Exintendenta de Curuguaty sería imputada por lesión de confianza

Los fiscales Néstor Cañete y Luis Piñánez imputarían por los delitos de estafa y lesión de confianza a la exintendenta de Curuguaty, Wilma Ramona Meza (PLRA), y el excontratista Carlos Antonio León Martínez. La mujer pagó G. 275 millones con recursos del Fonacide para la construcción de aulas, que están abandonadas desde hace tres meses.

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CURUGUATY (Pablo Medina, corresponsal). El contratista, dueño de las empresas unipersonales IngeMet Construcciones y CMA Construcciones, fue adjudicado durante la administración de Wilma Meza para la realización de obras en tres instituciones. Los trabajos estaban presupuestados en más de G. 275 millones, que corresponden al ciento por ciento, desembolsados en su totalidad pese a que no cumplió el contrato.

Las afectadas son las escuelas básicas 5747 “Prof. Isidoro Fariña”, del Quinto Encuadre, y 6421 del Décimo Encuadre de la colonia Maracaná. También en la escuela “San Miguel”, del centro urbano, abandonó la construcción de un tinglado.

Los concejales Mirna Benítez (ANR) y Eliodoro Ruiz (PLRA) denunciaron el pago irregular con recursos de Fonacide ante Zarza Galeano, quien fue suspendido tras ser salpicado por un caso de coima.

A casi tres meses del último procedimiento, el nuevo fiscal Néstor Alfredo Cañete requirió de la Fiscalía General de la República la asignación como coadyuvante de su colega Luis Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos, para avanzar con el esclarecimiento de la causa. El agente Cañete y los asistentes de la Unidad de Delitos Económicos, Carlos González y Victoriano Benítez, constataron el 30 de mayo último que los trabajos están abandonados, lo que demuestra el nulo interés del contratista de cumplir con el contrato firmado con la Municipalidad, configurándose los delitos de estafa y lesión de confianza.

El fiscal Cañete dijo que existen indicios para sostener una acusación contra la exjefa comunal y el contratista por los dos delitos que se les atribuyen. Asimismo, los fiscales intervinientes requirieron la designación de un arquitecto para peritar y evaluar el estado de las obras.

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