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COLONIA TEKOHA POTY PYAHU, distrito de Yvyrarovana (Pablo Medina, corresponsal). Los vicelíderes Mario Sanabria y Santiago Benítez habrían recurrido a la figura de “prestación de servicio” para la destrucción de áreas boscosas de unas 100 hectáreas de las 240 hectáreas de la propiedad, presuntamente sin el consentimiento del líder titular, Tasiano Recalde, quien por ello hizo la denuncia ante el Ministerio Público a fin de parar con la destrucción dentro de la propiedad.
Los dos denunciados autorizaron, mediante una carta poder, como apoderado a Cándido Acosta. A su vez, Acosta contrató para los trabajos tres tractores palacargadoras de la empresa E Importadora SRL Ter-Par Industrial Comercial Exportadora, perteneciente a Fermín Ayala, con domicilio comercial en Coronel Oviedo, según los documentos de la Secretaría del Ambiente (Seam).
El fiscal ambiental de Curuguaty, Benjamín Maricevich, constató el delito y dispuso la incautación de las máquinas y la paralización de los trabajos. Maricevich centra su investigación en la presunta responsabilidad de los dos vicelíderes nativos y dueños de la maquinaria utilizada para la deforestación.
Como primera diligencia, el fiscal requirió informes de la Seam, el Instituto Forestal Nacional (Infona) y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Asimismo, enviará técnicos ambientales del Ministerio Público para evaluar posibles daños a la naturaleza en el lugar.
Se defienden
Por otra parte, los dos vicelíderes nativos indicaron que la propiedad pertenece a la parcialidad y que pueden disponer su uso para beneficio de las 48 familias de la comunidad.
“Estamos abandonados por el Indi y el cacique Tasiano nos denuncia porque no está de acuerdo con nuestro proyecto de cultivo comunitario para mejorar la calidad de vida de las familias que viven en la comunidad”, dijo Sanabria.
Añadió que otra parte del inmueble está arrendado por el líder Tasiano a Teófilo Garcete y Luciano Zarza, cuyo pago no llega a las familias.
Tanto Garcete como Zarza cuestionan el involucramiento de “otras personas” para implementar presuntos proyectos de producción en la comunidad.