Llamativa contradicción entre Seam y fiscalía sobre desmonte en Curuguaty

Pobladores de la colonia Maracaná, del distrito de Curuguaty, denunciaron llamativas contradicciones entre el informe de técnicos del Ministerio Público y de la Seam. En el primer caso, se sostiene que en la propiedad que pertenece al empresario brasileño Rafael Maia de Souza solo se halló un “área desmalezada”, mientras en el segundo se afirma que hubo tala.

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COLONIA MARACANÁ, Curuguaty (Pablo Medina, corresponsal). El fiscal Jalil Amir Rachid llevó a cabo el 31 de mayo de este año un procedimiento en la propiedad de Rafael Maia de Souza. Lo acompañaron en esa ocasión el ingeniero César Escobar, el ingeniero Camilo Martínez, Gilberto Zárate, Carlos Romero y Gustavo Celle, todos técnicos de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio Público.

Inicialmente, los especialistas de la fiscalía señalaron que se constató la limpieza de “área desmalezada”, sin precisar la extensión de la limpieza.

El inmueble intervenido cuenta con 1.600 hectáreas y está rodeado de viviendas. Los lugareños pidieron al fiscal que se detenga la tala indiscriminada dentro del inmueble, lo que motivó la intervención del Ministerio Público.

El fiscal Rachid dijo que los técnicos no le remitieron aún sus conclusiones para poder avanzar con la investigación del supuesto delito ambiental.

Por otro lado, ante las presiones de los vecinos, los fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente (Seam) Julio Mareco y Raúl Alonso también intervinieron en el inmueble el 5 de julio último. No pudieron ingresar a la propiedad, debido a que los portones de acceso estaban cerrados y los responsables no se encontraban en el lugar.

Un grupo de lugareños permitió a los fiscalizadores entrar hasta sus propiedades, desde donde lograron observar el “desmonte de cobertura boscosa de 500 hectáreas” dentro del terreno de Maia de Souza. Los técnicos de la Seam detallan en el informe de intervención que para la destrucción del área boscosa se utilizaron herramientas manuales.

Asimismo, sugieren al fiscal Jalil Rachid la realización de una intervención conjunta y con orden de allanamiento para debatir sobre la gravedad del daño causado al medioambiente dentro de la propiedad.

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