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Aunque quienes añoran los tiempos pasados no lo quieran reconocer, la educación nacional ha evolucionado con el correr de los años en varios aspectos. Por ejemplo, en lo que refiere a las sanciones por “inconductas”. Cuenta la historia de nuestro país que en la época de don Carlos Antonio López (1844-1862), los castigos a los alumnos “díscolos” eran establecidos en algunos casos incluso por el propio presidente de la República.
Entre las sanciones físicas que podía recibir un alumno en respuesta a lo que en la época se consideraba mal comportamiento se encontraban, por ejemplo, los golpes con palmeta, un elemento con forma de guitarra hecho de madera. Esta palmeta se empleaba para pegarle a los niños en la palma de la mano u otras partes del cuerpo. La herramienta tiene varios agujeros que –según cuenta el historiador, David Velázquez Seiferheld, especialista en Educación– tenían la finalidad de prolongar el dolor.
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Refiere que estas penas físicas o psicológicas eran aplicadas como un instrumento disciplinario, con el objetivo de corregir una conducta y así conservar el orden y la organización. Por ese motivo, eran actos públicos, aleccionadores no solo para el castigado sino para todos sus demás compañeros.
Además el historiador hace énfasis en que las decisiones de las autoridades eran incuestionables por los alumnos.
“La inconducta” de hablar en guaraní
Velázquez señala, basado en las Memorias de Juan Crisóstomo Centurión, la prohibición de hablar guaraní en horas de clase. El mismo refiere que si uno de los encargados descubría a un alumno conversando en nuestro idioma nativo, le entregaba un anillo de bronce.
Al final de la semana, las autoridades solicitaban que se presentara todos los que tenían en su poder dichos anillos y les propinaban cuatro o cinco azotes.
Según relatos históricos, la prohibición de hablar en guaraní venía desde la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia (1816-1840). Recién en la Constitución Nacional de 1992, el guaraní pasa a ser idioma oficial del Paraguay junto con el castellano.
Azotado por incitar una pelea
En cuanto a los castigos, Velázquez cuenta, que en 1850, un juez de paz de San Isidro de Curuguaty se dirigió al Presidente Carlos Antonio López para consultarle sobre una pelea entre dos alumnos, que iban camino a la misa. Uno de ellos, le había tirado un pedazo de tacuara a su compañero, que le acertó en el ojo, lo que le provocó la pérdida de la vista en ese lado.
Al respecto, López respondió que al causante de la herida fuera castigado con 25 azotes y al que incitó a la pelea, con 20 azotes.
El historiador señala también el reglamento interno de una escuela de Capiatá, en el cual se encuentra estipulado el número de azotes que debía recibir un alumno en caso de robar algo a un compañero o al docente.
Los textos de las memorias de Crisóstomo Centurión explican que los fiscalizadores o cuidadores se encargaban de controlar la conducta de los estudiantes en grupos numerosos para los docentes, explica el historiador.
De castigo, a la Marina
Los golpes o azotes no eran el único tipo de sanción que se aplicaba a los alumnos. Por ejemplo, en 1854 el profesor de matemáticas Pedro Dupuy denunció la inconducta de un estudiante. En esta ocasión, López dispuso la expulsión del joven en un acto público y ordenó que el mismo fuera incorporado a la Marina “para su corrección”.
Expulsión “del sistema educativo” por hacer huelga
Velázquez explica que tras la Guerra contra la Triple Alianza el castigo físico fue erradicado de la educación escolar. No obstante, mutó a otro tipo de sanción. “Con el Decreto Nº 11.089 de 1942, que reglamentaba la educación secundaria, se introdujo la expulsión de alumnos que se movilizaran y organizaran huelgas. La expulsión del sistema educativo, en ese caso, tenía carácter perpetuo. Este decreto subsistió incluso hasta el año 2002, cuando fue oficialmente derogado”, recuerda.
Aunque el uso de instrumentos de castigo físico fue suprimido de las leyes nacionales y normativas admitidas desde la dirección de las instituciones, la cultura del castigo físico continuó. “Por eso, la oralidad siempre recuerda los cachetazos, arrodillarse sobre sal o maíz, arrinconamiento, el golpe con vara o con regla, todavía bien entrado el siglo XX”, subraya.
Toda esta historia y mucho más es narrado de manera visual en la muestra Mbo’e, de la cual Velázquez fue curador, junto con Osvaldo Salerno. La misma está abierta en el centro cultural Citibank (Mariscal López 3794 esquina Cruz del Chaco, Villa Morra) y permanecerá allí hasta octubre de este año. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9 a 18 y es un buen programa para las vacaciones de invierno en curso.
Sujetos de derecho
Existe un antes y un después de la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia, en el 2001. A partir de entonces todas les entidades del Estado cambiaron su mirada hacia los menores y los tomaron de manera más seria como sujetos de derechos, al generar políticas de protección y promoción de los derechos de la niñez.
Justamente, en el Ministerio de Educación y Ciencias se estableció una dirección encargada de estas políticas, actualmente a cargo de Sonia Escauriza, quien habló respecto al protocolo que, hoy día, se establece desde la cartera estatal para los casos de maltrato en las instituciones educativas.
Explica, en un primer momento, que ahora las sanciones escolares ya no se denominan castigo, sino medidas educativas. Sin embargo, confirma que los casos de maltratos por parte de docentes a sus alumnos continúan y asevera que las redes sociales han contribuido en que sean conocidos públicamente.
“Si una maestra zarandea a una niña y se le queda un moretón, enseguida la madre le saca una foto y la sube a las redes sociales. Es impresionante cómo se viraliza”, relata.
Sin embargo, agrega que muchos padres ni siquiera acuden a las autoridades pertinentes a denunciar los apremios, sino que hacen la denuncia directamente en internet. De ahí al escrache hay un solo paso.
¿Cuál es el protocolo que se debe realizar en estos casos?
La encargada de la Dirección General de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del MEC hace hincapié en la necesidad de que los afectados –padres o encargados –acudan a las autoridades pertinentes, es decir, comuniquen a la institución y también presenten una denuncia ante la Policía o la Fiscalía, si el caso lo amerita.
“Actualmente tenemos una resolución, en la cual para precautelar el derecho –no solamente del niño golpeado o maltratado, sino de los 25 restantes– se le saca del aula al docente para que no esté en contacto con los niños, pero para eso debe haber una denuncia formal en la Fiscalía, que es el órgano jurisdiccional al que le compete ver si hubo un daño físico o psicológico”, manifiesta.
Comenta, que al llegar a la Dirección, hace seis años, encontró una normativa que debió actualizar para evitar también injusticias en contra de los educadores. “Hay mamás que no quieren a la docente y no hay nada grave, entonces ellas hacían nomás ya la denuncia y nosotros teníamos que proceder a sacar a la docente. Entonces hicimos esta normativa para que fuera más serio el protocolo. Si vos mamá tenés una prueba de que la docente maltrató a tu hija, tenés que ir a hacer la denuncia ante la Fiscalía. Teniendo esa constancia, ahí recién nosotros actuamos”, reitera.
La erradicación del maltrato como disciplina
Muy a pesar de que muchas personas siguen sosteniendo que quienes fueron “cintareados en su niñez salieron mejor”, los sistemas educativos actuales recomiendan prohibir la violencia física, verbal o psicológica con el objetivo de “dar una lección”.
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Tanto es así, que ni siquiera los padres pueden acudir a la agresión para imponerse, ya que en el 2016, durante el gobierno de Horacio Cartes, se promulgó la ley “De promoción del buen trato, crianza positiva y de protección a niños, niñas y adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección o disciplina”.
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En el pasado quedaron los latigazos por hablar en guaraní o los azotes avalados por las autoridades en el ámbito educativo. No obstante, como resalta David Velázquez Seiferheld, la ley no hace que algunas costumbres se erradiquen de la cultura. Por eso, aunque ya no estén reglamentados ni aceptados, hasta la actualidad se siguen dando casos de violencia de adultos a menores en el ámbito educativo con el objetivo de “imponer orden”.