.
El argumento de la compra de agua tónica con la supuesta excusa que creían otorgaba cierta “inmunidad” al COVID-19 puede sonar hasta jocosa, a diferencia de los preocupantes datos recabados por el Equipo Especial de control de las compras vinculadas a la pandemia, liderado por el titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, que corroboró que unos 2.000 tapabocas que habría sido donados por la administración de Samudio al Ministerio de Salud vencieron hace al menos dos años atrás.
Se estima además que Petropar pagó al menos G. 62 millones de más por el lote de insumos comprados, que además estaban vencidos. Samudio también ya se encuentra imputada por la Fiscalía.
Finalmente, el propio Ministerio de Salud estuvo en el centro de la tormenta con la frustrada compra de mascarillas, trajes de seguridad y camas hospitalarias, también plagada de sospechas de irregularidades en torno a las empresas Insumo Médicos (S.A) y Eurotec, que recibieron un anticipo de G. 17.000 millones pero a la hora de la entrega, los insumos presentaban diferencias con relación a lo que figuraba en el contrato.
La empresa tuvo dos oportunidades para cumplir con el pedido, sin embargo, el lote terminó siendo rechazado, y esos insumos hasta ahora no fueron reemplazados en una nueva adquisición.
Sin embargo, a partir del caso de los insumos para la lucha contra el COVID-19 se desprendió una nueva investigación contra Imedic, cuyos directivos están imputados y con pedido de detención por presuntamente haber proveído al Instituto de Previsión Social de medicamentos cuya documentación fue presuntamente falsificada.
¿Cuándo terminará esta historia? Es difícil predecirlo y la situación se vuelve cada más insostenible, en parte debido a estos casos de corrupción que mancharon el sacrificio ciudadano. La producción masiva de una hipotética vacuna no se vaticina para antes del año próximo. Es que en este caso y parafraseando al filósofo Zygmunt Bauman, la única certeza es la incertidumbre.