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El trabajo pendiente para culminar el proceso de legalización del vecindario más populoso de la localidad es la fijación de precio del terreno, individualizado como finca 707 y sus desprendimientos, cuyo propietario es la empresa Urba Salto SRL, representada por el ciudadano portugués José Branco.
El equipo jurídico que lleva adelante las tratativas para la fijación de precio en el ámbito judicial retomó contacto con la Municipalidad días atrás, con la finalidad de culminar el trabajo.
El caso se había estancado durante cinco años porque el exintendente, Eduardo Paniagua (ANR), anuló el poder a los jurisconsultos que llevaban el caso, encabezado por el abogado Fausto Portillo.
Según los datos, la negociación se retomaría sobre la base de 10 millones de dólares a ser ofertado al propietario. Dicho monto ya habría sido rechazado por el ciudadano portugués en otro momento de la negociación. Sin embargo, con la drástica reducción que sufrieron las propiedades inmuebles en el mercado local en los últimos años podría ser una oferta tentadora, señalaron los abogados. El barrio San Pedro está ubicado en la entrada a la ciudad.