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HERNANDARIAS (De nuestra redacción regional). En marzo último, el intendente de Hernandarias, Mario Castillo (PLRA), despertó la burla en las redes sociales por la construcción de una fuente de agua con forma de castillo medieval y de color azul, en honor a su apellido y el color de su partido, según interpretaron los ciudadanos.
El intendente liberal de Hernandarias, Mario Castillo, dijo que la obra “forma parte del desarrollo de la ciudad”. “La idea es que Hernandarias tenga una vista diferente”, añadió.
El concejal municipal de esta ciudad Joanh Melgarejo (ANR) aseguró que la Junta Municipal le solicitó al intendente, Mario Castillo (PLRA), que informe sobre su obra, pero hasta el momento no contestó. La construcción del adefesio en un espacio público fue denunciado por ciudadanos a través de las redes sociales.
Según los datos mencionados por los internautas, el castillo habría costado G. 200 millones. Sin embargo, la Intendencia aseguró que la comuna pagó G. 50 millones por la obra.
El edil afirmó que el arquitecto Hugo Cristaldo, que asesora a la Junta Municipal se encargará de analizar si verdaderamente la obra pudo haber demandado G. 50 millones.
Melgarejo calificó incluso de “horrible” la obra realizada por la comuna hernandariense. Afirmó que el órgano deliberativo comunal aprobó el uso de los recursos de la institución para el hermoseamiento del espacio verde, “pero nada de eso se ha logrado”.
El concejal indicó que intentaron debatir el tema durante la sesión del lunes 1 de abril, pero que los referentes liberales abandonaron la reunión para asistir a las actividades del presidenciable por el PLRA, Efraín Alegre.
El intendente, Mario Castillo, violó los artículos 40, 86, 88, 94, 101, 102 y 127 de la Constitución Nacional. También numerosos artículos de la Ley 1620, De la Función Pública, según los afectados.
Nepotismo
El intendente Mario Castillo tiene un “ejército” de parientes y allegados en la Comuna. El jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) es su sobrino Catalino Castillo; el titular de Control de Presupuesto, su cuñado Hugo Cáceres, y el encargado del corralón municipal es su hermano Felipe Castillo.
Además, numerosos funcionarios de la escuela, colegio y universidad Juana María de Lara, propiedad de Castillo, trabajan en la Comuna. El asesor jurídico es Agustín Ramírez; Darío Espínola (cajero) y María Concepción Velázquez (directora de Cultura).
En enero último la administración de Castillo despidió a unos 70 funcionarios, de los cuales nueve eran permanentes, según la denuncia. Días después comenzaron a admitir a “recomendados” en la institución.
Cuestión presupuestaria
El intendente Mario Castillo, cuando fue consultado sobre las denuncias contra los despidos masivos realizados, aseguró que solo dos empleados permanentes fueron desvinculados; no diez. Indicó que debió echar a funcionarios para poder adecuarse a la ley que le exige destinar solo hasta 65% de su presupuesto a gastos de personal y que la comuna ya estaba utilizando el 75%.
Reconoció que tiene parientes que trabajan en la comuna, pero que es porque necesita gente de su confianza en cargos clave. Aseveró que los empleados de la institución educativa de su propiedad fueron contratados “porque son catedráticos capacitados”.